Washington da carpetazo a la investigación sobre las cuentas de Granados y Marjaliza en EEUU

La pista estadounidense del 'caso Púnica' se cierra. Las autoridades de Washington han comunicado al Ministerio de Justicia español su decisión de cerrar el expediente número 182-52964 que abrieron para dar respuesta a la comisión rogatoria que el pasado mes de cotubre les envió el titular del Juzgado de Instrucción número 6, Eloy Velasco, para que rastrearan la posible existencia de productos bancarios en EEUU a nombre de trece personas y seis empresas presuntamente implicadas en la trama de corrupción, entre ellos Francisco Granados, el constructor David Marjaliza y las esposas de ambos, también imputadas. El Departamento de Justicia estadounidense ya había puesto serias objeciones el pasado mes de febrero a prestar dicha colaboración al considerar que la petición debía ser más concreta y detallar "con mayor claridad" la relación entre una de las operaciones denunciadas y "la conducta objeto de la investigación criminal". El magistrado español había tomado la decisión después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hubiera detectado sospechosos movimientos de dinero hacia dicho país. Sin embargo, Marjaliza había asegurado en su larga confesión en la Audiencia Nacional que ni él ni su familia tenían cuentas al otro lado del Océano Atlántico.

El juez solicitó en octubre ayuda a EEUU para localizar posibles cuentas en aquel país a nombre de trece personas y seis empresas de la trama

La decisión del magistrado Eloy Velasco de pedir la colaboración de Washington en sus pesquisas vino motivada por dos informes del Instituto armado en los que detallaban los indicios recabados hasta entonces "sobre la posible tenencia o control de algún tipo de activo financiero no identificado hasta el momento" en EEUU. El primero de ellos, fechado el 25 de mayo de 2015, señalaba que "determinadas empresas del entorno criminal más estrecho de Marjaliza y Granados" había enviado fondos a dicho país "en concepto de operaciones financieras relacionadas con activos como 'opciones', 'futuros' o 'inversiones", junto a otras bajo "conceptos etéreos" como "otros servicios" y "objetos de arte y colección". El documento también recogía un resguardo encontrado en casa del ex secretario general del PP madrileño de un pago hecho con una tarjeta American Express que los agentes consideraron en aquel momento que podía haber sido expedida en "un país extranjero". Además se detallaba la existencia de varios vuelos de Granados a países como Costa Rica y Panamá, así como una transferencia recibida en una de las cuentas suizas de Marjaliza desde una cuenta de la filial del Banco Santander en Miami.

La petición de los investigadores encontró algunas reticencias en la Fiscalía Anticorrupción, lo que llevó a los agentes a entregar en la Audiencia Nacional el 25 de septiembre siguiente una ampliación de su primer informe. En el mismo, se reconocía que la pista de la tarjeta American Express de Granados era errónea ya que se había podido constatar que la misma había sido emitida en España, aunque incidía en los indicios sobre movimientos sospechosos como el de la filial del Banco Santander relacionados con una empresa denominada Internet Entreprise Imc. y ampliaba el porqué de la petición de información sobre las trece personas y seis empresas mencionadas en el primer documento policial. Además, los agentes añadían que "a través de mecanismos de cooperación policial" habían podido confirmar que Marjaliza y Granados supuestamente "disponían de productos" en tres entidades financieras estadounidenses: American Express Centurion Bank, Citibank y Cta South. Con este segundo informe sobre la mesa, el juez Eloy Velasco dictó finalmente el pasado mes de octubre una comisión rogatoria para solicitar la localización de esas cuentas y, en su caso, el embargo de las mismas.

Afirmaciones "insuficientes"

Sin embargo, en febrero las autoridades de Washington echaban un jarro de agua fría a las expectativas del magistrado. El Departamento de Justicia de EEUU remitía entonces una primera respuesta en la que rechazaba atender la petición y reclamaba a España datos adicionales. Justificaban su posición en que “en los EEUU no existe ningún registro central de activos y productos financieros. No existe ninguna forma de obtener la información que se ha solicitado sobre estas 19 personas [físicas y jurídicas]”. Además, Mary D. Rodríguez, directora en funciones de la Oficina de Asuntos Internacionales del Gobierno estadounidense ya advertía de que “aún en el caso de que una o más personas fuera titular o beneficiario de un activo o producto en los EEUU, las afirmaciones contenidas en la solicitud de asistencia son insuficientes para poder iniciar aquí ningún procedimiento de embargo o bloqueo. En este sentido, les indico que el Juzgado Central de Instrucción puede dirigirse a Marc L. Varri, el agregado jurídico del FBI en Madrid. El Sr. Varri, quien conoce el contenido de esta comisión rogatoria, podrá prestar su asistencia a las autoridades españolas con determinados aspectos de la misma”.

En febrero, el Departamento de Justicia de EEUU ya había puesto serias objeciones a recabar la información que le reclamaba el magistrado español

La misiva concluía con un alegato a favor de la cooperación mutua, pese a la negativa previa a facilitar la información requerida. "EEUU aprecia enormemente la cooperación con España y se compromete a ofrecer a España el mayor grado de cooperación en materia penal. También valoramos la asistencia que España ha prestado a los EEUU en asuntos de justicia criminal a lo largo de los años y espera poder seguir con esta cooperación en el futuro". Aquel primer jarro de agua fría ha tenido ahora una segunda y, aparentemente, definitiva respuesta de Washington con la comunicación por parte de su Departamento de Justicia de su decisión de cerrar el "expediente" que habían abierto a raíz de la comisión rogatoria de octubre. El juez Velasco ha ordenado, simplemente, que esta segunda misiva sea traducida al castellano y se incorpore a la causa. La investigación sobre la supuesta existencia de cuentas de la trama Púnica en EEUU queda así cerrada... por el momento.