LOS SECRETOS DEL SUMARIO

El juez detalla que Púnica cobró 86.850 euros por mejorar la imagen de Carrasco antes de su asesinato

El auto con el que el magistrado da el primer paso para concluir la pieza del sumario sobre las irregularidades en la Diputación de León concluye que la trama cobró durante 25 meses para mejorar la reputación en Internet de la política. Su sucesor, Marcos Martínez Barazón, acusado ahora de seis delitos, siguió presuntamente con dichas prácticas hasta su detención en octubre de 2014.

La polémica rodea a Isabel Carrasco más de dos años después de su muerte. El auto dictado este lunes por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, como paso previo a la finalización de la investigación sobre las 'andanzas' de la trama Púnica en la provincia de León detalla que la red cobró 86.850 euros (IVA incluido) por realizar trabajos para mejorar la reputación de la fallecida política del PP en Internet durante los 25 meses anteriores a su asesinato en mayo de 2014. El escrito del magistrado destaca que dichos trabajos continuaron con el sucesor de Carrasco al frente de la Diputación, el también 'popular' Marcos Nartínez Barazón, a quien ahora le acusa de media docena de delitos por todos estos pagos. A la causa se han incorporado este lunes facturas relativas a algunos de estos abonos y en las que figura como concepto de los mismos la inclusión de anuncios en los diarios digitales del también imputado Alejandro de Pedro. En total, la Púnica recibió por diferentes conceptos más de 105.000 euros de la Diputación de León y empresas cercanas que sus responsables políticos camuflaron como campañas publicitarias sobre "productos de León" y sobre reciclaje, y que en realidad fueron trabajos de reputación 'online', gestiones ante el PP de Madrid e, incluso, la redacción de un discurso en homenaje, precisamente, de la asesinada.

El auto detalla que Púnica cobró durante 25 meses por 'lavar' la imagen de la política 'popular' antes de su muerte: de los 3.304 euros en agosto de 2012 a los 3.993 euros en noviembre del mismo año

Con este auto, el juez delimita el alcance de esa pieza, la número 2 del sumario del caso Púnica, y señala contra quién dirige la investigación en este parte final de instrucción de la misma. Así, además de contra Marcos Martínez Barazón, mantiene como imputados por estos hechos a Alejandro de Pedro, a su socio y ex alcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa; a la empresas del primero, Eico On Line SL y Madiva Editorial y Publicidad SL; al interventor de la Diputación de León, Jesús Manuel López Sánchez, y al alcalde de la pequeña localidad de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez García, quien ejercía la labor de "coordinador" de prensa de la Diputación. Este último fue imputado recientemente y tuvo que comparecer a declarar ante el magistrado el pasado 13 de septiembre, como adelantó Vozpópuli. Quien ha quedado fuera de la causa es el empresario local Francisco Eduardo Ruiz Valenzuela, a quien el juez Velasco considera que iba a ser "la persona utilizada y engañada" por la trama para que se presentase con sus sociedades al concurso supuestamente amañado para la explotación de dos cafeterías en la estación de esquí de San Isidro.

El magistrado destaca en su escrito que las empresas de De Pedro "realizaban informes no públicos de reputación de la persona que ocupaba el cargo de presidente de la Diputación, así como la promoción política del mismo", ya fuera Isabel Carrasco o su sucesor. Trabajos de los que, recalca el juez, "no se han encontrado facturas que se correspondan con estos servicios y ello porque tal trabajo reputacional en Internet se costeaba con la colocación de 'banners' publicitarios en los diarios digitales" del experto informático imputado. En concreto en León Actualidad, Noticias Ponferrada, Astorga Actualidad y Ahora Cistierna, todos ellos sin "actividad periodística real" y que se limitaban a 'replicar' las noticias que les remitían desde el gabinete de prensa de la Diputación. Según el escrito, esta actividad de crear "noticias de cobertura favorables del político para el cual estaba trabajando" se iniciaron en abril de 2012 y se extendieron hasta septiembre de 2014, un mes antes de las detenciones del caso Púnica. En este punto, el auto distingue qué parte de dicha actividad se centró en 'lavar' la imagen de Isabel Carrasco y cuál en la de su sustituto.

