En el límite

El vicioso círculo de la intervención bancaria

En un momento en que se agolpan las noticias relativas a la banca española y los acontecimientos giran vertiginosamente, el logro de una visión panorámica requiere un alejamiento momentáneo del cotidiano alboroto. Bajemos por un momento de la acelerada noria y, aunque el corazón palpite con inusitada celeridad, respiremos profundamente, oteemos con serenidad el horizonte e intentemos adoptar una perspectiva de más largo plazo. Estos inmensos agujeros negros, que se agrandan a ojos vistas, constituyen el cráter formado por la explosión del enorme riesgo acumulado en el sistema bancario, especialmente en las cajas, durante la etapa de expansión y bonanza ¿Cómo pudieron las entidades financieras caer en semejante trampa para elefantes? ¿Se podría evitar en el futuro?

Muchas cajas sufrían un nefasto control por parte de partidos y sindicatos. En algunas, la pésima dirección había menoscabado el rigor financiero, utilizándolas como instrumentos para otorgar favores o financiar proyectos a mayor gloria, o más abultado bolsillo, de caciques, partidos o constructores locales. Durante años, se olvidó que la dirección de una banca eficiente requiere profesionales muy capaces, extraordinariamente formados y experimentados; no meros botarates con carnet de partido o sindicato. Es imprescindible que la conversión en bancos privados favorezca la despolitización, desgarre una buena parte de las redes de connivencia e impulse una sustancial mejora de la calidad de las cúpulas directivas.

Un sutil desplazamiento hacia el riesgo

Sin embargo, la mala gestión o la politización no explican todo el desaguisado. La banca tiende a asumir un riesgo superior al razonable, fenómeno que sirve como justificación para la regulación. Pero, paradójicamente, esta insana inclinación está causada, a su vez, por unas expectativas de garantía o intervención por parte de las autoridades, que animan un comportamiento más arriesgado de gestores, accionistas, depositantes y acreedores. Este fenómeno, que se conoce como “riesgo moral” o riesgo inducido, lleva a los sujetos a elegir opciones menos seguras una vez que algunas consecuencias del fallido puedan trasladarse a terceros.

Debido a que las inversiones más rentables son las más arriesgadas, la perspectiva de una posible quiebra suele poner adecuados límites a la codicia. En este equilibrio, los gestores y accionistas de los bancos acotarían el riesgo de sus activos mientras los prestamistas sopesan las condiciones de cada entidad, dificultando la financiación de las más aventuradas. Ahora bien, si las partes consideran que las autoridades evitarán en última instancia la quiebra del banco, los límites se difuminan, las cautelas disminuyen y las posiciones menos prudentes cobran renovado atractivo. Los gestores y accionistas desearán mayor rentabilidad, olvidando peligros que se antojan más lejanos, mientras los bonistas se tomarán menos molestias en dilucidar la salud del banco al que prestan. Es racional acercarse al borde del abismo cuando se piensa que alguien puso una red en el fondo.

Por su parte, la existencia de una garantía de depósitos evita pánicos bancarios y retiradas masivas de fondos pero, cuando su límite superior es demasiado elevado, inhibe el necesario control de grandes y medianos depositantes sobre la calidad de los bancos. Poco se discriminará entre entidades sólidas y problemáticas sabiendo que, en última instancia, el importe de todas las cuentas se encuentra asegurado. Estudios empíricos señalan que la generosidad de la garantía de depósitos incrementa el riesgo que, motu proprio, toman los bancos

Reforzar los controles del mercado sobre la banca

Desde este punto de vista, con el fin de reducir el riesgo moral en el futuro, hubiese sido conveniente dejar caer a algunas cajas, claramente quebradas pero no sistémicas, y proceder a la liquidación, garantizando los depósitos. Sin embargo, parece que esto fue precisamente lo que los gobernantes intentaron evitar, impulsando unas fusiones que formaban entidades cada vez más grandes, problemáticas y sistémicas, aparentemente protegidas contra la quiebra. El temor a que el proceso de liquidación pudiese airear las vergüenzas de algunas cajas pudo pesar más que la necesidad de lanzar una sana advertencia a los agentes involucrados.

Las intervenciones bancarias deben procurar que las pérdidas sean soportadas preferentemente por accionistas y acreedores, no por los contribuyentes. Si hubo fraude o engaño en la colocación de títulos, es algo que los tribunales deberán dilucidar. Y, en el futuro, cuando remita la tormenta, el límite máximo de garantía de depósitos debería fijarse en un nivel no demasiado elevado para fomentar la penalización, con un mayor interés por los depósitos a plazo, de aquellas entidades que opten por asumir más riesgos.

Es imprescindible que se inicie la investigación sobre la gestión de ciertas cajas para depurar presuntas responsabilidades civiles, o penales, de sus directivos y que proceda, al menos, la correspondiente sanción económica. Naturalmente, conociendo el parcial funcionamiento de las instituciones en España (con esa acusada proclividad a aplicar la “ley del embudo”) y la enorme implicación de políticos en las posibles irregularidades, los procesos sólo se impulsarán si existe suficiente presión ciudadana.  

Alguien podría argumentar que todo lo anterior sobra si existe una apropiada regulación y una eficiente inspección. Sin embargo, resulta ingenuo confiar el buen funcionamiento de la banca española a una  vigilancia pública frecuentemente condicionada por las vicisitudes de la política del día a día o por meras componendas entre poder político y financiero. Son muy convenientes aquellas medidas que, favoreciendo la estabilidad y la fortaleza del sistema bancario, posean, a largo plazo, la virtud de incentivar la responsabilidad y la prudencia, tanto de clientes como de gestores, reforzando los controles que ejerce el mercado sobre los bancos en lugar de eliminarlos.

Al final, se trata de evitar ese conocido juego de ruleta en el que algunos piensan que, si aciertan, ganan ellos pero, si fallan, paga el contribuyente. Especialmente cuando se trata de banqueros aficionados, políticos o sindicalistas.


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