Independencia de Cataluña La Audiencia Nacional confirma que Lamela puede investigar la sedición

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal confirma también la decisión de la instructora de reclamar los datos bancarios de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural: “Hay sobradas razones para llevar a cabo tal investigación”

Carmen Lamela, jueza de la Audiencia Nacional
Carmen Lamela, jueza de la Audiencia Nacional CGP

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado que la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela puede investigar el delito de sedición cometido por el “brazo social” del ‘procés’’ Jordi Cuixart y Jordi Sánchez.

“Pocas dudas podemos tener de que los hechos investigados, valorados provisionalmente, no constituyen un hecho aislado, sino que responden a una estrategia diseñada por los máximos responsables institucionales del Gobierno y Parlamento catalán, en connivencia con los dirigentes de los movimientos y colectivos de la sociedad civil como ANC y Òmnium Cultural, para subvertir gravemente el orden constitucional, desobedeciendo sistemáticamente las resoluciones de los tribunales”, especifica el auto avalado por cuatro magistrados de la Sección Segunda.

Los magistrados María José Rodríguez Duplá, Ángel Hurtado, Julio de Diego y Juan Pablo González, con el voto particular de José Ricardo de Prada, destaca que los ‘Jordis’ “incitaron” a los ciudadanos a la “movilización pública y tumultuaria” en favor del referéndum ilegal del 1 de octubre, “sin que podamos ignorar que la celebración de dicho referéndum constituía un paso fundamental en la referida estrategia”.

El auto confirma también que los presidentes de la ANC y de Òmnium llevaron a cabo un “gravísimo desafío a las reglas del Estado de Derecho, provocando una situación de inestabilidad política, social y económica con la pretensión última de alcanzar la independencia de Cataluña. Para conseguir tales objetivos”, completan los magistrados, “no importaba provocar una profunda fractura de la sociedad y un grave deterioro de la situación económica, con gravísimas consecuencias para el interés general”.

Los abogados de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural habían presentado sendos escritos en los que aseguraban que los delitos contra la forma de Gobierno habían desaparecido del Código Penal.

Además, indicaron que la actuación de los ‘Jordis’ no estaba encaminada a cambiar la forma de Gobierno, “sino sólo a convocar una manifestación”.

En este sentido, los letrados de los ‘Jordis’ aseguraron que las protestas contra los registros ordenados por el juez de Barcelona Juan Antonio Ramírez Sunyer el 20 de septiembre fue “una mera protesta ciudadana” a consecuencia “de unas detenciones y entradas y registros convocada por diferentes agentes sociales”, por lo que consideran que su actuación “no puede ser calificada como alzamiento público y tumultuario”.

Los magistrados también mantienen la decisión de la instructora de reclamar los datos bancarios de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, tal y como les habían solicitado los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un informe.

“Hay sobradas razones para llevar a cabo tal investigación, por lo que, en cualquiera de los dos casos, el recurso ha de ser rechazado”, indica el auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional


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