Anticorrupción persigue las pruebas del 3% que había en la trituradora del tesorero de CDC

Por segunda vez en los últimos dos meses, la Guardia Civil registró este miércoles la sede de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) en busca de los rastros de las comisiones del 3 por ciento a cambio de adjudicaciones en obra pública. En esta ocasión, los investigadores buscaban los datos que aparecen en los documentos fueron destruidos el pasado mes de agosto en la segunda fase de la Operación Pétrum por el tesorero de CDC, Andreu Viloca, según informan fuentes de la investigación a Vozpópuli. Entonces, agentes del Instituto Armado hallaron una trituradora en el despacho del también administrador de Catdem y una "decena" de papeles hechos añicos.

Sin embargo, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil pudo reconstruir los documentos triturados por Viloca, calificados a su vez por la Fiscalía de "especial relevancia" para la instrucción de este procedimiento. De hecho, el análisis de esos algo más de diez documentos ha sido clave -considerado por la Fiscalía Anticorrupción como "un elemento de urgencia"- para llevar a cabo este miércoles una veintena de registros antes de que se volviese a producir destrucción de pruebas. El objetivo era encontrar las pruebas de las comisiones del 3 por ciento que se apresuró a destruir Viloica.

Fiscalía justifica la nueva fase de la operación ante el riesgo "demostrado" de destrucción de pruebas

En total, esta tercera fase de la operación Pétrum se ha saldado con once detenidos entre ellos el tesorero de CDC, Andreu Viloca; el secretario del patronato de la fundación Catdem y exgerente de CDC, Carles del Pozo, una empleada del departamento de gestión de la formación política y al director general de Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell.

Los investigadores sospechan que la sede de los convergentes sería el epicentro desde el que operaba la trama corrupta de ahí que se esté investigando un delito de financiación ilegal del partido de Artur Mas.

Viloca, repartía las adjudicaciones

El objetivo principal era la detención de Viloca, que ha pasado la noche en los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil en Tarragona a la espera de pasar a disposición judicial. La Fiscalía Anticorrupción lo sitúa como una pieza clave a la hora de adjudicar obra pública en distintas localidades catalanas a los empresarios simpatizantes con Convergencia, quienes para obtener las mismas pagaban previamente a Viloca el famoso 3 por ciento. Los investigadores sospechan que una vez que se publicaba el concurso para determinada obra pública el tesorero de CDC, Andreu Viloca, se reunía con el empresario en cuestión que le pagaba la mordida a través de la Fundación Catdem y sólo entonces esta obra le era adjudicada. Ese dinero de los cohechos era enviado de la fundación al partido.

Anticorrupción atribuye un total de seis delitos al ex tesorero del CDC, Andreu Viloca, para quien solicitará el ingreso en prisión tras tomarle declaración

Por este motivo, el Ministerio Público tiene previsto solicitar al titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de El Vendrell (Tarragona) que decrete el ingreso en prisión preventiva de Viloca.

En total, Anticorrupción atribuye al gestor de Convergencia un total de seis delitos relacionados con la corrupción que son los de cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos o subastas públicas y blanqueo de capitales.

Junto con el tesorero de CDC, ayer fueron detenidos dos empleados del departamento de gestión del partido, el director de Infraestructuras de la Generalitat Josep Antoni Rosell y seis empresarios sospechosos de haber donaciones irregulares a la formación convergente: Jordi Soler (Grupo Soler), Xavier Tauler (Copisa, imputado desde octubre de 2014 en el Juzgado Número 5 de la Audiencia Nacional por sus negocios con el primogénito de los Pujol, Jordi Pujol Ferrusola), Antonio García Bragado (Tec 4), José Luis Romero (Rogasa), Josep Manel Bassols (Oproler Barcelona) y Sergio Lerma (Oproler Madrid).

Todos ellos han pasado la noche en los calabozos a la espera de pasar a disposición judicial. No se pudo arrestar al consejero delegado de Urbaser al encontrarse de vacaciones en Cuba, según han informado fuentes del caso.

¿Por qué ahora los registros?

Lo cierto es que tanto el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 El Vendrell como los fiscales Anticorrupción respetaron la regla no escrita de interferir lo menos posible en los comicios catalanes del pasado 27 de septiembre. Sin embargo, han tenido en especial consideración "las diferentes situaciones de urgencia" en la instrucción" debido al riesgo demostrado de destrucción de medios de investigación y de medios de prueba". 

Pese a ello, el Ministerio Público ha sido especialmente escrupuloso a la hora de llevar a cabo la nueva fase de la operación Pétrum. En un comunicado, emitido a última hora de la tarde de este miércoles, los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo señalaron que "dada la especial condición de CDC como partido político y piedra angular del sistema constitucional,  la diligencia de entrada y registro se ha limitado escrupulosamente a los elementos de investigación valorando la situación de urgencia en la práctica de diligencias debido al riesgo de destrucción de los medios de prueba".

En cuanto a las detenciones, el Ministerio Público ha defendido que se han llevado a cabo respetando la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal -que pretende acabar con las denominadas 'penas de telediario'- con cuidado por los "derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen de los detenidos".