Publicado: 14/11/2015 04:00
“La actividad legislativa de Cataluña está paralizada, al menos dos meses más”. Así de tajantes se muestran en Convergència Democràtica (CDC) al calificar el “impasse” legislativo en el que ha entrado la administración catalana de la Generalitat. El rechazo de los diez diputados de la formación antisistema de la CUP a investir a Artur Mas como presidente somete al gobierno catalán en funciones a una situación transitoria hasta que vuelva a debatirse el nuevo (o Mas si persiste) president en la que está muy limitado.
Según marca el Estatut d’Autonomia, el nuevo Parlamento que surge de unas elecciones autonómicas catalanas debe estar acompañado para que pueda llevar acabo iniciativas legislativas por la investidura de un nuevo presidente de la Generalitat que debe conformar gobierno. Al no haberse investido en dos vueltas a Artur Mas y a la espera de que la mayoría de Junts pel Sí y la CUP vuelvan a negociar otro candidato, el ejecutivo catalán en funciones que preside Artur Mas no puede aprobar leyes –sí decretos- tan importantes como las de presupuestos.
Según las fuentes jurídicas de la cámara autonómica consultadas por Vozpópuli en Barcelona, el Parlament tampoco puede desarrollar “plenamente” sus funciones legislativas puesto que no puede constituir las comisiones para debatir proyectos de leyes hasta que no se haya conformado un nuevo gobierno de la Generalitat con un president al frente.
“La independencia hipoteca a los catalanes”
Desde el PSC y el PP se coincide en que “el debate sobre la independencia” está “hipotecando la acción de gobierno de la Generalitat” y, a juicio de ambas formaciones en la oposición, “esta situación de gobernabilidad en funciones perjudica el día a día de la administración que padecen los ciudadanos con la falta de acción legislativa”.
El Parlamento catalán rechazó la semana pasada la investidura del candidato a la reelección por Junts pel Sí Artur Mas como presidente del gobierno de la Generalitat por 73 votos en contra y 62 a favor, con lo que se mantiene un periodo de interinidad en pleno debate sobre el desafío independentista de Cataluña. En la segunda votación de investidura Más, que preside el ejecutivo desde 2010, obtuvo de nuevo únicamente los 62 votos de su formación, Junts pel Sí, frente a 73 en contra de todos los partidos de la oposición incluida la CUP (10 diputados).
En este período transitorio, hasta el límite del 9 de enero de 2016 para elegir presidente y en su defecto se convoquen elecciones autonómicas en marzo, tampoco pueden llevarse a cabo las leyes de la declaración rupturista “para iniciar la República catalana” e ilegal anulada por el Tribunal Constitucional.
El Ejecutivo de Mas y ninguno de sus consellers en funciones no podrán presentar proyectos de ley, pero sí podrán redactar decretos ley. Tampoco pueden tramitarse iniciativas legislativas porque las Comisiones del Parlament, órgano de debate de las normas catalanas, no pueden constituirse. El Estatut de autonomía deja muy claro en su artículo 27 que, cuando el Ejecutivo autonómico se encuentra en funciones, “debe limitar su actuación al despacho ordinario de los asuntos públicos”.
Ante esta situación, el gobierno catalán en funciones sólo obedecerá a las normas que puedan debatirse o que ya estén vigentes en Cataluña, algo que contraviene el actual marco constitucional. Así lo ha declarado la vicepresidenta del Govern y portavoz en funciones, Neus Munté, quien ha garantizado que seguirán con la resolución en "estricto cumplimiento" a un Parlamento catalán que ve "soberano" y ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de "utilizar" el Tribunal Constitucional para poner "una mordaza" a los "anhelos de libertad" de Cataluña.
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