El juez abre una pieza sólo para investigar los tratos de la Púnica con el Ejecutivo de Ignacio González

Y van quince. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha dictado este jueves un auto por el que ordena que una de las catorce piezas separadas en las que dividió el sumario del 'caso Púnica' se transforme en dos. Se trata, en concreto, de la número 10, en la que se estaba investigando las supuestas irregularidades en los contratos firmados por Eico Online y Madiva Editorial, las dos empresas del experto en reputación 'online' Alejandro de Pedro y su socio, José Antonio Alonso Conesa, con Administraciones públicas de la Comunidad de Madrid y de la zona del Levante. Ahora, el magistrado quiere dedican una de estas nuevas piezas en exclusiva a los tratos de la trama con el Ejecutivo de Madrid que encabezaron Esperanza Aguirre e Ignacio González, y dejar en la otra los referidos a ayuntamientos de esta comunidad y del litoral valenciano.

El juez considera que los tratos de la trama con la Comunidad de Madrid son diferentes a los que mantuvo aquella con ayuntamientos de la región y del Levante aunque coincidan las empresas

El auto del juez, al que ha tenido acceso Vozpópuli, apunta a que la decisión la toma tras valorar y analizar "los hechos objeto de instrucción" y concluir que los que afectan al Gobierno regional difieren de los que salpican a las otras administraciones locales "aunque coincidan en la empresa que los realizan". De este modo, el sumario, que ya fue 'troceado' en doce piezas hace ahora justo un año y, más adelante, vio como surgían otras dos más, pasará a contar con quince piezas, una de ellas dedicada sólo a investigar los acuerdos del ejecutivo regional madrileño que ya han costado la imputación del que fuera su 'número 2' durante la presidencia de González, Salvador Victoria, y de la ex consejera de Educación Lucía Figar, así como a otros altos cargos de la Comunidad y directivos de empresas que presuntamente se prestaron a pagar dichos trabajos a cambio de contratos públicos.

Es el caso de Salvador Victoria, uno de los detenidos en la macrorredada de octubre de 2014, José Martínez Nicolás, antiguo cargo de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM), organismo público que presidió hasta su dimisión, precisamente, el político salpicado, aseguró ante el juez Velasco que fue el 'número 2' del Ejecutivo autonómico quien le ordenó pedir a la empresa Indra que saldara una deuda de 10.000 euros con Alejandro de Pedro. Éste se dedicaba a mejorar la imagen en las redes sociales y en Internet de políticos, entre ellos la de Ignacio González. El magistrado sospecha que algunos de dichos trabajos fueron supuestamente sufragados con dinero público y que, para ello, se usaron facturas falsas con la supuesta connivencia de directivos de la compañía tecnológica. Esos trabajo sirvieron, en concreto, para 'minimizar' la presencia en Internet de las noticias sobre la compra del polémico ático que mantiene como imputado a Ignacio González en un Juzgado de Estepona (Málaga).

Figar y el Canal de Isabel II

Las declaraciones de empleados del EICO y Madiva respaldaron dichas sospechas, como también las que se cernían sobre la labor de Lucía Figar al frente de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. En su caso, las pesquisas se centran en cuatro contratos que firmó su departamento con empresas de Alejandro de Pedro. La mayoría lo fueron con la empresa Madiva Editorial, aunque también había al menos uno con EICO Online. A través de la primera empresa, De Pedro gestionaba una red de diarios digitales que le permitían engañar a los buscadores de internet para colocar noticias positivas de sus clientes en los primeros lugares cuando cualquier ciudadano recababa información sobre los integrantes del Ejecutivo madrileño. En este caso, el juez investiga si dichos fondos se desviaron supuestamente para pagar trabajos de reputación 'online' que sirvieron para ocultar las noticias sobre el cheque guardería que recibió Lucía Figar y que provocó un gran revuelo mediático.

En la nueva pieza están imputados el ex número 2 madrileño, Salvador Victoria, y la ex consejera de Educación, Lucía Figar, entre otros altos cargos públicos y directivos de empresas

Además, el juez Velasco investiga las facturas emitidas a cuenta de un millonario contrato de publicidad de la mayor empresa pública de la Comunidad, el Canal de Isabel II, ante la sospechas de que las mismas pueden ser "falsas" y encubrir un supuesto desvío de fondos. El magistrado interrogó en febrero a un directivo de Arena Media, la sociedad que a comienzos de 2014 se hico con dicha adjudicación ahora bajo sospecha, al que le pretuntó si había hecho pagos a Alejandro de Pedro a petición de miembros del Ejecutivo regional e, incluso, detalles del dinero que recibió del PP de Madrid por organizar la camapaña de las elecciones de mayo de 2005. Entonces, este empresario negó cualquier irregularidad, pero admitió haberse reunido con Salvador Victoria, entonces vicepresidente del Gobierno madrileño.