LOS SECRETOS DEL SUMARIO

UCO visita otra vez por sorpresa la empresa madrileña del suelo en busca de más contratos amañados por Púnica

Agentes de la Guardia Civil acudieron el pasado lunes a la sede de Arpegio, la sociedad pública del suelo que estuvo bajo control de Francisco Granados. Reclamaron nuevos expedientes del Plan Prisma, el programa de inversiones en municipios en el que el Ejecutivo regional invirtió cientos de millones de euros en la etapa que era controlado por el político hoy encarcelado. Una directiva de este organismo ya está imputada por supuestas irregularidades.

La UCO se lleva una caja de documentación tras uno de los registros de la primera fase de Púnica.
La UCO se lleva una caja de documentación tras uno de los registros de la primera fase de Púnica. EFE

Nuevas sospechas, nueva 'visita'. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron por sorpresa el pasado lunes 29 de febrero a la sede que la empresa pública Arpegio Áreas de Promoción Empresarial SA (hoy rebautizada como Nuevo Arpegio SA) tiene en el madrileño Paseo de Castellana. Su objetivo era reclamar a sus actuales responsables nuevos contratos relacionados con el llamado Plan Prisma, el programa de inversiones en obra pública en municipios de la región que gestionaba la Comunidad de Madrid a traves de esta sociedad que estuvo bajo control de Francisco Granados durante su etapa de consejero de Presidencia. No es la primera vez que miembros del Instituto armado se personan en esta sociedad para recabar documentación sobre supuestos amaños de la Púnica. De hecho, la que fuera gerente de su Fundación, Carmen Plata, está imputada en la causa por la concesión de un subvención para la celebración en 2007 de un macroconcierto que costó al erario más de 300.000 euros y del que se había 'encaprichado' el que fuera 'número 3' del Ejecutivo de Esperanza Aguirre y hoy único cabecilla de la trama que permanece encarcelado.

Los agentes acudieron el lunes a la sede de Arpegio en el madrileño Paseo de la Castellana para recabar más expedientes de las adjudicaciones del Plan Prisma

El nombre de Arpegio está ligado, de hecho, a una línea de investigación dentro del sumario del 'caso Púnica' que recibió un importante impulso el pasado mes de junio con la confesión del constructor David Marjaliza. Aunque el contenido de dicho testimonio aún permanece secreto, sí ha transcendido que el socio de Granados habló de irregulares recalificaciones de terrenos en municipios en las que tuvo supuestamente participación la firma pública Arpegio y, sobre todo, de obras presuntamente amañadas del Plan Prisma. Además, según han confirmado a este diario fuentes cercanas a la investigación, el cabecilla de la trama citó expresamente a Jaime González Taboada, actual consejero de Medio Ambiente de la Comunidad y 'número 3' del Ejecutivo de Cristina Cifuentes, que en aquellos años gestionó dicho plan. Éste siempre ha negado cualquier relación con la red de corrupción y ha recibido el respaldo público de la presidenta madrileña.

Ya entonces el juez Eloy Velasco ordenó la práctica de diligencias muy concretas sobre Arpegio. Así, reclamó a Hacienda un estudio en profundidad de la Declaración Tributaria 347 del año 2006 que hizo un empresario de la construcción, C.G.R. y "su entorno societario". Entonces, el magistrado quería saber si aquel año en concreto, esta persona había "sido beneficiario de algún tipo de adjudicación o contrato por parte de la Comunidad de Madrid y en sus entes públicos asociados [...] con especial hincapié en la empresa pública Arpegio". Tras recibir ese primer informe, la UCO envió a la Audiencia Nacional un oficio para pedir que dichas pesquisas se ampliaran a un periodo mayor de tiempo. En concreto, el que iba entre 2004 y 2011, "durante el cual Francisco Granados ocupó cargos de relevancia en la Comunidad de Madrid" y controlaba, de facto, las inversiones del Plan Prisma. El juez dio luz verde a la petición, cuyo resultado aún no ha trascendido.

Una biblioteca y un centro lúdico por 9,5 millones

Esta vinculación entre dicho programa de obras públicas y el exnúmero tres del PP Madrileño hizo que el pasado 16 de septiembre, fecha en la que el juez Eloy Velasco decidió 'trocear' la investigación del 'caso Púnica' en doce piezas separadas para agilizar el proceso, incluyera las pesquisas sobre Arpegio en la octava, que recibió el significativo nombre de "Granados y colaboradores". En la misma se han incluido, por ejemplo, las pesquisas sobre los expedientes de adjudicación para la construcción en Valdemoro, epicentro de la red de corrupción, de una biblioteca y un centro lúdico que costaron al erario 9,5 millones de euros desembolsados en su totalidad con cargo al Plan Prisma. Se trataba, en concreto, del Centro Lúdico El Restón y de la Biblioteca Municipal Ana María Matute. El primero, inaugurado en abril de 2005, costó 5,3 millones de euros y fue presentado en su día como "un renovado impulso" a la vida cultural de esta localidad del sur de Madrid de 70.000 habitantes. La segunda fue inaugurada por la propia Esperanza Aguirre el 2 de enero de 2008. Las notas oficiales de aquel acto destacaban que había costado 4,2 millones de euros y tenía capacidad para albertar 70.000 volúmenes y 300 puestos de lectura repartidos por sus más de 2.000 metros cuadrados de superficie. La documentación sobre ambas obras fue reclamada por la UCO en septiembre en otra 'visita' sorpresa a la sede de la empresa pública.

El pasado septiembre, la UCO ya acudió a la sede de la empresa pública para requerir los expedientes de una biblioteca y un centro lúdico que costaron 9,5 millones 

Arpegio también sale en las pesquisas sobre la mansión 'a la medida' que presuntamente iba a regalar un constructor a Granados. Un informe de la Guardia Civil incorporado al sumario el pasado 8 de enero y que se ha conocido ahora tras levantarse el secreto, concluye que el que fuera consejero de Presidencia con Aguirre era el beneficiario real del chalé de lujo que el constructor Ramiro Cid, también imputado en la causa, estaba levantando en el sector R-6, denominado El Caracol, de la localidad madrileña. Tras saltar en 2009 a los medios de comunicación la existencia de dicha vivienda y su destinatario final, Granados y Cid convencieron a otro empresario, Millán Jesús Pradana, para que éste simulara su compra. El político recurrió a él tras haberle beneficiado presuntamente con parcelas valoradas en 4,2 millones de euros en un convenio firmado, precisamente, entre la empresa pública del suelo y el Ayuntamiento de Valdemoro, controlados ambos por el político ahora encarcelado. Las claras irregularidades de aquel convenio provocaron que en abril del año pasado fuera anulado por el Tribunal Supremo.


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