En el límite

Una radiografía de la política

Hace unos 55 años, algo atrajo con fuerza la atención de un todavía joven economista americano. Su disciplina dedicaba muchísimo esfuerzo a estudiar el funcionamiento del mercado pero ninguno a explicar las decisiones políticas. Y ello a pesar de que la maquinaria del Estado manejaba casi tantos recursos como el sector privado. Si la economía era capaz de determinar la conducta de consumidores o productores ¿por qué no usar su potente instrumental para analizar el comportamiento de los políticos? Había nacido la Public Choice, o teoría de la toma de decisiones públicas, una nueva rama de la economía gracias, entre otros, al esfuerzo de nuestro protagonista, James M. Buchanan, que falleció la semana pasada a los 93 años de edad.

La economía basaba su análisis en las motivaciones de consumidores, inversores o empresarios, todas ellas forjadas en la fragua del propio interés individual. Pero la visión que se tenía del gobierno era muy distinta: un ente benevolente, desinteresado y generoso, siempre en pos del bienestar de los ciudadanos. Sin embargo, los déficits presupuestarios permanentes, el crecimiento desmesurado la administración o la inclinación de los gobernantes a favorecer a ciertos grupos de presión, eran fenómenos tan recurrentes que no resultaban compatibles con tan filantrópica conducta. Todo apuntaba a que, básicamente, los políticos también actuarían guiados por intereses egoístas.

Este descubrimiento, que abría importantes caminos y permitía explicar muchísimos fenómenos, generaba también una duda: ¿por qué había sido tan difícil aceptar este postulado? No requiere mucha perspicacia, al menos en España, alcanzar la conclusión de que los políticos persiguen más bien su propio beneficio. Sin embargo, esta verdad nunca fue sencilla de asimilar: el discurso político siempre ha insistido en su idealismo, en su motivación generosa y desinteresada. Una propaganda demasiado intensa que impedía a los ciudadanos absorber, sin conflicto, tan corrosiva idea. El propio Buchanan reconoce que él se limitó a pregonar que “el rey estaba desnudo”, algo que todo el mundo veía pero pocos reconocían.

Reglas y controles constitucionales

Una vez establecido el carácter interesado de la política, parecían abrirse unas perspectivas poco halagüeñas para la buena y honrada gestión pública. Si el gobierno llevaba a cabo una política desastrosa, el remedio no podía limitarse a poner a sus integrantes de patitas en la calle y sustituirlos por personas justas, altruistas y benéficas. Nadie podía garantizar que esos nuevos líderes resistieran las fuertes tentaciones que provoca el poder. Por suerte, la Public Choice planteó una solución más eficaz: establecer las reglas y controles apropiados para que el sistema cumpla sus funciones aceptablemente aunque los gobernantes sean egoístas e interesados. Es decir, diseñar una estructura que modele los incentivos de los dirigentes de manera que queden alineados con los intereses generales. Enlazando con los constitucionalistas clásicos, la maquinaria debe funcionar con independencia de que los políticos sean altruistas o egoístas.

Los estudios mostraron pronto que el voto constituía un mecanismo de control demasiado imperfecto e indirecto, entre otros motivos por la falta de incentivos de cada elector para informarse y depositar su sufragio concienzudamente. Existía para cada votante una enorme desproporción entre los elevados costes de obtener toda la información relevante y los beneficios de un voto individual concienzudo y responsable, ya que éste no tenía repercusión alguna sobre el resultado final. La conclusión era obvia: un gobierno tan sólo controlado por una votación cada cuatro años tendería a perseguir metas alejadas de los intereses de los ciudadanos. El problema se agrava en el caso español pues el elector debe limitarse a introducir una papeleta con una lista cerrada y bloqueada.

Buchanan, que recibiría el Premio Nobel en 1986,  propone una estructura de elección colectiva que consta de dos niveles: la “política ordinaria”, para las decisiones del día a día y la “política constitucional” o procedimiento por el que se fijan las reglas del juego, trabas, cortapisas y restricciones, dentro de las que deben moverse obligatoriamente las decisiones gubernamentales ordinarias. Esta política constitucional es la que requiere un diseño más meditado y una amplia aceptación por parte de los ciudadanos. Es precisamente en este aspecto donde habría que buscar la causa fundamental del rotundo fracaso de un sistema político español, viciado completamente desde la raíz y carente de las apropiadas reglas y controles eficaces.

Una indeseable “búsqueda de rentas”

Una de las líneas más interesantes y sugerentes del programa de investigación de la Public Choice fue la teoría de la “búsqueda de rentas no competitivas” (rent-seeking), iniciada por Gordon Tullock. Dado que las decisiones de los gobernantes pueden beneficiar enormemente a ciertos sectores (perjudicando de paso el interés general), algunos grupos de presión, especialmente empresariales, mostrarían una gran inclinación a gastar considerables recursos a fin de obtener el favor de los gobernantes. Una simple regulación que dificulte el acceso de los competidores al mercado, un trato fiscal ventajoso, unas ayudas generosas a una industria concreta o una contrata pública en condiciones provechosas, constituyen pequeñas y discretas decisiones que proporcionan a los destinatarios enormes beneficios, no ganados mediante el ingenio y la competencia sino a través del favor y el privilegio. De ahí su carácter de renta económica no competitiva.  

Ante la perspectiva de tamaña lluvia de millones, los grupos empresariales se mostrarían dispuestos a cualquier gasto, donación al partido, regalo en metálico o especie, transferencia a cuenta en paraíso fiscal o garantía de un puesto en consejo de administración tras el mandato, con el fin de inclinar la voluntad del político hacia la concesión del favor. Ello explicaría que, en respuesta, en países como España los gobernantes promulguen una auténtica selva de complejas leyes, normas y regulaciones que protegen de la competencia a los grupos privilegiados y lesionan ostensiblemente el interés general. O que impulsen legislaciones fiscales complejísimas, siempre llenas de excepciones y agujeros por los que puedan colarse aquéllos que compraron las voluntades.

A la hora de medir estas cantidades, Tullock se sorprendió ante lo que consideró una paradoja. A pesar de los miles de millones en rentas que podían suponer todas estas medidas, los grupos empresariales sólo necesitaban gastar una pequeña fracción de todo ese montante para conseguir los favores. Ciertamente, los gobernantes recibían muy poco en relación a lo que concedían. Pero este autor analizó el caso de los Estados Unidos, donde los controles son relativamente estrictos. Quizá hubiera cambiado radicalmente de opinión de haber conocido el volumen que alcanzan los pagos por privilegios y las comisiones reales en España.


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