En el límite

¿Será suficiente la abdicación?

Recientes rumores apuntan insistentemente la posibilidad de que el rey Juan Carlos abdique en un momento especialmente convulso para las instituciones españolas. Los motivos de salud serían más bien la excusa, la justificación oficial ante el creciente deterioro causado por los últimos escándalos. Sin embargo, es probable que el ascenso al trono de Felipe de Borbón no logre recuperar el malogrado crédito de la Corona ante un daño que no sólo afecta a la imagen personal del Monarca sino también al prestigio de la institución.

Los monárquicos suelen argumentar que un Rey, alejado de la lucha partidista, se encuentra en condiciones óptimas para ejercer de árbitro y moderador de las instituciones. Sin embargo, la aceptación de la monarquía, la adhesión de las gentes a la Corona, posee unos fuertes componentes sentimentales que a la larga resultan inestables. Especialmente cuando la rápida difusión de informaciones puede transformar esas emociones en otras menos favorables. Dado que la monarquía no está sujeta al sufragio ni a un proceso de selección por mérito, debe someterse necesariamente a unos apropiados controles y a un constante escrutinio de la opinión pública. El mantenimiento de la auctoritas requiere la percepción pública de un rey ejemplar, entregado a sus funciones. En España, sin embargo, el funcionamiento de la institución se mantuvo muy alejado de lo óptimo.  

Las sucesivas revelaciones han proyectado la imagen de un Monarca más ocupado en asuntos personales que en el desempeño de sus obligaciones constitucionales. Y, aunque las leyes teóricamente limitan sus potestades ejecutivas, la narración de los hechos muestra un Rey con enorme capacidad de influencia sobre muchos resortes del poder, no necesariamente en bien de la nación. Con recursos para lograr una movilización de los servicios secretos en interés privado, para elevar a una buena amiga a representante oficiosa de España o para ver atendidas con prontitud sus peticiones de colocar a familiares en grandes corporaciones privadas. Y retratan una España que confunde el respeto debido con la indigna sumisión al poder, o con algo peor.

Una prensa aduladora del Monarca

Un régimen sin controles permitió a los partidos actuar sin trabas y la permisividad se extendió a la Corona. Lógicamente, los gobernantes carecían de autoridad moral para llamar la atención al Rey por actuar a voluntad. Pero la falta de ejemplaridad deteriora mucho más la imagen de la Corona que la de los gobiernos pues estos últimos pasan, se renuevan con el voto, pero el Monarca permanece. Y una vez rota la confianza en la monarquía es trabajo de chinos recomponer todas las piezas.

La prensa pudo prestar un buen servicio proporcionando información veraz sobre la institución monárquica y ejerciendo el control con una crítica constructiva. En su lugar, se entregó mayoritariamente a la autocensura, a la adulación y al falseamiento de la realidad, recreando el tono de la prensa franquista cuando hablaba del Caudillo. Así, el análisis objetivo de la Corona constituyó hasta hace poco un tabú, una nítida línea roja inimaginable en cualquier país verdaderamente democrático. Casi todos parecieron olvidar que la falta de crítica y control acaba corrompiendo cualquier institución.

La cuestión de la legitimidad se había planteado de forma equívoca desde el inicio, cuando la Transición vendió la institución monárquica dentro de un paquete inseparable de Rey y democracia. Así, la aceptación de Juan Carlos quedaba ligada a la idea de ser el hombre que había traído la democracia, mientras la propaganda oficial fomentaba un apego, no a la monarquía como institución, sino a su titular. Pocos monárquicos pero muchos juancarlistas. El tifón se desencadenaría al abrir el paquete y comprobar que ninguno de los dos componentes cumplía las expectativas. Ni la democracia alcanzaba el mínimo de calidad exigido, ni la Corona cumplía convenientemente sus funciones. Y ambas se encontraban ya fuera de garantía. Las reclamaciones, al maestro armero.

Imposible abdicación a cambio de buena imagen

Resulta casi imposible una abdicación en los términos que, según alguno ha señalado, desearía Juan Carlos: pronta retirada a cambio de buena imagen. Los tiempos cambiaron y no queda ya mago capaz de mantener la información incómoda encerrada en el cofre de las siete llaves. Ni valiente que se atreva a manejar todas las palancas y resortes que pasan página.

Aunque España necesita un relevo urgente en la Jefatura del Estado, una abdicación lampedusiana, la del cambio sólo aparente, podría poner al heredero a los pies de los caballos. El presente reinado ha menoscabado gravemente el prestigio de la monarquía en un país que cree muy poco en derechos dinásticos. Ya no se trata del hombre que, supuestamente, trae la democracia bajo el brazo sino de otro con pretensiones de reinar sobre un defectuoso sistema político, sin efectiva separación de poderes ni controles eficaces sobre la Corona. Demasiada agua ha corrido bajo los puentes para que alguien trague que monarquía y democracia siguen formando un paquete inseparable. Además, Felipe no es sólo heredero de la Corona: también de un patrimonio que algunos medios extranjeros estiman en 2.300 millones de dólares y se preguntan por su origen. En un país enormemente sensibilizado, difícilmente ganaría aprobación sin renunciar previamente a su parte en favor del tesoro público. Varias bombas de relojería bajo el trono de un sucesor que pretenda reinar sin cambios ni reformas de calado.

La legitimidad de la monarquía hereditaria no puede emanar de la tradición, la costumbre o el temor al cambio, sino del consentimiento y aceptación mayoritaria de los ciudadanos. En un mundo en el que la información se difunde con facilidad, la estrategia de forzar una visión edulcorada y empalagosa, pero falsa, de la monarquía está condenada al fracaso. Sólo mediante la transparencia, el rigor, el estricto control y la ejemplaridad, esta institución tendrá alguna opción de permanecer en el futuro. Y siempre tras un eventual pronunciamiento favorable de los electores en un necesario plebiscito. Ya es hora de que España comience a hacer las cosas bien desde el principio.


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