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España

Una supuesta caja B obliga a Carmena a cerrar los bares de la Policía Municipal

Javier Barbero junto a Andrés Serrano

El mismo día que dejaban de funcionar los tres bares para agentes en las dependencias de Policía Municipal, el Ayuntamiento de Madrid ha dado explicaciones sobre el motivo del cese de la actividad. El delegado del Área de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, y el director general de la Policía Municipal, Andrés Serrano, enviaban este miércoles a la Fiscalía de Madrid diversa documentación referente a estos tres espacios por presuntas irregularidades económicas, como apuntaba Vozpópuli este martes. 

Según han informado desde el propio ayuntamiento, la intención del gobierno local es regularizar estos fondos y hacer visible su compromiso con la transparencia. "De los beneficios de esos bares se generaba una "caja B" de gastos y beneficios, de la cual no se conoce atribución presupuestaria oficial ni de entrada ni de salida", señalan en su página web

La intención del ayuntamiento es restablecer el servicio a medio plazo mediante la convocatoria de un concurso público. Mientras, habrá un servicio de vending

La Dirección General de la Policía Municipal y el propio Área de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento considera que los servicios que se prestaban desde esos bares son necesarios y legítimos siempre que se puedan ofrecer dentro de la estricta legalidad. Mientras se regulariza su situación, han planteado como solución transitoria un servicio de vending en las mismas instalaciones, aunque los responsables han manifestado su "firme intención de restablecer el servicio a medio plazo mediante la convocatoria de un concurso público que habilite a una empresa para prestar el servicio a los agentes". 

Los responsables del ayuntamiento argumentan el cierre bajo la sospecha de que ha habido una actividad económica no legalizada y que los presupuestos de ingresos y gastos han sido gestionados por empleados públicos y se han usado recursos materiales públicos que no han sido fiscalizados por la Intervención General. "Los beneficios de dichos bares están supuestamente ubicados en una caja fuerte de la Subdirección General Económico-Administrativa de la Dirección General de Policía Municipal. La puesta a disposición de esta información a la Fiscalía viene motivada, además, por el hecho de que la regularización de estos fondos sin la correspondiente investigación podría suponer un delito para el funcionario público que lo hiciera", argumentan, dado que los bares son gestionados por auxiliares de Policía y agentes en segunda actividad. 

Andrés Serrano, responsable de la Policía Municipal y nombrado por Manuela Carmena, ha declarado su intención de "defender el buen nombre de la Policía y, por supuesto, de promover alternativas de espacios de encuentro y de descanso para los policías que usaban los 'bares'". 

Favorables pero esperando la reapertura

Por su parte los representantes sindicales se han mostrado favorables a la postura de regularizar la contabilidad de estas dependencias, pero reclaman al consistorio no solo que se reabran pronto sino que además se amplíe el número de ellas, ya que, según sus normativas, los agentes municipales madrileños no pueden acudir a establecimientos comerciales de este u otro tipo en sus horarios de servicio, ya que de hacerlo podría suponerles la apertura de un expediente. 

Los sindicatos son partidarios de que se sanee el funcionamiento de los bares pero piden que se reabran cuanto antes

Carlos Bahón, respresentante de la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU), pedía este miércoles que se regularice la situación de estos bares a través de una concesión por concurso, como ocurre con los de la Policía Nacional, Guardia Civil y otros cuerpos administrativos, ya que "los agentes necesitan un lugar de descanso y cafetería, como cualquier otro colectivo de la administración", según recoge Europa Press. 

Por su parte Julián Leal, del sindicato mayoritario CPPM, se sorprendía de que esta actuación nunca se hubiera llevado a cabo, teniendo en cuenta que los bares llevan funcionando desde hace muchos años. Además, advertía de que no se iban a conformar con la instalación de máquinas de vending, ya que desean un servicio con personal. 

Por último, Juan José Higueras, secretario general de UPM, también es partidario de que se depuren responsabilidades, ya que los bares "no estaban funcionando correctamente en cuanto a los servicios, la fiscalidad, la finalidad de recaudación y el modo de gestión contable". Al igual que sus compañeros sindicales, espera que se saneen para después reabrirse de forma correcta. 

Los tres representantes consultados critican, especialmente, que la decisión del cierre se haya tomado antes de argumentar los motivos y con tanta premura, ya que empezó a circular el lunes por la tarde y el martes fue el último día de servicio de los tres bares. 

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