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España

Los jueces entierran otra pretensión del PP: rechazan unir a las acusaciones en el caso de los discos duros

El ex tesorero Bárcenas.

La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado un auto donde rechaza que las acusaciones populares en el caso de los discos duros actúen bajo una misma dirección letrada, tal y como había solicitado el Partido Popular. En un auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, los magistrados de la Sección Cuarta explican que no existen "datos objetivos suficientes" que permitan afirmar que la actuación independiente de las acusaciones populares, ejercidas por la representación procesal de Izquierda Unida, la asociación Observatori de Drets Humans (DESC) y la asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), ha provocado "dilaciones indebidas" en la instrucción de la citada causa.

En la resolución, la Sala explica que el artículo 113 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé acordar la actuación procesal conjunta de las acusaciones, se justificó en la necesidad de "evitar actuaciones repetidas e innecesarias". Sin embargo, la Audiencia explica que el Tribunal Constitucional ha establecido que para evitar una merma injustificada del derecho de defensa "el presupuesto jurídico ineludible de aplicación de la norma es la constatación de una suficiente convergencia de intereses, e incluso de puntos de vista, en la orientación de la actuación procesal que haga absolutamente inútil la reiteración de diligencias instadas o actos realizados por sus respectivas representaciones y asistencias letradas".

La Audiencia considera que el hecho de que IU, Observatori DESC y Adade hayan actuado como acusaciones de forma independiente no ha causado "dilaciones indebidas" en el procedimiento

En ese sentido, los magistrados de la Sección Cuarta concluyen que las acusaciones desarrolladas por Izquierda Unida, Observatori DESC y Adade han señalado que no mantienen una "convergencia de intereses" a la par que la causa ha sido instruida con "celeridad". Sobre este último aspecto, la Audiencia explica que la reapertura de la investigación fue acordada el pasado 15 de enero y que a finales del citado mes las actuaciones se devolvieron al Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid no habiendo pasado ni 45 días cuando el PP ya pidió que las acusaciones populares actuaran bajo una misma dirección letrada para evitar dilaciones. El 13 de junio la Fiscalía de Madrid emitió un informe apoyando la pretensión de los populares.

Sin embargo, la Sala concluye que se debe desestimar el recurso de apelación del PP -al que se adhirió el fiscal- porque "en definitiva, no se aprecian en la tramitación de la causa datos objetivos suficientes que permitan apreciar la existencia de los riesgos que se pretenden conjurar con la pretensión ejercitada".

La última petición del PP: apartar a Freire del caso

Esta misma Sección de la Audiencia de Madrid que ha echado por tierra aunar a las acusaciones populares bajo una misma dirección letrada deberá decidir si el caso de los discos duros -donde se encuentra el PP, su tesorera Carmen Navarro, el jefe de servicios jurídicos Alberto Durán y el jefe de sistemas José Manuel Moreno imputados por delitos de daños informáticos y encubrimiento- debe ser archivado,  tal y como han solicitado el Ministerio Público y la formación de Rajoy.

Además, este tribunal deberá resolver si se debe apartar a la titular del Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid, Rosa María Freire, de este procedimiento tal y como también ha pedido la defensa del Partido Popular, que presentó este miércoles un incidente de recusación ante la Audiencia de Madrid argumentando que la "imparcialidad" de la magistrada ha quedado en entredicho por su "evidente cercanía" con el Partido Socialista.

El PP pidió aunar las acusaciones populares cuando apenas habían pasado 45 días desde que la Audiencia reabrió el caso de los discos duros

Los populares sostuvieron en dicho escrito que la magistrada fue designada por el grupo parlamentario socialista como ponente en la Comisión de Justicia del Congreso para debatir la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De la misma forma, el partido de Mariano Rajoy defendió que la juez Freire no cumple con los cánones de imparcialidad "que la más reciente jurisprudencia nacional y europea configuran como estándar mínimo que debe cumplir el titular de un órgano jurisdiccional" porque -según argumentan- el PSOE trató de promocionarla para que ocupase el Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional.

Esa "promoción profesional" habría venido de la mano del vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Álvaro Cuesta, "significadísimo miembro del PSOE que no se limitó a votar en contra del nombramiento de otra persona distinto sino que al parecer puso un voto particular y además denunció públicamente que la recusada era la candidata más idónea, lo cual parece ciertamente excesivo para la simple provisión técnica de una plaza de un órgano jurisdiccional aunque es suficiente para explicitar de manera pública quien es la candidata del PSOE a ocupar puestos de relevancia en la Carrera Judicial", subrayan.

Además, en el escrito remitido a la Audiencia de Madrid, el Partido Popular argumentaba que existen "paralelismos" entre el caso de los discos duros y la juez Freire y el caso Gürtel y los papeles de Bárcenas y los magistrados de la Audiencia Nacional y ex vocales del CGPJ a propuesta del PP, Enrique López y Concepción Espejel, ambos recusados en dichos procedimientos por el Pleno de la Sala Penal de dicho tribunal.

En el citado incidente de recusación, la formación de Rajoy manifestó que "por enorme similitud de supuestos" la juez de Madrid Rosa María Freire debería haberse abstenido en el caso de los discos duros y, ya que no lo ha hecho, el PP considera que debe ser apartada del mismo.  

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