LOS SECRETOS DEL SUMARIO

Un imputado en Púnica denuncia ante el juez Velasco que el Banco Popular lo veta como cliente

Rafael Laso, encausado por haber redactado presuntamente informes 'fantasmas' para que la trama pudiera 'camuflar' sobornos a politicos, pide al magistrado que se dirija a la entidad para que ésta le permita contratar nuevos productos financieros con los que seguir con su actividad de administrador concursal.

Imagen de archivo del juez Eloy Velasco, instructor del 'caso Púnica'.
Imagen de archivo del juez Eloy Velasco, instructor del 'caso Púnica'. EFE

De tener las cuentas bloqueadas a no poder contratar nuevos productos financieros. Rafael Laso Retamal, economista imputado en el 'caso Púnica' por su presunta relación con la trama de corrupción, ha remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, un escrito en el que denuncia que el Banco Popular se ampara en su actual situación judicial para impedirle abrir nuevas cuentas o figurar como apoderado en las de terceras personas y empresas. Acusado de elaborar por una 'iguala' de 1.000 euros al mes informes 'fantasmas' que le servían a la trama para camuflar 'mordidas', Rafael Laso asegura que la entidad financiera se ampara en un auto de octubre de 2014 por la que entonces se le bloquearon los productos financieros que tenía. No es la primera vez que un banco rechaza como cliente a un encausado en un caso mediático. En julio de 2013, el Santander hizo lo mismo con un imputado en Gürtel, aunque al final levantó el veto tras las protestas de éste ante la Audiencia Nacional.

Laso, acusado de elaborar informes 'fantasmas' para la trama, denuncia que la decisión del Popular le ocasiona "perjuicios personales y profesionales

La protesta de Laso Retamal, que también ocupa el cargo de secretario técnico del Colegio de Economistas y asegura trabajar actualmente como administrador concursal, llegó a la Audiencia Nacional el pasado lunes. En un escrito de folio y medio, el investigado por Púnica recalca que, si bien el 27 de octubre de 2014 el juez ordenó mediante un auto "la medida de bloqueo de todas las cuentas y de cualquier naturaleza existentes" a su nombre en diversas entidades financieras, el magistrado también ha ido levantando en las últimas semanas dicha medida y comunicado la misma a los bancos. El economista denuncia ahora que, pese a ello, el Banco Popular se ha dirigido recientemente a él "a través de sus servicios jurídicos" para comunicarle la negativa a que pueda contratar "nuevos productos ni aparecer como apoderado en cualesquiera cuentas abiertas o por abrir por terceras personas físicas o jurídicas".

Una medida unilateral del Banco Popular que Rafael Laso no considera amparada en el auto de bloqueo y que, además, le provoca "perjuicios personales y profesionales" dada su actividad como administrador concursal. Por ello, pide al juez Velasco "que dicte una resolución por la que acuerde dirigir oficio" a la entidad financiera en el que se comunique a ésta "la autorización expresa" del propio magistrado para que él pueda "contratar nuevos productos". Portavoces oficiales del Popular declinaron "por motivos de confidencialidad" explicar a Vozpópuli los motivos del veto al cliente y si su decisión tiene que ver con la situación judicial.

"Yo cobro, tu cobras..."

En el sumario del caso Púnica figura una conversación intervenida por orden judicial entre Rafael Laso y su socio en una asesoría que fue utilizada por la Fiscalía Anticorrupción en el interrogatorio al que se sometió a uno de los principales implicados de la trama, el que fuera alcalde socialista de Parla, José María Fraile. En la misma, el economista y su interlocutor comentan la elaboración de unos supuestos informes 'fantasmas' para Ruta Energética, la empresa del constructor David Marjaliza a través de la cual éste cobraba supuestamente el dinero con el que después pagaba sobornos a políticos. La misma terminaba con una frase que reflejaba el supuesto reparto de las mordidas: "Si hay que hacer una modificación, o lo que sea, me lo dices. Ya sabes, yo cobro, tú cobras, él cobra, nosotros cobramos, vosotros cobráis, todos cobramos... ja, ja, ja". La investigación apunta que Laso realizó presuntamente dos informes sobre eficiencia energética para Parla por los que la Punica facturó al Ayuntamiento cerca de 200.000 euros. El precio de la adjudicación supuestamente irregular de un contrato de 66 millones de euros a la multinacional Cofely-GDF Suez.

EL SANTANDER Y EL IMPUTADO EN GÜRTEL

No es la primera vez que una entidad financiera actúa contra un imputado en una causa más allá de lo fijado por un juez en sus autos. En julio de 2013 fue el Santander quien decidió clausurar de manera unilateral las productos bancarios que tenían abiertos en su entidad varios familiares de Ángel Sanchis Perales, extesorero de AP y actualmente imputado en el 'caso Gürtel' por ayudar supuestamente a Luis Bárcenas a ocultar grandes cantidades de dinero. Entonces, la entidad esgrimió 'riesgo reputacional' para justificar una decisión, lo que provocó la protesta del antiguo político ante el propio banco y ante el entonces juez instructor de la causa, Pablo Ruz. Aunque el magistrado y la Audiencia Nacional reconoció en varios autos su incapacidad para obligar a la entidad a anular su resolución, el Santander terminó levantando el veto y permitió al empresario seguir operando desde sus sucursales.


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