Publicado: 13/02/2013 04:00
El anónimo informante del caso Madrid Arena vuelve a ver la luz. Su rastro surgió a mediados de diciembre cuando el juez que instruye el caso, Eduardo López Palop, decidió incorporar a la instrucción medio centenar de documentos con el sello municipal que anulan el argumento de que el pabellón Madrid Arena no necesita licencia para organizar macrofestivales como el de la pasada tragedia de Halloween, con cinco chicas jóvenes muertas. Desde el día de la tragedia, Ana Botella y su equipo se agarran a la versión que considera innecesaria dicha licencia: un empecinamiento que puede costarle muy caro a la alcaldesa.
El siempre candente asunto de la licencia había quedado desfigurado en las últimas semanas tras las espectaculares dimisiones del exvicealcalde Miguel Ángel Villanueva y del exdelegado de Seguridad Antonio De Guindos. Pero con la larga ronda de declaraciones de imputados en el caso recién empezada (15 personas comparecerán en los próximos días), los abogados de la acusación (familiares de las víctimas, el sindicato Manos Limpias, el PSOE y otros) han pedido a Urbanismo todos los informes técnicos relacionados con el trágico pabellón. Y a partir de ahí ha resurgido el enigmático anónimo, al que el Ayuntamiento de Madrid busca poner nombre y cara, según ha sabido este medio.
Casi con toda seguridad un funcionario local, la contribución del desconocido informante marca un antes y un después en el caso: a lo largo del medio centenar de páginas se aprecia cómo Cibeles persiguió sin éxito entre los años 2007 y 2010 obtener la licencia de actividad del Madrid Arena. Botella y sus delegados han defendido en la comisión de investigación de la tragedia y ante los medios de comunicación que el recinto no requiere licencia de obra ni de construcción, algo para lo que el anónimo encuentra una respuesta: “El Ayuntamiento de Madrid, es verdad, no precisa de licencia urbanística para los proyectos de edificación y urbanización; pero lo que no dice es que sí necesita licencia para el ejercicio de la actividad”. Otro de los ejemplos palmarios que emplaza es el del edificio Apot, de propiedad municipal, que sí cuenta con permiso de actividad.
La petición de la acusación abarca todos los informes emitidos desde la apertura al público del Madrid Arena, en 2002. El anónimo parte cinco años más tarde, en 2007, con una carta enviada por la policía a la Comunidad de Madrid avisando de la ausencia de licencia. Algunos abogados de la acusación consultados ignoran que el Ayuntamiento persiga la identidad del informante: "Francamente, el anónimo nos da completamente igual. ¡Lo que queremos son los documentos!", señala uno de los abogados.
La acusación también pide en bloque la imputación de María Cabeza Quirós del Valle, exdirectora de operaciones de Madrid Espacios y Congresos. Cesada tras la publicación de un correo electrónico que evidenciaba el amiguismo entre el Ayuntamiento y Diviertt, la empresa del oscuro promotor del evento, Miguel Ángel Flores, Cabe, como se la conoce en la Administración Local, todavía no está encausada.
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