Cursos de peluquería a precio de master: la Junta gastó 5.800 € en cada alumno de la Operación Edu

Subvenciones de más de 1,5 millones de euros, 17 empresas y unas enseñanzas que dejaban mucho que desear. La 'Óperación Edu', la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía sobre el supuesto fraude en los cursos de formación para parados, revela que la Junta de Andalucía pagó sin ningún tipo de control cursos de ínfima calidad de peluquería, ebanistería, informática o cocina a precios de master de alto nivel. El último informe policial elaborado para la causa, y al que ha tenido acceso Vozpópuli, revela que las mercantiles bajo sospecha dieron clases a un total de 262 desempleados, por lo que el coste final para las arcas públicas por cada uno de éstos fue de 5.800 euros, según las estimaciones realizadas por este diario. El documento de la UDEF recoge además las declaraciones de 215 de estos desempleados en las que una inmensa mayoría de ellos coinciden en criticar la calidad de la enseñanza y destapan numerosas irregularidades.

Algunas empresas no sólo falsearon el listado de alumnos, sino que también incluyeron docentes 'fantasmas' para "inflar el gasto" que pasaban a la Junta

El informe detalla que, de las 17 empresas investigadas por la adjudicación de diciembre de 2010 del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de Málaga, tres (Actuaciones Formativas 2000 SL, Centro de Formación Gasset SL y Formación Hostelera del Sur SL) ni siquiera entregaron a la Junta el listado de los alumnos a los que supuestamente impartieron la formación pese a ser una condición obligatoria para recibir la subvención. Las restantes facilitaron las identidades de 262. De ellos, 37 están ilocalizables, principalmente porque residen en el extranjero o en otras provincias distintas a la de Málaga. De los 225 finalmente citados, diez no acudieron a la comisaría cuando se les llamó a declarar. Finalmente, los agentes de la UDEF pudieron interrogar a 215 personas entre el 7 y el 11 de abril pasado.

Algo parecido ocurrió con los tutores o profesores de los cursos. Se identificó a 56 pero sólo se citó a 34 ya que los restantes eran los propios administradores de los centros de formación o familiares de los mismos, y la Policía decidió postergar su interrogatorio "ante las posibles futuras responsabilidades que sobre los mismos se pudiesen derivar a la vista de lo plasmado a lo largo de la presente investigación". Las declaraciones de los que finalmente acudieron a hablar con la Policía confirman buena parte de las irregularidades detalladas por los alumnos e, incluso, otras nuevas, como la supuesta suplantación de algunos de ellos, que figuran en la documentación como docentes cuando nunca habían participado en dichos cursos. La UDEF concluye que las empresas hicieron esto "con el fin de inflar ilícitamente el gasto justificado en docencia".

Partes falsos de asistencia

En el caso de los alumnos, el informe recoge numerosos casos en los que se produjeron "falsedad en el cumplimiento de los partes diarios de asistencia consintiéndose incluso ausencias prolongadas no justificadas o que personas que no terminaron el curso fuesen computadas a efectos de justificación". Además, la Policía destaca que algunos dueños de las empresas se aprovechaban de la situación de desempleo de larga duración de muchos de los asistentes para amenazarles "con la presencia de un inspector de la Junta por lo que debían asistir y permanecer en el curso para que les pudiese ofrecer el contrato, tratando así de evitar que los alumnos abandonasen el curso por las irregularidades o falta de profesionalidad de los mismos".

El dueño de una de las empresas investigadas celebraba barbacoas en las que "fanfarroneaba que pagaba la Junta de Andalucía"

Además, en ocasiones los responsables de las clases "les presionaban para que el material que debería ser aportado por los organizadores con cargo al curso lo comprasen los alumnos al encargado del curso". En otros casos, "las prácticas no se realizaban y en ocasiones se hacía con cargo a los propios alumnos". La UDEF ha detectado que, incluso, en algunas ocasiones los parados asistentes a los cursos eran "empleados para las tareas profesionales particulares o privadas de las empresas beneficiarias en actividades ajenas al propio curso desarrollado". En la mayoría de los casos, sin recibir ningún tipo de contraprestación económica a cambio.

Éste es, presuntamente, el caso del curso impartido por el Centro de Formación Profesional Feijo SL, que recibió una subvención de 131.625 euros por impartir enseñanzas de "soldador de estructuras metálicas ligeras" a una quincena de alumnos. Algunos de estos detallaron a la Policía que tuvieron que realizar "unas obras internas dentro de la nave taller que no eran relacionadas con las prácticas del curso, sino más bien con una reforma de albañilería. Incluso llegaron a mandarnos pintar la nave y maquinaria". Este mismo alumno aseguró que también estuvieron realizando "pedidos de trabajo para clientes de la empresa" con la promesa de que al terminar el periodo de enseñanza se le contrataría". Nunca ocurrió. Según relató, el responsable de la empresa "organizaba barbacoas en su domicilio y en la misma empresa fanfarroneando que pagaba la Junta de Andalucía".

Camareros para bodas

También trabajos para la empresa realizaron los asistentes al curso de "servicio de bar y cafetería" que impartió la empresa Formación e Inserción Málaga SL. Ésta recibió de la Junta 60.390 euros para formar a nueve parados, muchos de los cuales denunciaron a la UDEF que cuando los salones donde recibían el curso tenían algún banquete de boda, "los usaban como camareros pagándoles entre 30 y 50 euros". Uno, incluso, señaló que ésta era una práctica habitual y que "los fines de semana eran los alumnos los que se encargaban de montar las mesas para los eventos particulares". Varios llegaron a calificar las enseñanzas que les impartieron como "una tomadura de pelo" en las que los tutores que las impartían "no parecían profesionales de la enseñanza, sino más bien camareros de bares y restaurantes por la forma de expresarse".

Alumnos de peluquería denuncian que la academia les obligó a comprarle peines y secadores pese a que el material estaba incluido en el curso

Otro caso llamativo es el de la Academia Nena Sol SL, quien consiguió de la Junta un subvención de 105.750 euros para impartir un curso de "peluquero" de 1.175 horas lectivas a 15 alumnos. Muchos de los asistentes coincidieron en asegurar a los agentes de la UDEF que la enseñanzas que recibieron "no reunían todas las condiciones de un curso completo en dicho material" y denunciaron que se les 'invitaba' a comprar el material necesario para el mismo, como "secador, plancha de pelo, maquinillas de corte y peines" a la propia academia pese a que el mismo debía ser facilitado gratuitamente. Uno de los asistentes llegó a afirmar que si no lo hacían, la propietaria del centro "se enojaba". Algunas, incluso, destacaron que "los profesores no estaban muy capacitados y las instalaciones no eran las adecuadas".

Quejas similares expusieron a los agentes los alumnos que recibieron el curso de "programador de aplicaciones informáticas" que impartió el Grupo Alce Formación SL. La Junta entregó a esta empresa 98.940 euros para que formara a 17 alumnos durante 950 horas lectivas. Sin embargo, uno de los parados que asistieron al mismo aseguró que se pasaban gran parte de las clases "navegando por internet". Otros destacaban que "el nivel era muy bajo" o que "el curso no reunía las características técnicas exigidas". De hecho, las clases finales las dieron dos alumnos que habían recibido el curso con anterioridad. Uno de los desempleados aseguró que uno de los docentes "de informática no sabía nada y sólo hablaba de política".