LOS SECRETOS DEL SUMARIO

El juez imputa a tres empresas 'señuelo' utilizadas por Púnica para amañar contratos en Murcia

El magistrado cita para la próxima semana a los representantes legales de Duravit & Marset Group SL, Linkatic SL y Mistral Inversiones SL por acudir a concursos del Ejecutivo regional y del Ayuntamiento de Cartagena con ofertas "ficticias" para que la adjudicación fuera finalmente para empresas de la trama. Dos de ellas son de sendos hermanos de uno de los principales implicados, el ex regidor socialista José Antonio Alonso Conesa.

El juez Eloy Velasco, instructor del sumario del 'caso Púnica', en una imagen de archivo.
El juez Eloy Velasco, instructor del sumario del 'caso Púnica', en una imagen de archivo. EFE

Nueva vuelta de tuerca en la investigación de las 'andanzas' de la trama Púnica en Murcia que salpica al presidente del Ejecutivo regional, Pedro Antonio Sánchez, y a la senadora autonómica y ex alcaldesa, Pilar Barreiro. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha dictado en los últimos días dos providencias por las que cita como personas jurídicas imputados a tres empresas supuestamente utilizadas por la red de corrupción para amañar contratos públicos en el Gobierno de la Región de Murcia y en el Ayuntamiento de Cartagena. Se trata, en concreto, de las sociedades Mistral Inversiones SL, Duravit & Marset Group SL y Linkatic SL. A todas ellas las considera responsables de un delito de cohecho como "cooperadoras necesarias" en las presuntas irregularidades cometidas por el experto en reputación 'online' Alejandro de Pedro y su socio, el ex regidor socialista José Antonio Alonso Conesa, ya que "consintieron en dejar usar su empresa, confeccionado una oferta ficticia, para aparentar concurrencia pública". Los representantes legales de estas tres compañías deberán declarar el próximo 5 de octubre en la Audiencia Nacional junto a los de otras dos sociedades, Eico On Line SL y Madiva Editorial y Publicidad SL, ambas de De Pedro, y que ya están como investigadas en otras piezas del sumario.

Una de las empresas ahora investigadas, Mistral Inversiones SL, está relacionada con la creación de un diario digital para favorecer la reputación 'online' de la hoy senadora 'popular' Pilar Barreiro

Todas ellas han sido citadas para las diez de la mañana del martes de la semana que, junto a cuatro empleados de De Pedro y Alonso Conesa dentro de la pieza número tres del sumario, que investiga "los hechos referentes a la Región de Murcia". No obstante, la presencia de sus nombres en el sumario no es, ni mucho menos, reciente. Así, Mistral Inversiones, la última en ser citada, aparece en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del pasado mes de mayo en el que se apuntaba a la presunta comisión de varios delitos por parte del presidente 'popular' Pedro Antonio Sánchez y su correligionaria Pilar Barreiro. En concreto, la Guardia Civil destacaba en dicho documento policial que esta mercantil se encuentra "vinculada a la persona de José Antonio Alonso Conesa", ya que figura como administrador su hermano Agustín. Para los agentes, dicha compañía era supuestamente utilizada "de manera instrumental" para conseguir contratos públicos. Uno de ellos, una supuesta campaña de promoción turística de Cartagena que en opinión de los investigadores ocultaba trabajos para la entonces regidora del consistorio, la hoy senadora Pilar Barreiro.

Según el documento policial, Mistral Inversiones SL fue supuestamente utilizada para facturar trabajos de reputación 'online' de manera alterna con otra de las sociedades de la trama, Madiva Editorial y Publicidad SL, "para evitar eventuales controles de intervención o que la adjudicación reiterada llame la atención de terceros". El objeto del mismo era un plan de medios que incluía la creación de un diario digital y la realización de "trabajos para Pilar Barreiro y para el Consistorio". La senadora, que entonces era diputada además de alcaldesa, supuestamente asistió a reuniones con De Pedro y un miembro de su equipo, Francisco Ferreño, para abordar los detalles de dicho plan en el que participó la mercantil ahora imputada. Ferreño, que en aquel momento era el jefe del gabinete de la regidora, también ha sido ahora citado como imputado. Declarará el próximo 4 de octubre, un día antes que el representante legal de la compañía, en su caso acusado de fraude, revelación de información reservada y malversación de caudales públicos precisamente por "sufragar con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo en Cartagena" la creación de un diario digital en esta localidad murciana". Por estos mismos hechos también deberá personarse ese mismo día en la Audiencia Nacional como investigada una funcionaria del consistorio, María del Mar Conesa.

