Publicado: 28/04/2014 04:00
El 'caso Interligare', que investiga las supuesta existencia de una red corrupta para amañar contratos públicos con conexiones en el Ministerio del Interior en la época de Alfredo Pérez Rubalcaba y su sucesor,Antonio Camacho, no deja de crecer. Después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid, Juan Antonio Toro, se hiciera cargo del caso a comienzos de este años tras inhibirse la magistrada que inició el sumario, la investigación ha registrado un importante impulso que incluye la apertura de nuevas líneas de investigación. La última, a finales de la semana pasada, cuando el instructor dictó una provindencia a la que ha tenido acceso este diario por la que ordena recabar abundante documentación sobre la concesión a la empresa que da nombre al caso de una subvención en 2008 de 2,4 millones de euros por parte del Centro para el Desarrollo Teconológico e Industrial (CDTI) cuando éste dependía del Ministerio de Industria y su titular era el socialista Miguel Sebastián. Ese dinero debía servir para llevar a cabo el llamado 'proyecto Tizona', con el que se pretendía crear "una base de datos estratégicos para empresas".
El 'proyecto Tizona' pretendía crear una base de datos a imagen y semejanza de las utilizadas por los servicios secretos pero para uso empresarial
De este modo, el caso sobrepasa el Ministerio del Interior, al que parecía ceñirse, entre otras cosas, por las vinculaciones que Interligare SL tenía con tres ex altos cargos del departamento: Gabriel Fuentes, ex comisario general de Información; Miguel Ángel Fernández Rancaño, ex jefe superior de Policía de Madrid, y el comisario Luis Luengo, ex director de Infraestructuras de Interior. El juez, que con esta decisión recoge la petición que la Fiscalía Anticorrupción le había hecho unos días antes, quiere saber si cuando el CDTI concedió a la pequeña compañía la millonaria ayuda, esta empresa especializada en 'sistemas de inteligencia' estaba al corriente de pago de sus "obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social", requisito imprescindible para recibir este tipo de subvenciones públicas.
Además quiere conocer al detalle qué "personal participó o estaba previsto que participara", sus identidades completas así como el tiempo que intervino cada uno en el proyecto, cuántas horas le dedicaron y cuáles eran sus funciones concretas. El juez también quiere tener en su poder la documentación que Interligare presentó para optar a la ayuda y si el organismo entonces dependiente de Industria, y que actualmente está adscrito al Ministerio de Economía, le ha reclamado alguna de las cantidades que le entregó por el fallido proyecto Tizona. El juez también ha citado a declarar como imputado el próximo 14 de mayo al presidente de Interligare, José Luis Martín Juárez, al que acusa de un delito contra la Hacienda pública.
El programa ahora bajo sospecha había sido presentado en 2008 como un proyecto innovador del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO, también dependiente del Ministerio de Industria) por el que se iba a diseñar y crear una base de datos estratégicos para comercializar a las grandes empresas a nivel mundial ya que permitiría cruzar y analizar cualquier tipo de información, desde listados ¡de sociedades, a archivos de audio, imágenes tomadas por radares o fotografías. Interligare, que se presentaba entonces como una compañía pionera en investigación, diseño y desarrollo de sistemas y tecnologías aplicadas a la disciplina de inteligencia, comparaba dicha estructura con la que pudieran tener las grandes agencias de inteligencia gubernamentales, como la CIA y el CNI, pero en este caso para uso empresarial. Para su puesta en marcha, Interligares iba a trasladar su sede en Aranjuez (Madrid) al centro tencológico que Inteco tenía en León.
Tres proyectos de Interior y uno de Garzón
El proyecto Tizona, sin embargo, nunca se llegó a realizar y el juez quiere saber qué pasó con el dinero que el Estado invirtió en él. Con éste, ya son al menos cinco los contratos públicos concedidos a la empresa sospechosa que investiga el juez Toro. Tres de ellos corresponden a adjudicaciones del propio Ministerio del Interior y el cuarto, a una base de datos sobre fallecidos durante el franquismo que se elaboró para la Audiencia Nacional en 2008 a instancias del entonces juez Baltasar Garzón por un importe de 100.000 euros. Estas cuatro líneas de investigación siguen abiertas. De hecho, en la misma providencia en la que el magistrado solicita la abundante información sobre el proyecto Tizona al CDTI, también reclama a Interior que le remita la documentación técnica que en su día presentaron los responsables de Interligare para justificar que su compañía era la única que "podía suministrar todos los productos requeridos para la ejecución" de los tres contratos destinados a la lucha antiterrorista que encargó.
