El día que la 'mafia del agua' estuvo a punto de quedar impune

Viernes, 13 de febrero de 2015. La Fiscalía Anticorrupción da el primer paso para poner en marcha la 'Operación Frontino'. Ese día envía a la Audiencia Nacional un escrito de 48 folios. Es la querella que, tras meses de investigación de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recoge los primeros indicios sobre la existencia de una trama de corrupción en la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA (Acuamed). El escrito detalla hasta una docena de grandes obras hidráulicas en las que se han detectado supuestos amaños. Sin embargo, sólo cinco días después, se encontraron con un impedimento inesperado. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, que era el en el que había recaído la denuncia, decidió archivarla. La investigación que sólo once meses después permitiría desmantelar la que se ha dado en llamar 'mafia del agua' estuvo a punto de morir antes siquiera de empezar. Un recurso y la posterior decisión de tres magistradas de la Audiencia Nacional obligaban semanas después al juez Velasco a volver a abrir el sumario. El mayor golpe contra la corrupción en una empresa pública se había salvado en la campana.

El juez Velasco, entonces enfrascado en el 'caso Púnica' consideró en un primer momento que los pufos de Acuamed no suponían "una grave repercusión" a la economía nacional pese a sus cifras millonarias

Así se recoge en los primeros tomos del sumario, a los que ha tenido acceso Vozpópuli, y en los que figuran los escritos de esa pugna judicial entre Anticorrupción y el magistrado para poner en marcha la causa. El primero es, de hecho, la querella de cerca de medio centenar de folios que firmaba la fiscal Ana Cuenca y en la que ya señalaba a cinco personas como presuntos implicados, entre ellos el director general de Acuamed y presunto cabecilla, Arcadio Mateo, y su 'número 2', Gabriela Mañueco, además de al empresario Nicolás Steiggman. En la misma, se destacaba también que el origen de todas las pesquisas eran las denuncias que había presentado Francisco Valiente -alto cargo de la compañía que terminó siendo despedido por destapar el escándalo- "desde el mes de marzo de 2013 hasta el mes de abril de 2014, describiendo la existencia de numerosas y graves irregularidades en los procesos de contratación, ejecución y liquidación de diversas obras por parte de altos cargos de Acuamed". El aquel escrito ya destacaba que sólo una de las obras hidráulicas investigadas superaba los 190 millones de inversión, y que el conjunto de las doce sobre las que ya entonces había sospechas de irregularidades se acercaban a los 550 millones de euros.

Con estas cifras, Anticorrupción consideraba que el órgano judicial competente para investigar era la Audiencia Nacional, ya que las mismas reflejaban que los hechos suponían "una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia". Sin embargo, el juez Velasco, en el que recayó la querella el martes 17 de febrero de 2015 no opinó lo mismo y sólo 24 horas después de tenerla sobre su mesa dictaba un auto por el que ordenaba el archivo de las diligencias previas al considerar que los hechos que se investigaban no tenían entidad suficiente para ser asumidos por la Audiencia Nacional. El magistrado, que entonces estaba enfrascado en la 'Operación Púnica' que sólo tres meses y medio antes había provocado un enorme revuelo mediático tras la detención de medio centenar de personas, entre ellos cargos públicos y ex dirigentes políticos como Francisco Granados, despachaba en un escrito de cinco folios los planteamientos de Anticorrupción y rechazaba la competencia para instruir la investigación, y ordenaba el archivo de las diligencias. Entre los argumentos para hacerlo, Velasco destacaba que de los hechos expuestos por la fiscal no se podía deducir la existencia de una "organización criminal" que estuviera actuando ni que la defraudación presentase una importancia que supusiera "una tan grave repercusión en el ámbito nacional". De hecho, circunscribía los hechos únicamente a la Comunidad Valenciana.

Trocearlo en siete

La decisión del magistrado obligaba a 'trocear' la investigación y remitir la parte correspondiente a la causa a un juzgado diferente de la provincia donde se hubiera ejecutado las obras. En aquel momento, siete: Valencia, Almería, Murcia, Tarragona, Alicante, Castellón y Madrid. Por ello, la respuesta de Anticorrupción no se hizo esperar. El 23 de febrero, una semana después de la decisión del magistrado, la fiscal del caso presentaba un recurso de apelación de nueve folios en el reclama la reapertura de la causa y que la Audiencia Nacional asumiera su instrucción. En el mismo, se insistía en la necesidad de que se hiciera cargo de las pesquisas "un único órgano central que es el que dispone de mejores medios para culminar en el menor tiempo posible la misma y realización de los hechos en territorios de distintas audiencias, siendo imposible que un órgano judicial de cualquiera de estas provincias asuma la investigación total de los hechos". Además, elevaba hasta los 774 millones de euros el importe de las obras bajo sospechas, cantidad que consideraba de "entidad suficiente como para afectar a la seguridad del tráfico mercantil y a la economía nacional". Anticorrupción comparaba el caso, precisamente, con la 'Operación Púnica' que entonces instruía el propio juez Velasco.

La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional obligó al juez Velasco a reabrir el 'caso Acuamed' porque trocearlo en diferentes juzgados provinciales podía provocar "impunidades"

El escrito de la Fiscalía llevó a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a pronunciarse días después. El 3 de marzo, las magistradas Ángela Murillo, Teresa Palacios y Carmen González dictaban un auto en el que estimaban el recurso de Anticorrupción y ordenaban al juez Velasco reabrir el caso. Entre sus argumentos, señalaban la relevancia del importe de las obras investigadas, una de las cuales, la desaladora de Torrevieja, ya apuntaba a la existencia de unos sobrescostes por encima de los 227 millones de euros. Además, consideraban que 'trocear' la investigación para remitir cada parte a un juzgado provincial podía ser perjudicial "por motivos de utilidad práctica, pues la dispersión de procedimientos [...], aparte de propiciar soluciones diferentes a un mismo fenómeno delictivo, pudiera acarrear dilaciones procesales e inc1uso impunidades en materias sensibles por su potencial repercusión a la economía nacional". Ese mismo día el juez Velasco dictaba un auto por el que ordenaba la reapertura del caso. Poco más de diez meses después, ordenaba la detención de 13 personas, de las que cinco eran enviadas a prisión. Hoy, en la causa se investigan ya 19 contratos y la propia Unión Europea ha mostrado su intención de realizar sus propias pesquisas ya que gran parte de las obras bajo sospechas fueron financiadas con fondos comunitarios. La 'mafia del agua' estuvo a punto de quedar impune aquel 18 de febrero de 2015, pero ahora está contra las cuerdas.