CERCO JUDICIAL AL EXVICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO

La Justicia abre la puerta a sacar del sumario los documentos que contenía el maletín de Rato

Anticorrupción intentó que el exvicepresidente del Gobierno reconociera en durante su declaración en el Juzgado del 6 de octubre que eran suyos la cartera y otros documentos intervenidos en el registro de su casa que no fueron reseñados en el acta judicial de aquella diligencia. El juez instructor se negó en septiembre y ahora la Audiencia Provincial respalda esta decisión y reconoce la posible "expulsión" definitiva de esta información en papel de la causa.

Rodrigo Rato en una de sus salidas de declarar en la Audiencia Nacional
Rodrigo Rato en una de sus salidas de declarar en la Audiencia Nacional Europa Press

Peligran las pruebas contenidas en el maletín de Rodrigo Rato. La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado un auto por el que rechaza definitivamente la pretensión de la Fiscalía Anticorrupción de que esta cartera y unas cajas de documentación que fueron intervenidos en el registro que se hizo en la casa del exvicepresidente del Gobierno el pasado 16 de abril fueran mostrados a éste para que reconociera su propiedad. Con esta decisión, los tres magistrados que componen la Sección 23 del órgano judicial tumban el intento del Ministerio Público de 'salvar' una parte de la información en soporte papel que fueron recogidos aquel día por el Servicio Vigilancia Aduanera en la vivienda del político y que por "una involuntaria omisión" no fueron reflejados por el funcionario judicial en el acta que levantó. La decisión se produce tres semanas después de que la propia Audiencia Provincial sí decidiera incorporar a la causa contra Rato otra documentación intervenida, en este caso en las oficinas en Cádiz y Madrid de su asesor fiscal, Domingo Plazas, pese a un error en las órdenes de registro.

La Audiencia Provincial critica que el maletín y varias cajas de documentación no consten "siquiera identificados concretamente" en el acta que se levantó del registro que se hizo el 16 de abril en la vivienda de Rato

Según detalla el auto de los tres magistrados, fechado el pasado martes pero dado a conocer este viernes, el titular del Juzgado de Instrucción número 31, Antonio Serrano-Arnal, acordó prescindir el pasado 9 de junio "de unas cajas de documentos y de un maletín incautado al imputado señor Rato Figaredo al no constar relacionadas en el acta extendida por la secretaria judicial en la correspondiente diligencia de registro practicado en este proceso". Ante este error, la fiscal Elena Lorente solicitó al magistrado que dichos objetos estuvieran en el juzgado el primer día en el que el exvicepresidente del Gobierno fuera llamado a declarar, algo que finalmente se produjo el pasado 6 de octubre, para que le fueran mostrados y él los reconociera como de su propiedad. Dicha petición fue rechazada por el juez Serrano-Arnal el pasado 1 de septiembre. La Audiencia Provincial respalda ahora esta decisión al considerar que el magistrado actuó "con buen criterio". De hecho, concluye que lo que pretendía Anticorrupción no hubiera servido para nada a las vista de "las palmarias manifestaciones" que el propio Rodrigo Rato hizo en un escrito en el que se oponía a la petición de la Fiscalía.

Aunque el tribunal no entra a valorar si, finalmente, la documentación contenida en el maletín y en las cajas no reflejadas en el acta serán finalmente excluidas del proceso -insiste que aún tiene que resolver la Audiencia Provincial en este sentido-, sí recalca que los registros deben hacerse con una "minuciosidad" que "obliga al secretario a foliar, sellar y rubricar los libros y papeles que se recojan". Un nivel de detalle, admite, que sólo "puede verse minorado cuando se hace acopio de un gran volumen de documentación". No obstante, recalca que esta excepción no justifica que no consten "siquiera identificados concretamente en el acta de la diligencia [...] determinados efectos o documentos". "Razones superiores a la mera prudencia, que se basan en el necesario respeto a los derechos del imputado en el seno del proceso penal, conducen a no ternerlos por intervenidos", señala. Una afirmación que, según fuentes jurídicas, abre la puerta a la "expulsión" del sumario de la documentación del maletín y las cajas.

El antecedente del asesor fiscal 

El pronunciamiento de la Audiencia Provincial se produce tres semanas después de que este mismo órgano judicial diera el visto bueno a que se incorporaran a la causa otro volumen importante de documentación intervenido en los registros de abril y que las defensas de uno de los imputados, el asesor fiscal Domingo Plazas, intentó anular con el apoyo de Rato. Alegaban también supuestos defectos de forma en aquella diligencia de entrada por culpa de un error en la dirección que figuraba como domicilio social de Kradonara 2001 SL, una empresa clave del entramado del anterior presidente de Bankia. El magistrado Serrano-Arnal había aceptado en un primer momento la petición del exvicepresidente del Gobierno y su colaborador, pero Anticoprrupción y la Abogacía del Estado recurrieron la decisión del instructor y la Audiencia Provincial terminó dándoles la razón.

Los magistrados creen que el intento de Anticorrupción de que el maletín y los documentos fueran reconocidos por Rato en su declaración de octubre estaba abocada al fracaso dada la "palmaria" oposición de éste a que se incorporaran al sumario 

El aquel auto, dado a conocer el 7 de octubre pasado, un día después de la declaración de Rato, los magistrados consideraron que Kradonara había cambiado en diciembre su domicilio social desde la sede del bufete de Domingo Plazas en Sotogrande (Cádiz), que fue el que se registró en abril, al domicilio del político pero que dicho cambio no se había publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil hasta marzo. Además recalcaba que en la Agencia Tributaria seguía figurando el primero, lo que explicaba el error en la diligencia de entrada y registro. Asimismo, los magistrados rechazaron la solicitud de Plazas de anular parcialmente los registros efectuados en su despacho de la calle Serrano de Madrid, y se negaron a devolverle parte de la documentación incautada en el mismo.


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