Los 86 titulares de las tarjetas opacas sólo pagarán con el sonrojo público

Pagar a cargo de la tarjeta de la empresa gastos en helados de 1.543 euros como hizo Miguel Blesa o cargar un corte de pelo de 286 euros cuando la compañía está al borde de la quiebra ha provocado una indignación generalizada. Facturar a una tarjeta opaca al fisco compras de 2.080 euros en Ikea para el domicilio particular como hizo el Jefe de la Casa Real, Rafael Spottorno, o hacer que la empresa pague la suscripción de Canal Satélite Digital en el domicilio particular o incluso la compra de un Metrobus como hizo el número dos de la caja es sencillamente inmoral. Otra cuestión es si es ilegal. La Audiencia Nacional va a comenzar este jueves a responder esa pregunta y las compras y cargos conocidos esta semana refuerzan la sensación entre los abogados de la causa de que los 86 directivos que han abusado de sus cuentas pueden irse a casa sin más pena que el sonrojo público.

Los abogados que preparan las acusaciones en nombre de ADICAE y UPyD personados ya en el caso de las tarjetas reconocen la dificultad de probar el primer cargo de apropiación indebida por parte de los titulares de las tarjetas y todavía más complejo probar el delito fiscal ya que el diseño de las tarjetas impide que nadie cobre por ellas más de 120.000 euros al año, la cifra que constituye delito ante la Hacienda Pública.

El diseño de las tarjetas impide que nadie cobre por ellas más de 120.000 euros al año, la cifra que constituye delito ante la Hacienda Pública

La clave para el futuro de la causa está en Bankia y la entidad parece haber comenzado a jugar los dos lados de la partida tanto en lo jurídico como en lo público. En lo jurídico, el equipo de José Ignacio Goirigolzarri se apunta el mérito de haber empujado la investigación unilateralmente. Cuando las tarjetas “black” fueron mencionadas por primera vez el pasado mes de diciembre en los correos electrónicos de Miguel Blesa que aireaba el juez Elpidio Silva, el nuevo presidente de la entidad puso en guardia a su equipo. José Ignacio Goirigolzarri comenzó una investigación internat que ha durado cuatro meses y con la que intentaba esclarecer cuánto se había pagado, a quién y en concepto de qué. Durante unos 120 días, el equipo de Goirigolzarri ha sorteado, relatan fuentes de la entidad, la obstrucción de algunos de esos 86 altos cargos que se han negado a colaborar o que incluso intentaron ocultar la contabilidad de los gastos.

Pero, al mismo tiempo, el nuevo equipo ha jugado la partida contraria al encargar a sus abogados un dictamen que exculpa a los titulares de las tarjetas de todo delito. El bufete de abogados Herbert Smith Freehill emitía un análisis jurídico en el que aseguraba que no se puede demostrar el "dolo" o voluntad delictiva de los beneficiarios de las tarjetas. La entidad justifica ese dictamen con el argumento de que buscaba una segunda opinión y subraya que la Fiscalía Anticorrupción, finalmente, no ha seguido ese dictamen. Sin embargo, ese dictamen puede servir ya como prueba de descargo para los posibles acusados. 

También en el terreno de la gestión pública de la crisis Bankia parece haber estado en los dos lados de la jugada. Bankia ha sido diligente en la entrega de documentación a la Justicia y al FROB y en la condena a lo sucedido. Sin embargo, la entidad también ha concedido a sus ex directivos una cierta ventaja y les notificó que existía la posibilidad de que devolvieran las sumas en litigio, algo que Rodrigo Rato, José Manuel Fernández Norniella, Ildefonso Sánchez Barcoj y Matías Amat podrán alegar ante un tribunal con el argumento de la “reparación voluntaria del daño causado”, señalan fuentes de la causa. Según refleja la documentación remitida por Bankia al fiscal, todos ellos fueron avisados en julio del problema y a todos ellos se les permitió reintegrar el dinero sin litigios.

La única responsabilidad factible, la institucional

La única responsabilidad que, a estas alturas, puede sustanciarse es la institucional, es decir, la de los órganos de Caja Madrid primero y Bankia después que pudieron incurrir en delito societario. Por ese motivo, el juez Andreu ha citado a los responsables de la puesta en marcha y gestión del entramado de tarjetas: Miguel Blesa, Ildefonso Sánchez-Barcoj y Rodrigo Rato. En términos institucionales, el sistema de tarjetas fue una de las formas que sirvieron para descabalgar a Jaime Terceiro de la presidencia de la entidad en septiembre de 1996. Hasta entonces, recuerdan fuentes del antiguo consejo de administración, había tarjetas con un límite escaso de 100.000 pesetas, unos 600 euros, para gastos que debían ser justificados. Pero tras la firma del pacto con CC.OO. e IU, las tarjetas opacas se convirtieron en una forma más de pagarles sus lealtades y se extendieron al resto de consejeros para evitar que algún excluido se sintiera agraviado y denunciara el sistema.

El diseño de ese esquema institucional es el que perseguirán la Fiscalía Anticorrupción y el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, y por él, Rato y Blesa se enfrentan a 10 años de cárcel e inhabilitación por delitos de apropiación indebida y delito societario. Pero, de nuevo, las posibilidades de éxito de la causa son escasas, admiten fuentes de la causa que señalan que los dictámenes de Bankia han llegado a exculpar a Rodrigo Rato en un informe de 7 páginas fechado el pasado 16 de junio enviado al FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) con el argumento de que “estamos ante una conducta en apariencia de naturaleza fundamentalmente omisiva que consiste en tolerar la continuación de un estado de cosas” que limitaría las responsabilidades únicamente a Miguel Blesa. “El designio o génesis, en el sectivo activo o positivo que exige la norma, sería atribuible a quienes inicialmente pudieran haber tomado la decisión en el seno de Caja Madrid”, concluye ese informe.

Así las cosas, los primeros pasos de la causa señalan a un acotamiento de responsabilidades al mínimo en el caso de las tarjetas opacas que podría terminar pagando solamente Miguel Blesa, el único de los cargos públicos señalados que parece haber perdido ya todos los favores políticos. Los otros 85 sospechosos, ahora mismo, van camino de zanjar su deuda con el sonrojo público... si es que lo han sentido.