En el límite

El velo de la ignorancia

La semana pasada Mariano Rajoy sorprendía con una nueva propuesta: cambiar la ley electoral para que el voto mayoritario designe a los alcaldes. Se acabaría con esos acuerdos, coaliciones postelectorales, apaños o componendas entre partidos. A quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Interesante idea pero... la sugerencia levanta suspicacias. No por su enfoque sino por la oportunista intención que se adivina. Si el sistema mayoritario resulta ventajoso en la elección de alcaldes... debería extenderse también a la elección de diputados, presidente del gobierno, de comunidades autónomas etc. De forma aislada y en el momento presente, la propuesta parece una nueva trapisonda, otro intento de cambiar las normas en interés de parte, de arrimar el ascua a la sardina justo cuando las encuestas niegan el pan y la sal de la mayoría absoluta.

Pero no se trata de una mera anécdota sino un ejemplo muy representativo. Las leyes surgen de ocurrencias puntuales y suelen responder a intereses concretos, estrechos y particulares. Se redactan para cada situación específica, generalmente en beneficio de quienes las promulgan o de sus amigos. Son excesivas en número, cambiantes, incoherentes, extremadamente complejas y retorcidas. En lugar de establecer normas consistentes, objetivas, estables, van enmendando las reglas del juego a cada lance del partido, siempre a favor del equipo de casa. Innumerables leyes con inconfesables propósitos ocupan cientos de miles de páginas de boletines oficiales, creando una tremenda maraña legal. El crecimiento de la legislación es sólo escomparable a la degradación de su calidad, con interpretaciones discutibles, mutantes, retorcidas, no solo para el lego en derecho sino para el jurista más avezado. Un infierno de inseguridad jurídica que genera arbitrariedad, con graves consecuencias para nuestro bienestar. ¿Es posible incentivar una legislación más objetiva e imparcial?

Cuando la ignorancia cumple su papel

En 1971 el filósofo norteamericano John Rawls, propuso una idea interesante. Para garantizar normas justas y equitativas es necesario que sus impulsores desconozcan los efectos que tendrán estas normas sobre sus intereses egoístas. Deben estar cegados por un velo de ignorancia,incapaces de atisbar con claridad las ventajas particulares que pueden obtener de esas leyes. Siendo así, diseñarán las normas centrándose en los aspectos objetivos, en las repercusiones generales. El enfoque resulta muy intuitivo: una persona cortará equitativamente una tarta... si ignora previamente qué pedazo le va a corresponder. Los legisladores podrían sentirse inclinados a aprobar leyes favorables a sí mismos, o a sus allegados, si son capaces de prever con detalle estas consecuencias particulares.

El velo de la ignorancia puede parecer a primera vista un concepto abstruso, alejado de la realidad, un mero ejercicio intelectual sin utilidad práctica alguna. Pero se trata de un principio aplicable, que ofrece algunas pautas para guiar el proceso legislativo. De hecho, ciertas clausulas dirigidas a generar incertidumbre, a romper el vínculo entre la ley y los intereses personales de los legisladores salpican la legislación norteamericana. Un ejemplo divertido es la vigesimoséptima enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. ¿Cómo evitar que congresistas y senadores caigan en la tentación de subirse excesivamente el sueldo? Mediante la ingeniosa argucia de retrasar la entrada en vigor de cualquier incremento salarial hasta la legislatura siguiente. Se trata de una cuña, un obstáculo que siembra dudas en el momento de votar la propuesta: ¿continuaré en el senado tras las próximas elecciones? ¿Si voto afirmativamente estoy favoreciendo mis ingresos futuros o simplemente engrosando el bolsillo de mi contrincante?

Un nefasto proceso legislativo

Aunque algunos apuntan a la ignorancia de los gobernantes como uno de nuestras principales dificultades, en la elaboración de leyes el problema es justo el contrario: conocen demasiado bien las ventajas que pueden obtener ellos mismos o los grupos de presión afines. No sólo se han desprendido del velo sino que lo han rasgado, pisoteado y arrojado a la hoguera. Poseen una perfecta visión interesada y cortan la tarta sabiendo previamente qué pedazo se llevarán. El ejecutivo, sea nacional o autonómico, dispone de una capacidad absoluta para establecer las leyes, controlando todas las etapas de su tramitación. Mediante un proceso industrial rápido y eficaz, las fabrica por toneladas, a gusto, voluntad y beneficio particular, sin lugar para la sorpresa. Ni el legislativo, sometido a la disciplina de voto, ni el Tribunal Constitucional, nombrado por cuotas, se atreven a toser fuera de guión.

Ahí se encuentra precisamente el origen de estos males: el proceso legislativo es muy rápido e insustancial. Completamente previsible para el gobierno sin lugar para incertidumbre en ninguno de los detalles, en la efectividad de cualquier cláusula. Los partidos pueden aforar al antiguo rey o modificar la Constitución en un par de semanas, como quien se muda de camiseta. O cambiar las leyes fiscales de forma reiterada con sonrisa bobalicona. Todo sería distinto si el gobierno perdiera el control del proceso legislativo, del resultado final y los plazos. Un sistema mayoritario en la elección de diputados difuminaría la disciplina de voto, propiciando un verdadero debate parlamentario. Y desencadenaría un procedimiento mucho menos previsible para los intereses del ejecutivo y grupos afines. Un renovado velo de ignorancia cubriría la vista de los gobernantes, contribuyendo a frenar la abrumadora diarrea legislativa. Nuestro mundo está al revés: los tribunales de justicia son muy lentos y los procesos legislativos demasiado rápidos. La prudencia aconseja lo contrario.  

Tengan todos un feliz verano. 


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