Publicado: 03/09/2015 12:25
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado el recurso de apelación contra la decisión del juez Fernando Andreu de dar capertazo a la causa donde se investigaba a diez policías acusados por favorecer a la mafia china liderada por el empresario Gao Ping, la conocida como trama Emperador.
Tal y como adelantó Vozpópuli, en el departamento que dirige el fiscal Antonio Salinas causó sorpresa el sobreseimiento libre decretado por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional sobre los presuntos cohechos, dádivas y prevaricaciones que los agentes imputados habrían cometido en el marco de esta causa.
En el recurso de apelación de 88 folios presentado ante la Sala de lo Penal, los fiscales del caso José Grinda y Juan José Rosa sostienen que Andreu ha cometido "errores" en su auto de archivo y que tiene "un desconocimiento de la labor que llevaba el Cuerpo Nacional de Policía" en la trama Emperador donde "funcionarios policiales en el ejercicio de sus funciones mantenían relaciones estables con miembros de la comunidad china integrantes de la organización criminal investigada".
En el documento, la Fiscalía pide procesar y llevar a juicio al inspector Federico Sánchez de Frutos, actualmente en segunda actividad y que fue jefe en la Brigada de Extranjería de Madrid; el comisario jefe de Extranjería de Madrid Ángel Luis Olmedo; al policía Blas Donoso Adán, que estuvo destinado en la Brigada de Extranjería de Fuenlabrada; al policía local de Fuenlabrada Mario José Selas; los agentes Manuel Patricio Rodríguez San Román, Óscar Francisco García y Miguel Ángel Gómez Gordo; y el guardia civil Pablo José Jiménez.
El Ministerio Público tan sólo comparte el archivo de las actuaciones para los policías Roberto Ruiz Ortega y José Pablo Roldán, contra los que no aprecian indicios de criminalidad.
"No es un jamón o un bolso"
A lo largo de su extenso recurso, Anticorrupción enumera todos los indicios de delito que pesan contra los citados policías y concluye que no se les imputa "por el mero hecho de haber recibido un jamón o un bolso". "La imputación se realiza porque se cumplen los requisitos legales del Código Penal junto con las exigencias de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Ambas fuentes del ordenamiento jurídico buscan, exigen, la adecuación de la función pública a los intereses públicos y no a los particulares", añade la Fiscalía.
"Los límites socialmente aceptados son claramente traspasados por los imputados tanto por la reiteración de los regalos y dádivas, por su importancia económica al tratarse de regalos lejos del poder adquisitivo de las economías medias españolas (que, por ejemplo, no pueden permitirse acudir tres veces en un breve plazo al estadio Santiago Bernabéu) y por la implicación de terceras personas y familiares de los funcionarios", recalcan los fiscales que recuerdan que los agentes investigados y sus familiares recibieron en ocasiones bolsos de la trama, billetes para volar en business desde Pekín, entradas para ir al palco del Bernabéu a ver al Real Madrid, cajas de vinos, jamones o entradas para los toros.
Un informe que no solicitó ni juez ni fiscal
Por otro lado, los fiscales del caso critican especialmente que el instructor haya basado el sobreseimiento de la causa respecto al inspector de la Policía Nacional Miguel Ángel Gómez Gordo únicamente en un escrito firmado por el comisario general de Policía Judicial el pasado 28 de julio, siendo dicho informe emitido "sin que se le hubiera solicitado por el juzgado ni la Fiscalía".
En contraposición, Anticorrupción subraya que "consta en las actuaciones numerosos informes tanto de UDEF como de UDYCO en los que se menciona el carácter delictivo de la relación del señor Gómez con algunos imputados". Además, Anticorrupción manifiesta que dicho comisario, que "ni siquiera estaba ocupando el mencionado cargo" cuando se llevó a cabo la presente investigación, "no analiza ni una sola intervención telefónica y no razona por qué llega a esa conclusión".
Ahora, será la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que deberá decidir si estima el recurso de la Fiscalía y revoca en consecuencia el archivo decretado por Andreu o, si por el contrario, mantiene el sobreseimiento de esta pieza separada del caso Emperador.
Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.