Juicio por el 'Caso Carrasco' Gago, absuelta del asesinato de Isabel Carrasco pero condenada a cinco años por encubrimiento

El juez rebaja a encubridora el papel de la policía local en el crimen de León y le impone una pena mínima de cinco años de cárcel. Montserrat González ha sido condenada a 22 años de cárcel y su hija, Triana Martínez, a 20.

El crimen de León ya tiene condena. El juez ha absuelto a la agente de Policía Municipal Raquel Gago del delito de asesinato que causó la muerte a la presidenta de la Diputación provincial, Isabel Carrasco, y la ha condenado a cinco años por encubrimiento y tenencia ilícita de armas. En cuanto a Montserrat González y su hija Triana, estas han sido condenadas a 22 y 20 años de prisión, respectivamente. 

La sentencia no considera a Gago cooperadora en el crimen, según establece el veredicto del jurado popular, aunque sí como encubridora, por lo que la condena a una pena de tres años de cárcel, de la que hay que descontar los ocho meses que pasó en prisión preventiva, y a dos años por tenencia ilícita de armas. En total Gago está condenada a cinco años de prisión, pero no tendrá que ingresar en la cárcel porque el mismo juez que ahora la ha absuelto del delito de asesinato en grado de cooperación y que ya previamente había decretado su libertad provisional antes del juicio, ha decidido, junto a los otros dos magistrados que forman la Sala Tercera de la Audiencia, dejarla en libertad hasta que se resuelvan los recursos que su abogado ha anunciado, incluido el del Tribunal Supremo.

Montserrat González y su hija Triana han sido condenadas a 22 y 20 años de prisión respectivamente

El tribunal ha condenado a 22 años de prisión a Montserrat González, autora confesa de los disparos que acabaron con la vida de Isabel Carrasco, y a 20 a su hija por los delitos de asesinato en concurso con un delito de atentado agravado por el uso de armas de fuego.

A la primera, se le impone la pena de 19 años de prisión como autora de un delito de asesinato más otros tres años por delito agravado de tenencia ilícita de armas mientras que para Triana se imponen penas de 17 años y seis meses como coperadora necesaria en el delito de asesinato, así como otros dos años y medio por delito agravado de tenencia ilícita de armas, lo que suma un total de 20 años de cárcel.   

Todas las condenadas tendrán que pagar las costas del proceso, incluidas las de las acusaciones particulares pero no la de la acusación popular ejercida en nombre del PP por el abogado Ricardo Gavilanes. La defensas de las tres condenadas han anunciado que recurrirán. Así lo ha anunciado tras escuchar la sentencia el procurador que asiste a la defensa de Montserrat y Triana, mientras que el letrado Fermín Guerrero, que representa a la tercera acusada, la policía local Raquel Gago, señaló en la última sesión del juicio que recurriría la sentencia aunque su patrocinada fuese condenada "a un solo día de prisión".

Veredicto  mal planteado

El tribunal del juicio ha absuelto a Raquel Gago del delito de asesinato debido a que considera que el objeto del veredicto del jurado no estaba bien planteado, un error del que se responsabiliza el presidente-magistrado, Carlos Álvarez.

Básicamente, el tribunal entiende que algunas de las más de ochenta preguntas que se le entregaron al jurado para que contestase y cuyas respuestas tenían que ser la base de veredicto no estaban bien formuladas. Al respecto, precisa que ese incorrecto planteamiento dio pie a que el jurado incidiera en la calificación jurídico-penal de los hechos que declara probados, algo para lo que carece de toda competencia.

La fórmula de las preguntas al jurado debió limitarse a determinar la culpabilidad o no de las acusadas y no podía plantear penas, aunque el error no afecta al veredicto

El veredicto del jurado popular estableció que la policía local Raquel Gago fue cooperadora del crimen, pero ahora la sentencia la considera encubridora, por lo que la absuelve del delito de asesinato y la condena a una pena de tres años de cárcel por encubrimiento y a otros dos por tenencia ilícita de armas.

La sentencia puntualiza que los jurados se pronuncian sobre los hechos enjuiciados, limitándose a declarar si el acusado ha participado o no en la comisión del delito. "En ningún caso, puede plantear penas. Después es el magistrado el que ha de formular su juicio de derecho o calificación jurídica", precisa la sentencia.

El presidente del tribunal insiste en que es "evidente" que las preguntas que se le plantearon al jurado fueron "incorrectas técnicamente", ya que no se debió mencionar el título de imputación jurídica (la calificación jurídica del delito). Considera en la sentencia que la fórmula debió limitarse a determinar la culpabilidad o no de las acusadas, entendida exclusivamente en el sentido de la responsabilidad penal que pudiera derivarse de los hechos declarados probados. "Pero tal error, sin paliativos achacable a este magistrado-presidente, carece de efecto alguno relevante en el campo jurídico, y basta con que ahora en la sentencia se haga patente y se corrija", recalca la sentencia.

Finalmente, añade que "lo que importa es que el jurado declaró culpable a la acusada Raquel Gago, es decir, responsable penalmente de las consecuencias jurídicas derivadas de los hechos declarados probados, y ello es suficiente para entender procedente su condena en la sentencia como autora del delito de encubrimiento", remarca

Sanción de 1.000 euros al abogado de Gago

Por otra parte, el abogado de Gago ha sido sancionado a una multa de mil euros por no comparecer en una de las jornadas del juicio. La Audiencia Provincial de León ha decidido en una pieza separada sancionar al letrado Fermín Guerrero por su incomparecencia del día 27 de enero que motivó la suspensión de la vista oral de ese día. 

La agente de Policía deberá cumplir cinco años de prisión por encubrimiento y tenencia ilícita

El abogado ha mantenido siempre la incógnita sobre su misteriosa desaparición durante 20 horas y la ha achacado a la esfera de lo privado. Nunca ha desvelado si su desaparición fue motivada por enfermedad o alguna causa justificable alegando que "eso pertenece a la intimidad". Su desaparición y la imposibilidad de contactar por ningún medio con él creó una gran alarma en el mediático juicio por el crimen de Isabel Carrasco.

Tras ser localizado por la Policía Local en una céntrica calle de León, el letrado reconoció que su desaparición había sido voluntaria y debido exclusivamente a "motivos personales imprevistos", a la vez que negó que la ausencia se debiera a ninguna estrategia legal. Al día siguiente y tras reanudarse la vista oral el abogado pidió perdón y ofreció explicaciones al presidente del tribunal, Carlos Álvarez, y a su defendida Raquel Gago, quien a pesar de la situación mantuvo su confianza en el letrado.


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