Ana Botella quiere cambiar las condiciones laborales de sus casi 30.000 funcionarios

A la chita callando, una auténtica revolución laboral se está cocinando en el Ayuntamiento de Madrid. El asunto no es nuevo: empezó a tomar forma en julio de 2010, cuando Alberto Ruiz-Gallardón era alcalde, con un abstracto Plan de Recursos Humanos con la vista puesta en el ahorro y la racionalización de recursos; casi tres años después, el plan, que ya ha empezado a aplicarse sobre miles de categorías profesionales, ha ido abriéndose paso de forma larvada hasta convertirse en una realidad concreta: la idea que tiene el equipo de Gobierno de Cibeles es cambiar las condiciones laborales de la práctica totalidad del cuerpo funcionarial, cerca de 30.000 personas en el caso del Consistorio madrileño, denuncian los representantes sindicales. Algunos colectivos ya conviven con el plan, como los 1.800 antiguos ordenanzas afectados desde el pasado 25 de abril, tras el acuerdo de la Junta de Gobierno.

La palabra “acuerdo” es un eufemismo que utiliza el equipo dirigido por Ana Botella para tapar la manera de sacar adelante este tipo de normativas que, ante la negativa de todos los sindicatos, no es otra que el decreto unilateral del Gobierno del PP. Inicialmente, Botella quiso que fueran 3.000, y no 1.800, los empleados que se vieran alcanzados por la nueva legislación municipal, pertenecientes a la vieja categoría de “personal de oficio”: pero la cifra se rebajó. Antes que ellos, aproximadamente mil técnicos de las Juntas de Distrito y centenares de oficiales mecánicos conductores entraron en el Plan de Ordenación. Ahora los objetivos se miden a mayores: auxiliares administrativos, administrativos, técnicos de gestión y técnicos superiores, de acuerdo con un documento del área de Economía y Hacienda publicado en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid el pasado 26 de abril.

Titulado Plan de Actuación de la Inspección General de Servicios para los años 2013 y 2014, el texto recoge siete puntos a tocar: “medidas de eficiencia organizativa y de recursos humanos en los distritos”; “dotaciones de los recursos humanos de las escalas de administración general”; “optimización general de puestos de trabajo de los distritos en materia urbanística”; “optimización de puestos de trabajo y perfiles profesionales vinculados al control y evaluación de servicios de gestión externa”; “seguimiento del código de buenas prácticas administrativas”; y “evaluación del cumplimiento del programa del 20 de diciembre de 2012 de medidas en materia de eficiencia organizativa y de recursos humanos”. Hace falta un conocimiento exhaustivo de la situación laboral en el Ayuntamiento para entender la senda emprendida por el Ejecutivo, reconocen las propias centrales sindicales, muy unidas últimamente contra las medidas de Botella.

En teoría, todo está en la fase de estudio y no existe ninguna comunicación oficial sobre la propuesta que se lanzará a finales de este año o a comienzos del que viene. En la práctica, los sindicatos temen que el decreto termine por apropiarse de beneficios tradicionalmente ligados a la figura del funcionario –y del personal laboral de las Administraciones Públicas-; esto podría trastocar la función que venían prestando los empleados, pero también los turnos, el lugar de trabajo… Al parecer, en alguna de las categorías afectadas (mecánicos conductores, técnicos de distrito, antiguos ordenanzas) ya se han producido cambios en este sentido.

“Las funciones que, en relación con el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos, son ejercidas desde la perspectiva de la eficacia y eficiencia de los servicios públicos prestados por la Administración municipal comportan la detección de deficiencias y la elaboración de recomendaciones”, reza un pasaje del plan aprobado el 26 de abril. Se orienta, de esta forma, a un modelo pro-activo de mejora de la actuación administrativa, así como de garantía del cumplimiento de la normativa vigente”.

La medida, que “por diversas circunstancias” abarcará un periodo de dos años (lo normal sería un solo ejercicio), pretende conjugarse con la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local que prepara el Gobierno de Mariano Rajoy.