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España

Mas pone una pica en la Unesco nombrando a un funcionario que defenderá los intereses de Cataluña

El presidente de la Generalitat, Artur Mas.

El presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, ha logrado dar un pequeño paso diplomático, pero que tanto para la federación nacionalista CiU como para sus socios independentistas de ERC se interpreta como un “gran paso” para que Cataluña “como país” tenga voz propia en el mundo. 

En este caso se trata de que el gobierno catalán haya logrado apoyos en la Unesco para nombar a un funcionario que se ocupe del desarrollo de “programas para la biosfera y la biodiversidad” y que trabajará directamente en nombre de la Generalitat de Cataluña en la sede del organismo internacional en París. 

Nuevo funcionario catalán para asuntos de la biosfera 

“Es un gran paso para lograr que Cataluña disponga como país de voz propia en los organismos internacionales”

Según fuentes de la administración catalana consultadas por Vozpópuli, el funcionario –del que todavía no se conoce su nombre ni cuál será el proceso de selección pública al que habrá optado para ocupar este puesto- se ocupará de “desarrollar programas en el ámbito de la protección de las especies y del medio ambiente de la biosfera” en nombre dela Generalitatde Cataluña. 

Las mismas fuentes insisten a este diario en que el “nuevo cargo que emana de la ley catalana de asuntos exteriores” –que ha sido recientemente impugnada por el Tribunal Constitucional tras presentar recurso por parte del Gobierno de Mariano Rajoy- “no es un cargo político ni trabajará al margen de España”.  Sin embargo, las mismas fuentes reconocen que “es un gran paso para lograr que Cataluña disponga como país de voz propia en los organismos internacionales”. 

Desafío de Artur Mas a la ley estatal de política exterior 

Con este nombramiento, que supone un nuevo desafío de Artur Mas y de CiU y ERC a la ley española de acción exterior, se cumple una de las ambiciones de los nacionalistas puesto quela Generalitatconsigue por primera vez como administración disponer de una presencia propia enla Unesco. 

Este nombramiento del experto que será asignado en los próximos días se produce después de que el gobierno catalán decida desplegar su política regional exterior al margen de la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso presentado por el Gobierno al considerar que la ley catalana colisiona con la ley estatal.  A nivel diplomático, España es una nación y actúa con una sola voz en el mundo y las administraciones regionales deben informar de sus eventos internacionales al Gobierno. 

El Ejecutivo de Mariano Rajoy sospecha que el constante desarrollo de 'embajadas' y centros de negocios de la Generalitat en diversas capitales del mundo lleva escondido la intención de trasladar su mensaje independentista y a favor de lo que desde los nacionalistas llaman el “derecho a decidir”. 

La acción exterior catalana, aprobada por decreto ley 

En este contexto, el gobierno catalán ha aprobado varias medidas a pesar de la decisión del Constitucional. Entre ellas, figura la aprobación del decreto por el que despliega la ley de acción exterior aprobada por el Parlament y que fue suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional por el recurso que presentó el Gobierno. 

El conseller de Presidencia y portavoz del Govern y dirigente del ala más soberanista de CiU, Francesc Homs, ha asegurado que el decreto se sustenta en artículos que no fueron impugnados y, por tanto, no están suspendidos. "Nuestra obligación es cumplir con la ley, espero que lo respeten en Madrid", ha indicado Homs ante la pregunta de si pensaba que este decreto también podría ser impugnado por el Gobierno. 

Por el decreto se regulan la composición, funciones y funcionamiento de los órganos colegiados de coordinación, participación y seguimiento de la denominada “diplomacia catalana”, como el Consejo de Acción Exterior y de Relaciones conla Unión Europea; y dela Comisión Interdepartamentalde Acción Exterior y de Relaciones conla UE. Estosórganos están adscritos al Departamento de Presidencia y se constituirán en un plazo máximo de seis meses, según el calendario que maneja el gobierno catalán.

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