En el límite

¿Por qué resulta tan difícil impulsar las reformas?

A medida que avanza y se complica la crisis económica actual, resulta más evidente la necesidad de acometer las adecuadas reformas estructurales que sirvan para restaurar el crecimiento, la competitividad y la creación de empleo en nuestra economía. Nuestros gobernantes, sin embargo, han venido evitando o retrasando lo más posible estos cambios, a pesar de la urgencia que la apretada situación impone. Pero el caso español no es una excepción. Incluso al borde del abismo y de vivir gracias a una ayuda exterior condicionada a los ajustes, los gobernantes griegos tampoco han dispuesto de suficiente capacidad o voluntad de llevarlas a término.

Estos hechos resultan, en principio, un tanto inexplicables. Si las reformas económicas favorecen el crecimiento, contribuyen a equilibrar las cuentas públicas y reducen el desempleo ¿por qué los gobiernos se muestran tan reacios o, al menos, tan cautelosos a la hora de impulsarlas? Si estos cambios proporcionan una ganancia neta para la sociedad ¿por qué parecen generar tantas resistencias?

Una de las explicaciones más asentadas consiste en que las reformas económicas tardan cierto tiempo en surtir efecto pero los costes de ajuste que provocan se manifiestan de manera casi instantánea. Así, los gobernantes evitarían incurrir en una merma de popularidad para que sea el siguiente gobierno quien recoja los frutos. Sin embargo, si los votantes son racionales y poseen una visión menos miope que los políticos, buscarían los beneficios futuros apoyando a los candidatos que prometiesen y acometiesen las apropiadas reformas.

En realidad, buena parte de la dificultad surge de la propia naturaleza de las reformas. Éstas consisten frecuentemente en eliminar un conjunto de restricciones y trabas, que se establecieron en el pasado y que conceden privilegios a determinados grupos, a costa del resto de los ciudadanos. Estos privilegios se otorgaron a cambio de respaldo político o a condición de compartir los beneficios resultantes con los gobernantes. Así, el statu quo representa para el poder político un complejo equilibrio de apoyos e intereses, con fuerte inercia y resistencia al cambio.

Por ello, cada reforma perjudica, en mayor o menor medida, a algún grupo mientras beneficia a la población en general. Pero el cambio no constituye una mera redistribución de renta de los privilegiados a los demás: la ganancia del resto de la población es superior a lo que pierde cada grupo. Es decir, existe una ganancia social neta. De ahí su conveniencia pero también el origen de su dificultad: aún siendo inferiores, los costes de las reformas se encuentran muy concentrados en un colectivo concreto mientras que los beneficios se hallan muy repartidos entre la población. Se genera así una fuerte resistencia al cambio por parte de determinados grupos, que suelen recurrir a la acción colectiva y a la presión, generando y difundiendo un discurso que trata de justificar los privilegios, mientras el apoyo ciudadano a los cambios tiende a ser más débil. Por ello, la dificultad política de una reforma será tanto mayor cuanto más grande sea la pérdida para los grupos de presión en relación a la ganancia social neta.

Pero existe otro elemento importante. Aún beneficiando a la mayoría, es posible que la perspectiva de reforma no logre un apoyo electoral mayoritario a priori si existe incertidumbre sobre quiénes serán los beneficiarios del cambio. Es típico que sólo se forme una mayoría favorable a las reformas a posteriori, cuando éstas comienzan a dar los frutos buscados. Pasado un tiempo, el cambio de correlación de fuerzas las hace ya irreversibles. Por ello, muchas veces no funciona una negociación con los grupos perjudicados en la que se les promete una compensación directa por acceder al cambio. Éstos saben que, si permiten su inicio hasta que la mayoría social se decante a favor, la reforma continuará aún sin su aquiescencia y, una vez perdida la influencia, pueden no recibir la compensación prometida. Una manera más eficaz de reducir la resistencia de los grupos de presión consiste en poner en marcha todas las reformas simultáneamente, en un paquete inseparable, de modo que el grupo perjudicado en una reforma quede compensado, en parte, por los beneficios de las otras.

Un programa de reformas debe reducir la incertidumbre, proporcionando toda la información necesaria sobre las consecuencias de los cambios. Aprovechar que la crisis genera urgencia e incrementa los costes de permanecer en el statu quo. Presentar todas las reformas en un paquete para que ciertos grupos de presión se sientan parcialmente compensados de sus pérdidas e impulsarlas con celeridad y decisión para que se alcance pronto la mayoría social favorable al cambio. Debe ser planteado y llevado a cabo en los primeros meses de legislatura, cuando los gobernantes gozan de mayor legitimidad y acompañado de las deseables reformas políticas para lograr un mayor apoyo ciudadano. Nuestro futuro depende de la decisión, empuje y buen criterio del presidente que salga de las urnas el próximo día 20.


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