En el límite

La pertinaz ineficacia de los estímulos fiscales

No resulta difícil encontrar en la prensa ciertas recetas que proponen, como remedio a la recesión, la puesta en marcha de estímulos, sugestivo término para aludir al incremento del déficit público. Así, el Estado podría expandir la escasa demanda mediante el sencillo trámite de tomar prestado ahorro de los particulares para comprar más bienes y servicios. Se crearía nueva actividad y empleo, más demanda que desencadenaría una suerte de círculo virtuoso conducente a una expansión muy superior ya que el gasto público inicial sería capaz de activar de manera muy notable el consumo privado.

Convenza o no la teoría, imposible es negar el irresistible atractivo que ejerce la perspectiva de salir de la crisis gastando más, sin renuncia alguna, una suerte de medicina dulce en lugar de aquellos remedios amargos y dolorosos que prescriben los galenos. Pero se trata de un bálsamo algo sospechoso a la vista del gran número de gobernantes empecinados en aplicar impopulares medidas de recortes, austeridad y ajuste presupuestario cuando podrían obtener votos, aplausos y adhesiones a raudales repartiendo a manos llenas un deseado maná de mágicos efectos. 

Muchos argumentos en contra de la tentación de los estímulos

En efecto, existen serios argumentos que apuntan a la incapacidad de la política fiscal para expandir la economía en circunstancias como las actuales. Los sujetos no consumirían la mayor parte de las rentas generadas por la expansión del gasto público sino que más bien las ahorrarían. Unos para reducir su sobreendeudamiento, otros, como medida de precaución frente la incertidumbre o ante la expectativa de un ulterior deterioro de su renta y su riqueza y algunos, finalmente, por percibir que un mayor gasto del Estado hoy implica mayores impuestos en el futuro, dejando inalterada su renta de ciclo de vida (no lo gasto pues “lo que me dan hoy, me lo quitarán mañana”: es lo que se conoce como “equivalencia ricardiana”). 

En definitiva, no es probable que el gasto público impulse el consumo privado corriente pues los sujetos no sólo toman en cuenta el montante de los ingresos disponibles presentes sino que atienden a consideraciones de más largo plazo, como las expectativas de renta y riqueza futuras. Por ello, los nuevos gastos del Estado se agotarían en sí mismos y su efecto acabaría disipándose sin otra conclusión que agravar hasta un punto ya insostenible el déficit y la deuda pública. Incluso, debido a que nos encontramos en una economía muy abierta con una gran propensión a las importaciones, aun llegándose a producir algún efecto expansivo sobre la demanda, buena parte de los empleos se crearían en otras zonas del mundo, como China. 

Más aun, el perjuicio causado por esta política podría ser todavía mayor pues el déficit no sólo no anima el gasto privado sino que lo desplaza: es lo que se conoce como el efecto expulsión. La actividad pública desvía recursos del sector privado hacia proyectos que decide la Administración ya que, para financiarse, el Estado absorbe ahorro que deja de estar disponible para la inversión privada. Aunque los estímulos fiscales puedan crear empleos en algunos sectores, los reducen en otros y, por ello, sólo serían eficientes si la inversión pública fuese socialmente más rentable que la inversión privada desplazada, algo que, a la vista del gasto en infraestructuras inútiles e ineficientes de los últimos años, puede considerarse altamente improbable.   

El peligro de alcanzar el límite fiscal

El déficit y la deuda de muchos países se sitúa hoy cerca de lo que se conoce como el “límite fiscal”, aquel punto a partir del cual no existe la posibilidad o la disposición de recaudar en el futuro impuestos suficientes para sostener el endeudamiento. Al acercarse a esta zona, las políticas económicas pierden su eficacia, la financiación se torna complicada y las primas de riesgo comienzan a aumentar de manera explosiva. Es imprescindible alejarse de ese entorno mediante una apropiada consolidación fiscal, que equilibre el déficit estructural y persiga una senda de reducción del cociente de la deuda pública sobre PIB en el largo plazo. Por ello, los ajustes no pueden limitarse a meros recortes sino que deben incluir las apropiadas remodelaciones de la Administración y del Estado del Bienestar, que garanticen un endeudamiento sostenible en el largo plazo, y ser acompañados de otras reformas económicas que fomenten el empleo y la productividad.  

Aunque los enormes déficits públicos de los últimos años no han ayudado a nuestra economía, más bien todo lo contrario, el aumento del gasto financiado con deuda siempre ha ejercido un fascinante embrujo para los políticos y su apetito de votos y apoyos. Al fin y al cabo, estos estímulos benefician a algunos sectores, que se sienten agradecidos al poder por su providencial deferencia, mientras que los sectores perjudicados y los trabajadores que pierden su empleo no suelen atribuir sus dificultades al desplazamiento de la financiación hacia al sector público sino simplemente a la crisis. 

La política fiscal discrecional, que es controvertida y compleja, requiere un manejo muy prudente pues funciona sólo en muy particulares circunstancias. Resulta recomendable, por ello, mantenerse en guardia frente a ciertas recetas que prometen recompensas sin coste ni esfuerzo. Especialmente frente a aquellas que, ante el evidente fracaso, recomiendan, con audaz contumacia, duplicar la dosis. 


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