El juez también ha reclamado ahora a Interior nuevos datos sobre tres contratos adjudicados a Interligare por un importe superior a los 2,4 millones de euros
El primero de éstos era para la instalación de un "sistema integrado de análisis y producción de Inteligencia para la Comisaría General de Información de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil", un proyecto al que Interior destinó 928.000 euros. El segundo era "una herramienta de monitorización, captura y tratamiento en tiempo real de ficheros multimedia, medios audiovisuales y señales de medios de comunicación para el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA)" en el que se invirtieron 696.000 euros. El tercero iba destinado para Secretaria de Estado de Instituciones Penitenciarias y consistía en "un sistema integral de Inteligencia y vigilancia de internos". Fue adjudicado en julio de 2009 por un importe de 809.000 euros. En total, otros 2,4 millones de euros gastados en unos sistemas que, según las declaraciones de los policías que debían haberlos utilizado para su trabajo, resultaron fallidos.
Desde 2011
El caso Interligare se inició hace ya 28 meses. En concreto, el 3 de noviembre de 2011, cuando agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía presentaron una diligencia informe en los juzgados de Aranjuez, localidad del sur de Madrid donde tiene su sede la empresa Interligare, en el que acusaba a los tres altos cargos de Interior de haber falseado documentos oficiales de Hacienda y la Seguridad Social para ocultar las deudas que la compañía tenía con ambos organismos y así poder contratar con Interior y otros ministerios. Fuentes y Rancaño trabajaban en la citada compañía, y Luengo tenía dos hijos en la empresa, además de ser el encargado de firmar las concesiones en el Ministerio.
La magistrada que abrió el caso lo mantuvo durante meses en secreto mientras intentaba a toda consta inhibirse en otro juzgado. Al final lo consiguió
Con aquella entrega de documentación, los miembros de la UDEF solicitaron ya entonces a la magistrada que dictase una orden de detención contra los tres acusados. Sin embargo, la jueza hizo oídos sordos a la petición e, incluso, intentó apartarse del caso. De hecho, el 17 de noviembre de 2011, dos semanas después de recibir la denuncian, se inhibió a favor de los juzgados de instrucción de la Plaza de Castilla. Éstos le devolvieron la causa el 2 de diciembre, y la magistrada recurrió la decisión a la Audiencia Provincial de Madrid, que falló que era la magistrada de Aranjuez quien debía hacerse cargo de la investigación. Tan pronto como la denuncia volvió a su juzgado, ésta decretó el secreto de sumario, situación en la que se mantuvo durante meses.
El caso saltó a la luz pública después de que el diario El Mundo destapase en agosto de 2012 la existencia del informe de la UDEF. Desde entonces, los tres altos cargos de la Policía han negado los hechos de los que les acusan y han achacado la realización del informe a un “ajuste de cuentas” entre agentes, con ellos como víctimas. El caso interligare pronto costó el puesto a varios mandos policiales. Primero, frustró el nombramiento de uno de los acusados, Gabriel Fuentes, como asesor del que era entonces secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, para el que ya trabajaba entonces de forma no oficial
Amenazas y coacciones
Además, la Dirección General de la Policía, que siempre ha asegurado que el caso se limita a una pelea entre clanes policiales y que el informe que permitió abrir la causa se hizo al margen de la cadena de mando, ordenó a la unidad de Asuntos Internos, que investiga la corrupción en el Cuerpo, iniciar pesquisas sobre los agentes que firmaban el polémico informe. Finalmente, este grupo denunció al inspector jefe Jaime Barrado, principal responsable del mismo, por amenazas y coacciones ante el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid. Acusaciones a las que sumó posteriormente la de revelación de secretos oficiales al considerar que había sido él quien había filtrado el documento policial a la prensa.
El mando policial que inició la investigación está acusado de amenazas, coacciones y revelación de secretos por su actuación en la causa
El caso también salpicó al entorno más cercano al actual director general de la Policía, Ignacio Cosidó. Su jefe de gabinete, el inspector Pedro Agudo, a quien supuestamente se dirigió el inspector jefe Barrado al poco de llegar el PP al poder para exigir ser repuesto en su destino porque estaba a punto de concluir la investigación, dimitió de su cargo y fue destinado a un puesto en el extranjero. El propio Cosidó, que siempre ha mantenido el más absoluto silencio sobre el asunto, se vio salpicado después de que Vozpópuli revelase que cuando aún era diputado de la oposición hizo en el Congreso una pregunta por escrito y dos solicitudes de informe para conocer la relación de la Administración con la empresa Interligare.
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