Anticorrupción estudia nuevas imputaciones tras un informe de UCO sobre más regalos de la Púnica a "cargos públicos"

La ya larga lista de imputados en el 'caso Púnica' puede aún ser más extensa. La Fiscalía Anticorrupción estudia desde antes del verano un informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó el pasado mes de junio en la Audiencia Nacional con la identidad de "cargos públicos y funcionarios" que presuntamente habían recibido regalos de uno de los principales implicados en la trama, el constructor Ramiro Cid Sicluna. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, que levantó hace tiempo el secreto de sumario sobre la mayor parte de la causa, ha decidido que dicho documento policial no sea aún trasladado a las acusaciones y defensas porque en el mismo aparecen, precisamente, nuevos nombres que hasta ahora no habían salido en las pesquisas, además de los de varias personas ya imputadas, según revelan diversas fuentes jurídicas.

El informe de la Guardia Civil llegó a la Audiencia Nacional a comienzos de junio. Desde entonces, el juez Velasco ha rechazado dar traslado del mismo a acusaciones y defensas

El informe llegó a la Audiencia Nacional en las primeras semanas de junio mediante el oficio 204 de la Guardia Civil. El magistrado dictó el 13 de ese mismo mes una providencia para que diese traslado del mismo "al Ministerio Fiscal para su conocimiento y, en su caso, informe", pero no a las otras partes personadas. De hecho, desde entonces, diversos abogados personados en la causa han remitido escritos al Juzgado para reclamar una copia del mismo, pero hasta ahora se han encontrado con una negativa como respuesta, según han confirmado a este diario varias letrados en los últimos días. Su contenido, por lo tanto, sigue bajo secreto, aunque fuentes jurídicas apuntan a su relevancia dada la procedencia de los dádivas investigadas: el constructor Ramiro Cid Sicluna, uno de los principales implicados en la trama y al que desde la investigación se le compara con el empresario David Marjaliza, también por su cercanía con Francisco Granados.

De hecho, el que fuera secretario general del PP madrileño fue el destinatario de algunos de estos regalos, según han revelado ya las pesquisas. Así, varios informes incorporados al sumario señalan a este empresario como el presunto responsable de la entrega de un coche y una mansión de 1.000 metros al político ahora encarcelado. Sobre el vehículo, la UCO ya ha elaborado dos documentos que concluyen que el automóvil marca Mini Cooper que utilizaba la mujer del cabecilla de la trama, María Nieves Alarcón, también imputada en la causa, y que resultó destruido en un incendio provocado, era en realidad un supuesto pago 'en especie' de un constructor que se intentó camuflar con "facturación falsa", según ha reconocido en su declaración ante el juez el propietario del concesionario que simuló la venta.

"Adjudicatario recurrente"

Idéntica conclusión saca otro documento policial del pasado 8 de enero sobre la vivienda de lujo que una empresa de Ramiro Cid estaba construyendo en el sector R-6, denominado El Caracol, de la localidad madrileña de Valdemoro. En este caso, la Guardia Civil destaca que tras saltar a los medios de comunicación en febrero de 2009 la existencia de la misma, el constructor y el político presuntamente convencieron a otro empresario para que éste simulara su compra para mantener oculto quién iba a ser el verdadero propietario a cambio de beneficiarle con un convenio público de la Comunidad de Madrid. Los documentos apuntan a que este tipo de dádivas es lo que convirtió al constructor en "adjudicatario recurrente en ventas de suelo público" en el Plan General de Urbanismo de Valdemoro, no solo con Granados como alcalde, sino también con sus dos sucesores, también imputados en la causa.

El nombre del constructor Ramiro Cid ya aparece relacionado en el sumario con supuestos regalos a Francisco Granados. En concreto, un coche y una mansión

El nombre de Ramiro Cid también ha aparecido vinculado a otros supuestos regalos ya investigados. En concreto, el de un vehículo de la marca Mercedes que aparece a nombre de una antigua cargo del Ejecutivo regional de Esperanza Aguirre que hasta ahora no está imputada en la causa. Se trata de María Victoria Cristóbal Araujo, ex asesora de prensa de la lideresa en la primera campaña de ésta a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y que con Francisco Granados en la Consejería de Presidencia, Interior y Justicia llegó a estar al frente de la Agencia Madrileña de Emigración. Concejal 'popular' en Majadahonda (Madrid) hasta enero de 2015, el magistrado indaga sobre los supuestos vínculos entre este automóvil de lujo y la trama ya que la documentación intervenida precisamente en una de las empresas de Ramiro Cid apuntan a que supuestamente también fue pagado por éste.

Decenas de empresas y dos SICAV

Fuentes cercanas a la investigación destacan que Ramiro Cid y su entramado empresarial, encabezado por el Grupo Obras y Vías, no ha tenido hasta ahora la presencia mediática de David Marjaliza, pese a que constituyen una pieza fundamental en la trama Púnica. De hecho, en los últimos años Cid Sicluna ha acumulado un importante patrimonio que incluye decenas de compañías y dos sociedades colectivas de inversión variable (SICAV), una de las cuales arrancó con un capital de 10 millones de euros. Además, su vinculación con Granados no se limita al coche y la mansión que supuestamente le regaló, sino que también fue él quien vendió al ex dirigente regional del PP las tres últimas viviendas que adquirió en Valdemoro, además de haber pagado al político los 5.000 litros de aceite que éste regaló a los votantes en su última campaña para alcalde.

El constructor figura como el vendedor a Granados de tres casas, además de dar trabajo en su empresa al presunto testaferro del político

Cuando Granados tuvo que dejar su escaño en el Senado tras conocerse que tenía una cuenta en Suiza, el constructor dio trabajo en una de sus empresas a Ignacio Palacios, la mano derecha del político en los últimos quince años y que ha sido imputado ahora en el 'caso Púnica' como presunto testaferro del ex secretario general del PP Madrileño. Además, Ramiro Cid también está vinculado a las célebres cacerías a las que eran invitados políticos y que denunció el directivo de la constructora Dico. Según declaró éste en su día, fueron precisamente la empresa Obras y Vías de Ramiro Cid y la maraña societaria de David Marjaliza las que obtuvieron mayor número de contratos en aquellas jornadas cinegéticas.