Interior teme roces entre Policía y Guardia Civil por la coincidencia de implicados en el 3% y el caso Pujol

"A este paso, cualquier día nos encontramos policías y guardias civiles a la puerta de la misma casa a registrar o a punto de detener a la misma persona". Altos cargos del Ministerio del Interior muestran en privado en las últimas semanas su temor a que las investigaciones sobre Jordi Pujol Ferrusola y la corrupción del 3%, las bautizadas como 'Operación Hades' y 'Petrum' respectivamente, terminen provocando un roce entre ambos cuerpos policiales, encargado cada uno de ellos de pesquisas diferentes con magistrados distintos pero en las que ya empieza a haber varios puntos en común. De hecho, ya figuran en ambos sumarios la empresa Copisa y el apellido Sumarroca. Similitudes que, en algún caso, también se extiende a otras causas como el que se instruye en la Audiencia Nacional contra Oleguer Pujol o la que permanece en el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona para conocer el verdadero origen de la 'herencia' del clan del expresidente de la Generalitat.

La empresa Copisa y el apellido Sumarroca son los nombres que enlazan el sumario del 3% que dirige un juez de El Vendrell y las investigaciones sobre Jordi Pujol Ferrusola que se instruyen en la Audiencia Nacional

En estos momentos, la Guardia Civil, y más en concreto la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Tarragona, lleva la 'Operación Petrum', en la que se investiga el cobro de posible comisiones del 3% por parte de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) a través de las fundaciones del partido. El caso es dirigido por el titular del Juzgado número 1 de El Vendrell, Josep Bosch, y ha incluido la entrada en dependencias del partido de Artur Mas y la investigación de media docena de empresas que supuestamente pagaban las 'mordidas'. Entre éstas destacan, por su vinculación con los sumarios abiertos a los miembros del clan Pujol, Teyco y Copisa. La primera es una sociedad de la familia Sumarroca, otro clan empresarial ligado a Convergencia y cuyos miembros tienen estrechas relaciones con la familia del expresidente de la Generalitat. La segunda figura tanto entre las empresas investigadas en el caso del 3% como en el que tiene como epicentro a Jordi Pujol Ferrusola.

A este último, primogénito del expresidente de la Generalitat, lo investiga el juez José de la Mata en la Audiencia Nacional. En este caso, los agentes que llevan las pesquisas son de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la misma que, por ejemplo, realiza también las gestiones en el caso Oleguer que instruye el magistrado Santiago Pedraz en el mismo órgano judicial. Fueron los policías de este grupo, célebre por su papel en el 'caso Gürtel' y otros de corrupción, los que han dado un nuevo impulso a las pesquisas con la 'Operación Hades'. Ésta ha consistido en una quincena de registros en domicilios y empresas en busca de nuevas pruebas sobre el blanqueo de capitales a través de bancos en una docena de países y sobre el origen de dichos fondos supuestamente ligados al cobro de comisiones procedentes de empresas contratistas de la Generalitat. En este caso son ya casi una decena de mercantiles las investigadas. Entre ellas está la ya mencionada Copisa, pero también EMTE, otra empresa de los Sumarroca. El caso, además, ha derivado en la imputación de otros tres hijos de Jordi Pujol, en concreto de Oleguer, Pere y Josep.

El papel de Anticorrupción

Muchas coincidencias en un corto espacio de tiempo que, por ahora, no han provocado problemas. Un hecho que las diversas fuentes policiales consultadas achacan a la labor de Anticorrupción y, en concreto, a que ambos casos sean llevados por los mismos fiscales, Fernando Bermejo y José Grinda. De hecho, fuentes de esta institución aseguran a Vozpópuli que no les consta la existencia de ningún problema "al menos entre los agentes. Si los hay entre los altos mandos no nos ha llegado nada", añaden. De hecho, no es la primera vez que el segundo coordina investigaciones conjuntas de ambos Cuerpos con buenos resultados. Ocurrió en la Operación Pozzaro, un golpe a la Camorra (mafia napolitana) en la que participaron agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y que permitió desmantelar una amplia estructura de blanqueo de capitales en Tenerife a finales de 2011.

La presencia de los mismos fiscales Anticorrupción en ambos casos ha evitado hasta ahora que se produzcan roces. Uno de ellos tiene experiencia en coordinar operaciones conjuntas de Policía y Guardia Civil

En teoría, el propio Ministerio del Interior tiene su propio organismo para evitar roces, el llamado Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), que encabeza el comisario de Policía José Luis Olivera. Curiosamente, éste es uno de los dos altos mandos que en noviembre de 2012 participó en la polémica reunión en la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona en la que se pidió el registro de la sede de CDC en plena precampaña de las elecciones autonómicas de noviembre de 2012 en base a informaciones anónimas. Sobre el papel, es en este centro en el que se deben dilucidar las discrepancias sobre las investigaciones en marcha cuando haya coincidencias de objetivos. Las fuentes consultadas aseguran a este diario que, en el caso del 3% y de los Pujol, aún no ha tenido que intervenir.

