Ofensiva contra la "privatización encubierta" del Canal de Isabel II

Sindicatos, partidos políticos, ecologistas y asociaciones de vecinos han iniciado una campaña contra lo que consideran una privatización encubierta del Canal de Isabel II de Madrid, que ha anunciado una emisión de bonos por valor de 600 millones de euros.

La empresa Canal de Isabel II Gestión aprobará en su próxima junta del día 3 la emisión de bonos. El presidente del Canal, Salvador Victoria, dijo recientemente que es una operación de refinanciación de deuda que busca ahorrar entre 5 y 10 millones de euros.

La campaña contra la salida de los bonos se lleva en varios frentes. Por una parte, la Asamblea de Madrid celebró una dura sesión el pasado jueves en la que UPyD exigió al presidente del Canal, el consejero de Presidencia, Salvador Victoria, explicaciones sobre el destino de ese dinero. La diputada Elvira García Piñeiro pidió “una mínima luz acerca de la futura emisión de bonos de la que nada se conoce, a pesar de las importantes consecuencias que puede tener”.

UPyD se quejó de la nula transparencia del Canal de Isabel II, “al sustraer información de los motivos a que obedece la emisión de bonos que será aprobada en la junta de accionistas”. Pidió conocer sus condiciones y otros extremos “que permitan valorar si se trata de una operación ventajosa para el interés general que debe perseguir”. Amparo Valcarce (PSOE) dijo en la misma sesión que la situación es “muy grave y una barbaridad cuando el Canal no ha tenido nunca dificultad para financiarse”.

UPyD se quejó de la nula transparencia del Canal de Isabel II y exigió al presidente del Canal explicaciones sobre el destino del dinero

“Es –dijo Valcarce- una privatización blanda porque teóricamente los bonos no son convertibles en acciones, pero se abre la puerta para que entren los socios institucionales vía control de la deuda”.

Valcarce cree que hacer que los bonos sean convertibles en acciones es el siguiente paso. La diputada socialista recuerda a los inversores que el PSOE ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma que creó la empresa Canal Gestión. “A seis meses de las elecciones quieren privatizar con hechos consumados”, añadió.

Acciones de la Plataforma

Por otra parte, este lunes la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II organizó un acto protesta en el Ateneo en el que se presentó el libro Más claro agua, el Plan de Saqueo del Canal de Isabel II, escrito por la Marea Azul. Los organizadores del acto y miembros de la plataforma exigen una gestión del agua pública, transparente y participativa y rechazan operaciones como la salida de estos bonos al mercado.

La Plataforma ha puesto en circulación el texto de un acuerdo “para comprometer a los partidos, organizaciones políticas, sindicatos, asociaciones de vecinos y consumidores, organizaciones sociales, asambleas del 15-M y ciudadanos en general, a que detengan el proceso de privatización del Canal”.

La Plataforma pide que se establezca un modelo "basado en la gestión pública al 100%"

Su pretensión es que se establezca un nuevo modelo “basado en la gestión pública 100%, en la no mercantilización del servicio, en la transparencia, la sostenibilidad, la participación ciudadana y en la prestación de un servicio de calidad, respetuoso con el medio ambiente”.

La próxima acción será una concentración en la Puerta del Sol el próximo domingo a las 12 horas “contra la mercantilización de un derecho humano como es el agua”. Los organizadores creen que la aprobación de la emisión de bonos en el mercado de la deuda por 600 millones de euros para, supuestamente, invertir en infraestructuras, es una privatización encubierta. Dicen que la operación sólo beneficia a las multinacionales del sector y a los fondos buitre.

Fuentes de CCOO indicaron que “desde que en 2011 se creara la Sociedad Anónima Canal Gestión, el Partido Popular ha conseguido que la deuda de la empresa ascienda a 1.168 millones de euros, gracias a movimientos como la compra de Inalsa, con una deuda acumulada de 100 millones de euros”.

“A pesar de que los beneficios en este mismo periodo han ascendido a un 43%, -explican- no se han realizado inversiones en infraestructuras. Más bien al contrario: el gasto de esta partida ha decrecido un 56%, la de personal un 12,5% y los beneficios generados han sido repartidos entre los accionistas casi en su totalidad”.