Los pagos bajo sospecha, mes a mes

Así, detalla que en abril de 2014 se pagaron a la empresa Madiva Editorial 3.540 euros, cantidad que se repitió en junio de ese mismo año. La cifra subió hasta los 3.776 euros en julio siguiente, para descender a los 3.304 en agosto y volver a elevarse a 3.751 en septiembre. En octubre, la cifra se situó en 3.509; en 3.993 euros el mes siguiente; y en 3.257 en diciembre. A partir de enero de 2013 y hasta mayo de 2014, mes en el que Isabel Carrasco fue asesinada, la cifra fue de 3.630 euros cada mes. En total, 61.710 euros por esos últimos 17 meses, lo que elevó la cifra final a los 86.850 euros. Las facturas recién incorporadas a la causa, y a las que ha tenido acceso Vozpópuli, revelan que dichos cargos presuntamente se camuflaban como publicidad en los diarios digitales de Alejandro de Pedro y aparecen con el visto bueno de la firma de Marcos Martínez Barazón, entonces vicepresidente, y con la del señalado por el juez como su persona de máxima confianza, Pedro Vicente Sánchez, alcalde de Puebla de Lillo.

El juez Velasco destaca que el sucesor de Carrasco no sólo mantuvo los pagos a la trama, sino que tenía previsto elevarlo a "al menos 6.000 euros" al mes cuando fue detenido en octubre de 2014

El auto destaca que el 'negocio' de la Púnica no sólo no se interrumpió con la muerte de Isabel Carrasco, sino que se incrementó con su sucesor e, incluso, se diversificó. Así, el escrito del juez Velasco detalla que ya con Martínez Barazón al frente de la Diputación se abonaron 3.630 euros en junio, julio y septiembre de 2014. No obstante, el magistrado destaca que estaba "pendiente un pago mayor, de al menos 6.000 euros para a partir de ese momento". La investigación señala que dichos pagos ya no sólo venían de la propia Diputación, sino de fondos procedentes de la empresa públicaGestión de Residuos Solidos Urbanos de León (Gersul), que el cargo público 'popular' controlaba desde su puesto, y Ecoembres. Todo ello, bajo la pantalla de "campañas de publicidad" que presuntamente servían para pagar también otros trabajos en favor de su carrera política. Entre ellos, el magistrado destaca la supuestas gestiones de Alejandro de Pedro ante "personas notorias e influyentes" del PP nacional, como Carlos Floriano y la 'número 2' de la formación, María Dolores de Cospedal, así como ante la entonces alcaldesa de Cartagena y diputada, y en estos momentos senadora, Pilar Barreiro.

Un político "honrado"

Estos fondos presuntamente desviados también se dedicaron a "la supervisión de alguno de sus discursos y el diseño de un plan de medios de comunicación" que el sucesor de Isabel Carrasco encargó presuntamente a la trama "aún disponiendo la institución de un gabinete de prensa". Esto creó "una duplicidad que sólo beneficiaba a Marcos Martínez Barazón como persona y no a la institución ni al bien público que encarnaba, pero que instrumentalizaba, valiéndose de ella, en su afán por consolidar y reforzar su puesto". Entre estos servios 'extras', el auto recoge la redacción de "un discurso de homenaje a la fallecida" en el que se contrató a un consultor de comunicación estratégica y analista político que giró una factura de 5.445 euros por dichos trabajos. Según se recoge en el sumario, este experto también realizó un informe de junio de 2014 con pautas para que el político del PP supiera qué responder en la entrevista que iba a conceder a un medio de comunicación local tras tomar posesión de su cargo así como un plan para que se presentase como un político "confiable, con valores y de la tierra" además de "honrado". Cuando se detuvo a Martínez Barazón, le buscaba incluso un jefe de prensa.

El juez destaca que Martínez Barazón pagó con dinero público 5.445 euros a un consultor de comunicación para que, entre otros trabajos, redactase "un discurso de homenaje a la fallecida Isabel Carrasco"

A todo ello, la investigación añade el supuesto amaño frustrado por las detenciones de varios concursos relacionados con la estación de esquí de San Isidro y que iban a ser adjudicados a una empresa presuntamente elegida por Alejandro de Pedro. En este sentido, las pesquisas han localizado los pliegos con las observaciones "en color rojo para que las cambiasen los funcionarios de la Administración" y, de este modo, los contratos se los llevase una de las dos empresas elegidas por la trama Púnica para concurrir, Alianet SL y Harmony Cluster of Minos SL. El magistrado destaca que Marcos Martínez Barazón "participaría en una de las sociedades que tomaría parte en el proceso de licitación de los contratos de la estación invernal para acabar adjudicándoselo". Ahora, el juez acusa al político de fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho, revelación de información reservada y malversación de caudales públicos. Su correligionario Pedro Vicente Sánchez deberá responder por los de fraude, cohecho y malversación. La investigación de la trama 'leonesa' de Púnica está más cerca de concluirse.


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