Fuentes jurídicas apuntan que la mejor solución para evitar roces que distorsionen unas investigaciones que todos coinciden en señalar que discurren ya "a velocidad de crucero" es unificar todas las causas en un único juzgado. El hecho de que en tres de los cuatro casos en los que hay miembros de los Pujol imputados los fiscales sean los mismos facilita este futura confluencia. Además, en el cuarto, el que se instruye en un juzgado de Barcelona por el origen de la fortuna del clan oculta en Andorra, la magistrada encargado del mismo, Zita Hernández, ya ha pedido inhibirse en su compañero de la Audiencia Nacional José de la Mata, que es quien lleva las pesquisas sobre Jordi Pujol Ferrusola. Estas mismas fuentes destacan que el otro juez de este órgano judicial que instruye una de las causas, Santiago Pedraz, tampoco pondría problemas a pasar el caso sobre el menor de los Pujol, Oleguer, a su colega sobre todo porque los puntos de conexión entre ambos casos son evidentes y el sumario que empezó instruyendo Pablo Ruz y ahora lleva su sustituto fue el primero que se abrió.

Más dudas existen sobre la decisión que tomaría Josep Bosch, el joven juez de El Vendrell que dirige el caso del 3%. En principio, la Fiscalía Anticorrupción no tiene intención de pedir que se unifiquen. Consideran que los puntos de conexión entre ambas causas son ahora pequeños, pero no descartan hacerlo si con el avance de las pesquisas surgen nuevos y, sobre todo, aparecen los Pujol en primera persona. Mientras ese momento llega, la Guardia Civil de Tarragona, con el apoyo de agentes expertos en inteligencia financiera de Madrid, sigue tirando del ovillo de la madeja del 3%. Los policías de la UDEF hacen lo mismo con el clan Pujol. "Tarde o temprano se van a volver a encontrar", insisten en señalar altos mandos policiales consultados convencidos de que ambos hilos son los dos extremos del mismo escándalo.

ALGO MÁS QUE RIVALIDAD

En los últimos dos años se han sucedido los roces entre Policía y Guardia Civil. El último, el pasado mes de febrero, cuando la desarticulación en Málaga de una banda que usaba 'narco-helicópteros' para traer droga desde Marruecos y la captura de su 'capo' francés enfrentan a los dos cuerpos y desemboca en una trifulca entre un comisario y un general en una reunión en Interior. Sólo un mes antes, y tras desvelar Vozpópuli la existencia de una nota interna firmada por los responsables del Instituto armado en la frontera de Huesca con Francia en la que se daban instrucciones a las patrullas de la Benemérita para que 'espiasen' lo que hacían en su demarcación los agentes del otro cuerpo desplegados en labores de extranjería, los sindicatos de Policía enviaron a Mariano Rajoy una queja por escrito.

El origen de este enfrentamiento, que va más allá de la rivalidad, se remonta a febrero de 2013, cuando agentes de ambos cuerpos tuvieron un agrio enfrentamiento sobre a quién le correspondía actuar ante un paquete sospechoso hallado en la sede del Consulado de Francia en Madrid. El suceso se produjo cuando los guardias civiles que se encargaban de la seguridad del edificio impidieron a los técnicos en desactivación de explosivos (Tedax) de la Policía acceder al mismo alegando que la competencia del caso correspondía al Instituto armado. La bronca subió de tono cuando, tras recoger finalmente el paquete sospechoso los agentes de la Policía, un oficial de la Guardia Civil les obligó a entregárselo. Finalmente, fue la Benemérita quien se encargó de analizar el objeto que resultó inofensivo. El incidente obligó aquel día a intervenir a altos cargos de Interior para calmar los ánimos y poner orden.

En diciembre de ese mismo año volvieron a sonar los tambores de guerra. La firma de un acuerdo de cooperación entre la Guardia Civil y un cuerpo policial de Colombia provocó un enorme enfado en el seno del Cuerpo Nacional de Policía, donde se consideraba que con este convenio se invadía un ámbito de su competencia. En este caso, las relaciones internacionales con las fuerzas de seguridad de otros países. El malestar fue aún mayor porque no se tuvo noticia del mismo hasta que el Ministerio colgó en su página web una nota para informar a la prensa. Desde diferentes ámbitos de la Policía se calificó entonces este episodio como el ejemplo más claro de la supuesta política de Jorge Fernández Díaz por favorecer al Instituto armado.

Más recientemente, en mayo de 2014, un aparentemente inofensivo acto protocolario celebrado en Madrid con motivo del Día de la Seguridad Privada desembocó en una nueva gresca. La decisión de Interior de dar en el mismo un importante protagonismo a los representantes del Instituto armado provocó la airada reacción de los representantes sindicales de los policías, que interpretaron la decisión del Ministerio como una prueba más de que el Gobierno del PP restringía "lenta e inexorablemente" su ámbito competencial. Los cuatro sindicatos de la Policía enviaron entonces al propio Fernández Díaz una carta criticando duramente el desarrollo del evento. 

La operación que permitió detener en mayo del año pasado a seis presuntos yihadistas que reclutaban desde Melilla voluntarios para ir a la guerra de Siria también provocó roces. El equipo de Jorge Fernández Díaz forzó a ambos cuerpos a unificar las operaciones independientes que llevaban cada uno sobre la misma 'célula'. Al final, Interior presentó los arrestos como un nuevo éxito de la cooperación, pero fuentes conocedoras del desarrollo de la 'Operación Javer' destacaron entonces a este diario que las tensiones se terminaron traduciendo en que cada cuerpo presentó sus propias diligencias al titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, que fue el que dirigió la investigación.