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España

Mas, acorralado: PSC, Podemos, ICV y Ciudadanos piden la renacionalización de ATLL

El presidente de la Generalitat, Artur Mas.

Lo que hasta hace poco era una movilización casi residual, la encabezada por Agua es Vida, ahora se está convirtiendo en una exigencia firme de buena parte de la clase política catalana.

El colectivo ecologista lucha desde hace años porque el agua sea gestionada por una empresa pública catalana y uno de sus líderes ahora es concejal de Ada Colau en Barcelona. Pero el varapalo dado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a la Generalitat, al invalidar la privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL), ha devuelto el debate a escena, a tres meses de las elecciones autonómicas del 27 de septiembre.

El PSC, ICV, Barcelona en Comú (Podemos) y hasta Ciudadanos, formación que no es sospechosa de ser de izquierdas, se han unido para exigir a Artur Mas que ponga ya en marcha el proceso de renacionalización de la empresa que privatizó en 2012 y que fue adjudicada a la española Acciona y a su socio brasileño BTG Pactual por 1.000 millones de euros.

Estas formaciones consideran que no hace falta esperar a la sentencia firme del Supremo: la Mesa de Contratación debería estudiar ya el impacto de la vuelta de ATLL a control público

CiU, ERC y PP callan por ahora, pero el debate está ahí. Sus opositores quieren que ATLL vuelva al control público, no solamente por convicción política sino también porque la sentencia del TSJC allana el camino a que eso ocurra, al considerar inválido el proceso porque se incumplieron "los principios de publicidad y concurrencia".

No hace falta, defienden las formaciones de izquierda y C's, esperar a que la sentencia sea firme si el Tribunal Supremo resuelve los recursos de casación que presentarán Acciona y BTG confirma la sentencia del juez para poner en marcha la renacionalización de la empresa.

La Mesa de Contratación convocada por la Generalitat debería, señalan algunas fuentes consultadas, estudiar ya esta posibilidad para calcular el impacto que tendría la ruptura del contrato con los adjudicatarios en las cuentas de Cataluña.

El presidente Mas utilizó esta privatización para maquillar las cuentas públicas en 2012. A finales de diciembre de ese año se adjudicó de forma acelerada ATLL por un precio total para toda la concesión de 1.000 millones de euros.

Acciona y BTG tuvieron que desembolsar antes del cambio de año 299 millones de euros en un primer pago y la Generalitat pudo apuntarse en sus cuentas públicas estos 1.000 millones y salvarse del rescate del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Mas pudo recortar in extremis el déficit público catalán y pudo pagar a los funcionarios ese mes.

La decisión sería muy arriesgada y pondría contra las cuerdas a Mas, que utilizó los ingresos de la privatización para maquillar las cuentas públicas de 2012

Pero si se revierte la situación, Cataluña tendría que devolver a los adjudicatarios los casi 300 millones, además del lucro cesante y las penalizaciones, así como 'desapuntarse' los 700 millones restantes, lo que podría provocar que el déficit público tuviera que recalcularse para el 2012.

Algunas fuentes apuntan a que ERC apoyaría una moción de CiU para evitar que la empresa vuelva a manos públicas, pero la patata caliente está ahora en el tejado de Mas, justo cuando arranca la campaña electoral para las autonómicas.

Por el momento, Acciona y BTG seguirán gestionando ATLL hasta que no llegue la sentencia en firme del Supremo, de forma que en términos operativos todo seguirá igual para los casi 5 millones de clientes que gestiona la empresa en Barcelona capital y provincia.

Pero el fiasco de la privatización y el varapalo dado por el TSJC a la Generalitat por cómo gestionó el proceso van a convertir el tema en arma arrojadiza contra Mas hasta las elecciones.

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