En el límite

La reforma laboral: esperando a Godot

Por enésima vez, resuenan lejanos los tambores de la reforma laboral, un asunto recurrente, nunca resuelto y envuelto en tan peculiares circunstancias que bien podría configurar una buena pieza de teatro del absurdo. Como el personaje de Godot, por muy esperada o mencionada que fuere, la susodicha nunca acababa de pisar unas tablas donde los representantes políticos, presos de un incomprensible pánico escénico y de una surrealista parálisis, parecían renunciar de buen grado a su potestad legislativa para adjudicarla a los señores Toxo, Méndez y Rosell quienes, aun investidos de una enigmática legitimidad, tampoco mostraban gran disposición a ejercerla.

A pesar de la frivolidad con la que nuestros gobernantes han venido tratándola, la reforma del mercado de trabajo constituye una pieza clave para el futuro de nuestra economía. Un cambio satisfactorio de la legislación laboral podría reducir considerablemente nuestra elevada tasa de desempleo de equilibrio, aquella a la que tiende a largo plazo el mercado de trabajo. Basta con repasar las cifras para concluir que España sufre siempre un enorme desempleo, tanto en los momentos de crisis como en las etapas de expansión. Desde 1980 hasta la actualidad, nuestra tasa de paro ha oscilado entre el 8,5 % y el 23,9%, con un promedio del 16 %  (sobre este orden de magnitud se encontraría la tasa de desempleo de equilibrio en este periodo). En estos treinta años, la tasa media de desempleo de EEUU alcanzó el 6,5% y la de Portugal el 6,9%, ambas muy inferiores a la española.

Este desempleo de equilibrio no depende de la fase del ciclo sino de la eficacia de las instituciones que rigen los mercados: el tipo de contrato, los sistemas de fijación de salarios y de condiciones de trabajo, las regulaciones laborales y, también, el grado de competencia en los mercados de bienes. En España es anormalmente elevado porque la legislación laboral vigente, que proviene del franquismo, pudo funcionar en un régimen autoritario con una economía y una sociedad tuteladas, pero resulta letal en un sistema constitucional, con economía de mercado, libre iniciativa privada y competencia exterior. Así, unos costes de despido muy elevados para los contratos fijos, junto con una casi ausencia de protección en los contratos temporales, crean una peligrosa dualidad que favorece una masiva destrucción de empleo en las recesiones y conduce permanentemente a un nivel de contratación subóptimo, mientras que la excesiva judicialización de las relaciones laborales desanima la contratación.

Por su parte, la negociación colectiva prima el convenio por sector, otorgando el poder de decidir a unas organizaciones sindicales y patronales muy poco representativas, que defienden sus propios intereses, no los de la sociedad en su conjunto. Dado que los convenios de sector son acordados por unos pocos pero de obligado cumplimiento para el resto, constituyen un mecanismo utilizado por algunas empresas para restringir la competencia y expulsar del mercado a otros rivales. La patronal, que representa sólo a las principales empresas, suele llevar a los convenios ciertas condiciones abusivas, asumibles para las empresas grandes pero no para las pequeñas, que pueden verse obligadas a abandonar el mercado. Por otro lado, los sindicatos mayoritarios pactan habitualmente unas condiciones favorables para sus representados, básicamente sus afiliados, pero claramente lesivas para el resto de los trabajadores y, por supuesto, para los desempleados.

Por todo ello, es fundamental y urgente eliminar la dualidad, acercando lo más posible los contratos fijos y los temporales, primar los convenios de empresa sobre los de ámbito más general, limitar la prórroga automática de los convenios anteriores en ausencia de acuerdos o desjudicializar al máximo las relaciones laborales. Es cierto que la reducción del desempleo no se produciría instantáneamente, ya que la mejora afecta a la tasa de largo plazo, pero el ahorro en prestaciones y subsidios de desempleo durante las próximas décadas sería muy sustancial, algo que anticiparían rápidamente los mercados, las agencias de rating y nuestros socios comunitarios.

Sin embargo, aún resultando imprescindible, la reforma laboral ha constituido tal escollo para nuestros gobernantes, que sólo han osado acometer unos cambios muy superficiales, sin modificar los elementos sustanciales, algo que no resulta difícil de comprender: en política, tan sencillo es otorgar privilegios como complicado revocarlos, especialmente cuando los afortunados son muy poderosos. Tal ha sido el pánico, que grandes diestros en otras plazas han palidecido ante este miura y, observando desde la barrera su afilada cornamenta, han dilatado permanentemente la faena, regresado al burladero precipitadamente ante la acometida del astado o intentado endosar a otros la responsabilidad de su lidia. Resultaba ingenuo creer que sindicatos y patronal transformarían, motu proprio y de manera radical, un statu quo que les procuraba pingües ventajas mediante un consenso en el que se irían desprendiendo voluntariamente de sus innumerables privilegios. Algo muy cercano a un imposible categórico.

Esperemos que esta vez la reforma sea profunda, valiente y eficaz. Que se acometa con celeridad y, sobre todo, que cuente con un radical desacuerdo de los llamados agentes sociales


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