Publicado: 17/11/2015 04:00
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, se prepara para cerrar una de las doce piezas en las que dividió el sumario del 'caso Púnica'. En concreto, la que se refiere a las supuestas irregularidades detectadas en la Diputación de León y que llevaron a la cárcel durante 40 días al que en octubre de 2014 era su máximo responsable, el dirigente 'popular' Marcos Martínez Barazón. Para ello, ha citado a declarar desde este martes y hasta el próximo lunes 23 de noviembre a ocho testigos. Entre ellos se encuentra José Nevado Infante, quien fuera portavoz de la Junta de Andalucía en los tiempos de Manuel Chaves como presidente, y dos cargos públicos del PP: el actual alcalde de la localidad leonesa de Congosto, José Antonio Velasco Fernández, y su correligionario Miguel Ángel del Egido LLanes, actual concejal en la oposición y anterior regidor de Santa María del Páramo, municipio de la misma provincia. Ellos tres y los otros cinco testigos ya declararon ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por estos hechos. El magistrado, que desde hace algunas semanas y hasta enero tiene previsto interrogar a medio centenar de personas, quiere que se ratifiquen en aquellas manifestaciones para poder mandar esta pieza a juicio.
Además del antiguo asesor de la Junta de Andalucía, el juez ha citado a un alcalde del PP, un exregidor del mismo partido y cinco trabajadores de la Diputación de León
El primero en comparecer ante el juez Velasco será Miguel Ángel del Egido, quien en el momento en el que se detuvo a Martínez Barazón no sólo era primer edil de Santa María del Páramo, sino también responsable de Turismo de la Diputación de León y de las estaciones invernales de la provincia. Está citado para este martes a las diez de la mañana. El juez le interrogará por el supuesto amaño que el llamado 'conseguidor de la Púnica', el empresario valenciano Alejandro de Pedro, urdió para adjudicar de manera supuestamente irregular los contratos de dos cafeterías de la Estación de esquí de San Isidro a cambio de hacer al imputado presidente del PP provincial. Según reconoció el exalcalde de Santa María del Páramo ante los agentes de la UCO cuando éstos le tomaron declaración, los pliegos para dicha licitación fueron presuntamente manipulados por "una imposición acelerada de Marcos [Martínez]", quién llegó a darle instrucciones de lo que tenía que hacer con ellos "en el ascensor".
Dos días más tarde y a la misma hora, están citados José Antonio Velasco, quien lleva desde 1987 como alcalde del municipio de Congosto y que también formaba parte del equipo de Gobierno de la Diputación; y el asesor de comunicación José Nevado, que fue director de comunicación del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones y del MOPU en los primeros gobiernos de Felipe González, además de portavoz de la Junta de Andalucía entre 1990 y 1996. Al primero, el magistrado le interrogará por cuatro inserciones publicitarias valoradas en 6.000 euros realizadas en la red de 'diarios zombies' de Alejandro de Pedro a cargo de Gersul, el consorcio provincial de residuos. Según las investigaciones, dicho gasto fue una orden expresa de Martínez Barazón y contó supuestamente con el visto bueno del alcalde de Congosto. De hecho, un informe de la Guardia Civil sobre las escuchas recoge que el gerente de Gersul, Secundino Prieto, quien también ha sido citado a declarar ahora, "dice que le llama de parte de José Antonio Velasco en relación a una campaña de publicidad que van a empezar similar a la del año pasado. Alejandro duda si el año pasado realizó la campaña que le comenta pero Secundino le dice que está seguro de que sí".
Mejoras en la imagen pública
En el caso de Nevado, las preguntas se centrarán en los 5.445 euros que su empresa TodoSur Comunicación SL recibió por elaborar un plan para mejorar la imagen pública de la anterior presidenta de la Diputación, la asesinada Isabel Carrasco, y el ahora imputado Marcos Martínez. Según las pesquisas, el contacto entre Nevado y el político leonés fue, de nuevo, el 'conseguidor' Alejandro de Pedro, a cuya empresa Madiva Editorial SL, éste y su antecesora habían llegado a pagar más de 105.000 euros por trabajos de reputación 'online'. En su comparecencia ante la Guardia Civil, el exportavoz de Chaves entregó diversa documentación sobre sus trabajos, entre ellos un informe de junio de 2014 con pautas para que el político del PP supiera qué responder en la entrevista que iba a conceder a un medio de comunicación local tras tomar posesión de su cargo. También figuran otros en los que le diseña un plan para que se presentase como un político "confiable, con valores y de la tierra" además de "honrado". Cuando se detuvo a Martínez Barazón, el ahora testigo José Nevado le buscaba un jefe de prensa.
El juez acusa al expresidente de la Diputación de León de destinar fondos públicos a pagar trabajos de reputación 'online' y amañar la adjudicación de dos cafeterías de una estación de esquí
Los cinco últimos testigos de la trama leonesa de 'Púnica' están citados para el próximo lunes 23 de noviembre. A partir de las diez de la mañana pasarán por el despacho del juez Velasco Eva Isabel Alonso Prieto, periodista contratada en la Diputación; Olga Álvarez Soto, directora de la Estación de Esquí en la que se quisieron amañar las adjudicaciones de las cafeterías; Henar Bardón Robla, secretaria en la Diputación de Martínez Barazón; Lucio Ricardo Martínez Rodríguez, jefe del Servicio de Contratación de este mismo organismo provincial; y Secundino Prieto Tercero, gerente del consorcio de residuos Gersul. Con su testimonio, el magistrado quiere aclarar si las empresas del llamado 'conseguidor' prestaron servicios de reputación 'online' para Marcos Martínez con el único objetivo de situarle "favorablemente" en el seno del Partido Popular nacional para lograr que fuera elegido candidato a la reelección como presidente de la Diputación tras los comicios del pasado 24 de mayo. También si De Pedro recibía por dichos trabajos "pagos por publicidad en sus diarios digitales" mediante contratos públicos "adjudicados en concurrencia ficticia con empresas de su entorno".
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