Publicado: 16/01/2013 14:30
El hijo de Alberto Ruíz-Gallardón que trabaja en el despacho de abogados de Uría y Menéndez no tuvo ninguna relación con el indulto al conductor kamikaze que mató a una persona, según aseguran fuentes del Ministerio de Justicia, quienes precisan que éste no estaba en España cuando se produjo la tramitación y además trabaja en el área Mercantil del bufete, no en el área Penal. El ministerio que dirige Gallardón ha desmentido así la noticia que publicaba el diario Información de Alicante y que ponía de relieve la supuesta relación entre José Ruiz-Gallardón Utrera, uno de los hijos de Gallardón, que trabaja en el despacho de abogados de Uría y Menéndez, y el indulto a un conductor kamikaze condenado a 13 años de prisión por haber provocado la muerte de una persona en Valencia.
Fuentes del citado Ministerio realizaron estas precisiones después de que el PSOE haya solicitado que la Fiscalía investigue si se ha producido tráfico de influencias en la concesión de esta medida de gracia por parte del Gobierno a un conductor por haber circulado durante cinco kilómetros en sentido contrario por la A-7, y provocado un accidente que mató a un joven e hirió a su acompañante.
Sin embargo, según el diario alicantino, José Ruiz-Gallardón Utrera, uno que regresó a Madrid tras el incidente con su malogrado amigo italiano en Sao Paulo, forma parte del bufete que se encargó de la defensa del conductor que circuló más de 4 kilómetros en sentido contrario por la AP-7 y mató a un joven e hirió a otra, según el diario alicantino. El kamikaze fue indultado por el Gobierno a propuesta del ministro Gallardón, conmutándose la pena por el pago de 4.200 euros.
Según la información, el indulto se llevó a cabo pese a los informes contrarios de los magistrados de la sección cuarta de la Audiencia de Valencia que le juzgó y del ministerio fiscal. Prueba de su rechazo es que solicitaron el ingreso en prisión del condenado (que ha permanecido allí 10 meses) oponiéndose a suspender la pena mientras se resolvía el indulto. Tanto esta postura como la de la fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, se han recogido en el Real Decreto que confirma su conmutación de pena, citando que "se han considerado los informes del tribunal sentenciador y del ministerio fiscal" pero no explica que eran ambos contrarios.
El acusado, Ramón Jorge Ríos Salgado, es un vecino de Almoradí y delegado de postventa de Opel en la Comunidad en el momento del accidente, y de su defensa se ha ocupado el abogado Esteban Astarloa Huarte-Mendioca, del bufete Uría Menéndez, donde también trabaja la letrada que representó a la compañía automovilística, responsable civil subsidiaria por conducir el acusado con el coche de empresa.
El letrado de Río Salgado es precisamente hermano de Ignacio Astarloa, subsecretario de Justicia de 2000 a 2002 y secretario de Estado de Seguridad en los dos años posteriores. Según el diario alicantino, el bufete ha decidido no hacer declaraciones.
La Audiencia de Valencia condenó al conductor el 17 de enero de 2001 a 13 años de prisión, sentencia que ratificó el Tribunal Supremo por un "delito de conducción con grave desprecio para la vida de los demás en concurso ideal con un delito de homicidio, un delito de lesiones, una falta de lesiones y una falta de daños". El hecho de que los magistrados se opusieran a la medida de gracia impide que el indulto se lleve a cabo sin conmutarlo por una multa.
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