Caso Lezo La Audiencia Nacional sospecha que González "maneja una cantidad ingente de dinero de origen delictivo"

La Sala de la Penal confirma la decisión del juez Manuel García-Castellón de mantener en prisión al expresidente de la Comunidad de Madrid.

Ignacio González
Ignacio González EFE

La Sección Cuarta de Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del magistrado Manuel García-Castellón de mantener en la cárcel al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Y lo hace porque hay indicios claros de que el exdirigente del PP "maneja una cantidad ingente de dinero de origen delictivo".

De esta forma, la Sala de lo Penal rechaza el recurso presentado por el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González para salir de prisión, donde se encuentra desde el pasado 21 de abril por su presunta implicación el "Operación Lezo", al entender que "asistimos a una progresiva cristalización de los diferentes indicios de criminalidad".

De esta manera, la Sala confirma la prisión incondicional acordada por el Juzgado Central de Instrucción 6 y rechaza por segunda vez la solicitud de excarcelación de González, quien entendía que no existía riesgo real de fuga ni peligro de destrucción u ocultación de pruebas.

Sin riesgo de fuga

Añadía que no posee medios económicos en el extranjero con los que emprender nueva vida en Sudamérica, así como que tampoco se había tenido en cuenta su arraigo personal y familiar en España.

Los magistrados detallan los delitos que se le atribuyen al expresidente de la Comunidad de Madrid y señalan que a mayor gravedad de la pena que se le pudiera imponer "más intensa puede ser la tentación de la huida y mayor el perjuicio que, en caso de materializarse la fuga, sufriría la finalidad de preservar la acción de la Justicia".

Subraya el Tribunal que la única circunstancia nueva que concurre en este caso es el levantamiento parcial del secreto de las actuaciones, que ha permitido conocer, tal y como dice el fiscal, cómo González proyectó inversiones millonarias en sociedades presuntamente destinadas a blanquear dinero y, "sin embargo, en el recurso nada se dice de eso".

En este sentido, agregan que "estas inversiones, absolutamente incompatibles con la capacidad económica del recluso constituyen un indicio claro de que el investigado maneja una cantidad ingente de fondos de origen delictivo, lo que sin duda incrementa notablemente el riesgo de fuga".

Lo mismo suceden, afirman, respecto del riesgo de ocultación o destrucción de pruebas, ya que la investigación no ha concluido aún, habiéndose intervenido importantes fuentes de prueba que están siendo analizadas y sin que se pueda descarta que surjan otras nuevas, persistiendo, por tanto, dicen, ese riesgo.


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