La oposición en Madrid pide a Ana Botella ceses en la Empresa Municipal de la Vivienda o su dimisión

Los contratos que el ayuntamiento de Madrid está firmando con constructoras y promotoras inmobiliarias han llevado a los grupos de la oposición a exigir responsabilidades políticas. “O Ana Botella cesa a los responsables de esos contratos en un día o es ella la que tiene que dimitir”, asegura el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Antonio Miguel Carmona. Los socialistas denuncian que las cláusulas del contrato por las que el consistorio se compromete a desalojar a las familias de viviendas protegidas prueban que “es un ayuntamiento que trabaja para las empresas, una clara muestra de prevaricación”, concluye Carmona.

“Es un ayuntamiento que trabaja para las empresas, una clara muestra de prevaricación”, denuncia el socialista Carmona

Por su parte, Izquierda Unida denuncia que el contrato con Renta Corporación publicado por Vozpópuli es parte de un patrón que se está extendiendo con idénticas disposiciones a todas las promociones en manos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS). Según Izquierda Unida, el ayuntamiento vulnera la ley ya que la legislación actual sólo permite “la venta de todo el edificio a sociedades que tengan por objeto su destino al alquiler”, asegura la formación. Según IU, las cláusulas de ese contrato son las mismas que se han firmado con otros fondos buitres para la adquisición de viviendas en la capital.

Una práctica generalizada

Oficialmente, la Empresa Municipal de la Vivienda sigue guardando silencio. Sin embargo, miembros de su consejo de administración aseguran que el Ayuntamiento ha vendido ya 18 promociones con 1.860 pisos a fondos buitres con el objetivo de ingresar 127,5 millones de euros. Eso significa que el consistorio está vendiendo cada vivienda a un precio medio de 68.548 euros. Paradójicamente, eso significa vender entre un 40 y un 70% por debajo del valor que el propio ayuntamiento atribuye a esas viviendas ya que en las disposiciones del contrato al que ha tenido acceso Vozpópuli, el consistorio atribuye a los pisos valores que no bajan en ningún caso de los 100.000 euros.

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Los partidos de la oposición piden explicaciones oficiales a una alcaldesa que tiene en la huelga de basuras su más urgente problema político pero a la que se demandan también soluciones en los demás frentes abiertos.