Contratos de la Consejería de Industria

Las otras dos empresas imputadas ahora, Duravit & Marset Group SL y Linkatic SL, figuran relacionadas con el Gobierno regional y, más en concreto, con la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, cuyo responsable hasta las elecciones autonómicas de mayo de 2015, José Carlos Ruiz López, está imputado en la causa. Según recoge la providencia del juez Velasco, a ambas se las investiga por sendos contratos públicos del Instituto de Turismo y del de Fomento que fueron adjudicados a empresas de Alejandro de Pedro pero a los que estas dos sociedades acudieron "confeccionando una oferta ficticia para aparentar concurrencia pública". Se da la circunstancia que la primera de ellas, Duravit, también tiene como administrador a un hermano de José Antonio Alonso Conesa, en este caso Eduardo, quien ya ha prestado declaración como testigo en la causa precisamente por la presencia de dicha empresa en los concursos de estos contratos. En los próximos días lo hará Esther Gutiérrez Martínez, secretaria particular del ex alcalde de Cartagena y la persona que presentó la documentación de estas dos empresas en el concurso. En su caso lo hará acusada de pertenencia a organización criminal, aprovechamiento de información reservada y malversación de caudales públicos. Al principio de la causa ya había comparecido, aunque entonces como testigo.

El propietario de una de las empresas ahora imputadas ya detalló al juez Velasco en octubre de 2015 cómo la trama de corrupción amañó presuntamente un concurso del gobierno de Murcia

En la investigación de este contrato ha jugado un papel importante Vicente Gimeno, pequeño empresario valenciano que figura como propietario de Linkatic SL, la tercera compañía ahora investigada. Gimeno ya fue interrogado como imputado el 7 de octubre del año pasado. Entonces fue citado para que explicara su relación con tres contratos en los que intervino junto a Alejandro de Pedro y las empresas de éste. Uno de ellos, precisamente, por el que ahora ha sido citada su compañía. El magistrado ya sospechaba entonces que en el concurso no sólo se eludió la normativa en materia de contratación pública (se simuló la concurrencia de varias empresas, entre ellas la de Gimeno Quiles), sino que también sirvió presuntamente para desviar fondos para hacer trabajos de reputación 'online' en favor del entonces consejero José Carlos Ruiz López, imputado en la causa. La declaración de Gimeno y la documentación que aportó posteriormente mediante un escrito terminaron confirmado las pruebas recabadas hasta aquel momento, según fuentes cercanas a la investigación.

Firmar documentos en blanco

De hecho, el pequeño empresario destapó cómo se amañaban los contratos. Así, en el que escrito que envió a finales de octubre, semanas después de su declaración, aseguró que alguien que no identificaba, pero que parece ser De Pedro, le propuso que presentara "de forma directa una oferta" para hacerse con el contrato para el desarrollo de una aplicación móvil, de un directorio de empresas de Murcia y del rediseño del portal web del Instituto de Fomento del gobierno murciano, otra de las adjudicaciones ahora investigadas. Gimeno recalcaba en aquel texto que le indicaron que "únicamente tenía que firmar un documento de presentación" ya que del resto de trámites se iba a encargar EICO Online Reputation Management SLU, la empresa del experto en reputación 'online' que iba a participar en el concurso y que finalmente se haría con él. También añadía que le convencieron con el argumento de que, de esta forma, no tendría que ser subcontratado como en otras ocasiones, sino que se repartirían el contrato de modo que la sociedad de Alejandro de Pedro se encargaría del "trabajo general" y él, del "particular".

Para ello, reconocía que firmó en blanco dos documentos de lo que creía que eran los impresos "para ser presentados" en el Gobierno de la Región de Murcia y optar al concurso. Nunca recibió una copia de ellos. Por ello, aseguraba que desconocía "lo que se adjuntó [...], dónde fueron presentados y con qué intención", aunque él siempre pensó que eran los presupuestos que en su momento remitió a nombre de Madiva Editorial, la otra empresa del experto en reputación 'online' que fue la que finalmente se hizo con el contrato. El empresario, que ha pedido en varias ocasiones que se sobresea la causa contra él, aseguraba que la documentación que figura en el sumario y en la que constaba su rúbrica había sido "alterada y manipulada sin su consentimiento ni conocimiento". Para demostrar su versión, incorporaba al sumario con aquel documento cinco documentos sobre dicho contrato, entre ellos uno que incluía varios correos electrónicos intercambiados con las empresas de De Pedro, en los que se recogían presupuestos y "propuestas de pruebas" para la ejecución de los trabajos a los que aspiraba. Ahora, deberá volver a comparecer ante el juez como representante legal de su empresa Linkatic SL.


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