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España

Venganza policial en el caso Emperador: un inspector acusa a una compañera de falsedad

Gao Ping, cabecilla de la mafia china

La investigación a la mafia china en España que capitaneaba el empresario Gao Ping, el denominado caso Emperador, puede cobrarse una nueva víctima. En esta ocasión, se trata de una inspectora de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) que habría cometido un supuesto error en la investigación que llevó a cabo sobre el inspector del Cuerpo Nacional de Policía, Miguel Ángel Gómez Gordo, hasta hace unos días imputado en la Audiencia Nacional por favorecer presuntamente a la trama corrupta.

Su imputación se archivó el pasado 7 de agosto, cuando el juez Fernando Andreu, instructor de esta causa, dictó en un auto el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto a Gómez Gordo y otros nueve agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

La defensa de Gómez Gordo argumentó que la inspectora había incurrido en un delito de falsedad

Según ha podido saber Vozpópuli, la defensa de Gómez Gordo – al que un escrito del Comisario General de Policía Judicial exoneró de cualquier participación delictiva en la citada trama de corrupción- denunció ante el juez Andreu que dicha inspectora de la Udyco había atribuido la titularidad de un número de móvil a su cliente cuando en realidad no era suyo.

Fuentes de la investigación explican que en una fotocopia incautada del permiso de residencia de uno de los lugartenientes de Gao Ping, del chino Yongping Xia, apareció escrito a mano un número de móvil junto al nombre de "Miguel Ángel".

Una posible falta administrativa

Posteriormente, la inspectora de la Udyco recogió en un anexo de uno de sus informes entregados al Juzgado de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional que ese teléfono correspondía al inspector Gómez Gordo y que desde ese número se habían agilizado numerosos expedientes de ciudadanos chinos vinculados a Gao Ping.

La defensa del inspector de Policía presentó entonces un escrito solicitando al juez Andreu que procediese contra la firmante de dicho informe por un posible delito de falsedad. Posteriormente, la inspectora de la Unidad de Crimen Organizado rectificó y pidió al juzgado eliminar dicho anexo de la causa.

Según informan fuentes jurídicas, el magistrado ha descartado que la instructora de la Udyco haya cometido ningún delito pero ha puesto estos hechos en conocimiento de la Dirección General de Policía para valorar si se le debe abrir un expediente por una falta administrativa.

Esta decisión adoptada por Andreu no ha sido vista con buenos ojos por parte de la Fiscalía Anticorrupción que va a recurrir el archivo de la causa sobre los policías y que entiende que el juez ni siquiera ha pedido que se investigue la titularidad de esa línea telefónica antes de remitir los hechos a la Dirección General de Policía.

Al haber derivado el instructor estos hechos a la Dirección de la Policía será ahora el departamento que encabeza Ignacio Cosidó el que deberá decidir si se sanciona o no a la agente de la Udyco por estos hechos.

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