Botella manda a la policía a perseguir a quienes no pagan el euro por los carritos de Barajas

El Ayuntamiento de Madrid, que dirige Ana Botella, ha declarado la guerra a los 'maleteros piratas' del aeropuerto de Barajas y a los que no pagan el euro del carrito. La alcaldesa pretende que la Policía Municipal de Madrid persiga a las personas que se ganan la vida de esta manera dado que la situación se ha venido produciendo desde que AENA decidió cobrar un euro por la utilización de los carritos para las maletas.

El principal problema es que los 'maleteros' recogen los carritos cuando los ha utilizado un cliente, los usan toda la mañana y ofrecen sus servicios a los clientes a 50 céntimos o por una propina en vez de pagar un euro.

El Ayuntamiento está mandando a policías de las unidades de distrito de Chamartín, Tetuán, y Fuencarral al aeropuerto Barajas "para comprobar que se utiliza de forma adecuada, previo pago, los nuevos carritos porta maletas", según ha denunciado CSIT-Unión Profesional. Este sindicato cree que debería ser AENA la que se ocupe de que la gente pague y no enviar a la Policía "sacándolos de sus unidades donde son necesarios".

Igualmente, el sindicato señala que se está exigiendo que se denuncie a los taxistas que cogen viajeros fuera de las terminales de salida. Sin embargo, CSIT explica que el Ayuntamiento está utilizando un sistema que no comparte y que podría ser ilegal. Un policía vigila con las cámaras y cuando ve una infracción manda a otro agente, que no ha visto la infracción, que encuentre a ese taxista y le sancione.

La nueva Ley de Capitalidad permite sancionar con cámara, pero es el agente que ve la infracción por la pantalla el que sanciona y manda a la grúa a retirar un vehículo. En ningún momento se habla de que sancione alguien que no ha visto la infracción. Tampoco están homologadas las cámaras.

Por otra parte, AENA no ha renovado la concesión a la empresa que plastificaba las maletas, un servicio que tenía mucha aceptación entre los viajeros. Sin embargo, el Ayuntamiento está obligando a los agentes a que vigilen que los empleados de la concesionaria para que no continúen con su actividad.