En el límite

Se vislumbra el final de un régimen

Oteando con atención el horizonte, es posible observar ciertas señales que apuntan al fin de una era. Signos que indican un notable agotamiento del régimen constitucional de 1978, cuyas vigas maestras, profundamente carcomidas, amenazan con ceder. Se trata de un proceso histórico bastante común, que convierte en obsoletas las estructuras rígidas, cerradas, refractarias a la apertura e inmovilistas ante las reformas. El presente régimen, anquilosado política y económicamente, parece avanzar hacia el ocaso aunque el calendario resulte imposible de vaticinar: el devenir histórico, impulsado por infinidad de decisiones humanas, se acelera o ralentiza atendiendo a circunstancias contingentes.

Las anteriores apreciaciones no deben interpretarse con carácter pesimista, catastrofista o apocalíptico. Todo lo contrario, el movimiento y el cambio son precisamente la regla en una historia repleta de trasformaciones políticas, económicas y sociales, donde la permanencia y la inmovilidad constituyen ciertamente la excepción. Unos regímenes y sistemas de organización van sustituyendo a otros sin que se pueda determinar a priori la dirección del cambio.

Embarrancados y sin salida a la vista

Nuestro sistema político habría embarrancado con estrépito en el escollo de la crisis, entrando en un bucle difícilmente superable. Una buena parte de esas redes clientelares, que constituyen la argamasa de nuestra política, se irían rompiendo paulatinamente por falta de recursos para alimentarlas, generando tensiones y fuerte oposición de poderosos grupos, antes afines. El error garrafal consistió en ampliarlas hasta el límite durante la burbuja inmobiliaria, confiando ingenuamente en un crecimiento sostenido, bastante improbable con un sistema político y económico cerrado, que responde básicamente a los intereses del poder.

En este momento, el retorno a un crecimiento que genere recursos suficientes requeriría esas reformas liberalizadoras, encaminadas a la apertura política y económica, que ya exigen nuestros socios. Pero estas medidas, al romper las barreras que mantienen los privilegios, pondrían en cuestión la misma esencia del régimen, transformándolo en otro distinto. Si, por el contrario, las reformas no se acaban aplicando, tal como parece pretender nuestra clase política, la escasez en el reparto podría conducir a una ruptura de esa coalición de grupos de intereses, que ha venido manteniendo el sistema. Demasiadas presiones, en cualquier caso, para mantener la estabilidad del presente statu quo.

Fracaso sin paliativos del proceso autonómico

Tras los últimos sucesos, el proceso autonómico se ha revelado definitivamente como un rotundo fracaso. Impulsado originalmente para contener la incipiente amenaza secesionista en Cataluña y País Vasco, ha acabado alimentado y engordado extraordinariamente el separatismo que pretendía frenar. Y, en lugar de acercar la administración al ciudadano, como rezaba uno de sus lemas, las Autonomías extendieron y multiplicaron el clientelismo, la arbitrariedad, el despilfarro, el control social y la dependencia política de la prensa, creando unas estructuras mastodónticas, imposibles de financiar.

Las Comunidades Autónomas desataron un brutal intervencionismo, promulgando extensísimas y prolijas leyes, normas y regulaciones, la mayoría innecesarias, cuyo objetivo real consistía en imponer barreras de entrada, limitar la competencia, favorecer a los amigos y facilitar la corrupción. En definitiva, la crisis ha puesto de manifiesto que este modelo de descentralización aportó grandes beneficios… a los políticos y a los círculos cercanos al poder.

Muy sintomática del fin de régimen es la pérdida de legitimidad de las instituciones a ojos de los ciudadanos, favorecida por esa ruptura del monopolio informativo de los medios controlados por el poder. Así, las cortinas se han rasgado y los tabúes se han roto, poniendo en tela de juicio una transición que no era tan modélica como reiteraba la insistente propaganda. Se ha extendido ya la percepción de unas instituciones manipuladas por los partidos e incapaces de actuar con la objetividad y rigor que busca el ciudadano. Destaca, como símbolo, la considerable merma de la credibilidad de la corona. Un desprestigio alcanzado a lo largo de los años, con especial contumacia y obstinación, que imposibilita para un ejercicio eficaz del papel de árbitro y moderador ante la eventualidad de lo que pudiera destaparse.

¿En qué dirección queremos ir?

Aunque el ser humano experimente con frecuencia temor, incluso vértigo, ante la incertidumbre, no es posible detener el movimiento y transformación que caracterizan la historia. Por ello, la presente encrucijada debe acometerse con entereza y convicción, señalando la dirección que queremos tomar. En mi opinión, los cambios deben ir encaminados hacia la consecución de un sistema económico y político de libre acceso para todos los ciudadanos, unas instituciones neutrales e independientes y unos mejores cauces de representación política. Por ejemplo, la sustitución de las listas cerradas por un método de elección más directo restaría poder a las cúpulas de los partidos, otorgando al parlamento un mayor grado de autonomía y capacidad para controlar al ejecutivo. Repartiría el poder de forma más equilibrada y contribuiría a despolitizar ciertas instituciones, que deben ejercer importantes funciones de vigilancia y control. 

Es imprescindible racionalizar el caótico y oneroso sistema autonómico, garantizando que la distribución de competencias responda a criterios de economía y eficacia. Pero esta racionalización no consistiría exactamente en la masiva devolución de competencias al Estado. Se trata de que las Autonomías deroguen de una vez esa colosal montaña de leyes, normas y regulaciones, que impone enormes trabas a los emprendedores, dificultando la innovación, el comercio interior y la creación de empleo. En definitiva, que devuelvan muchas de sus competencias a los ciudadanos para que éstos puedan organizar su vida, libres de esa nefasta y asfixiante fiebre intervencionista. El régimen habrá cambiado en el sentido correcto cuando el objetivo de las leyes consista en permitir a los ciudadanos poner límites a la acción de los gobernantes, y no al revés. No sabemos exactamente adónde vamos. Pero resultaría del todo irresponsable desentenderse, cerrar los ojos o dejar el barco a la deriva, cediendo a otros la posibilidad de fijar el rumbo.


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