En el límite

El paraíso de los corruptos

La semana pasada, Mariano Rajoy acudía ufano al Congreso para  "ofrecer una respuesta a la corrupción amplia, rigurosa, duradera". No, no se trataba del crecepelo milagroso, ni de un mejorado bálsamo de Fierabras, sino de una nueva ley que se añadirá a las cien mil existentes. Al parecer, una auténtica maza de Thor que golpeará a los malvados corruptos porque, en palabras del presidente, "la mayoría de nuestros representantes políticos son personas decentes". Y ahí está precisamente la trampa: estas medidas puntuales únicamente sirven para atajar una corrupción individual y excepcional. Sólo surten efecto cuando la parte mayoritaria del sistema es limpia y honrada, capaz de vigilar eficazmente a esa minoría de pícaros y tunantes, aprovechando estas medidas para detectar y castigar a los corruptos.

Pero en España la corrupción no es excepcional: está organizada por unos partidos que tomaron las instituciones del estado. Perdida la neutralidad, la objetividad, toda la estructura política actúa en connivencia con importantes intereses económicos. Sin vigilantes posibles, las iniciativas anticorrupción se convierten en inocentes matamoscas para enfrentarse a un tigre. Las leyes son papel mojado cuando no hay voluntad ni mecanismos para hacerlas cumplir.

El político catalán, preocupado por la corrupción que rodeaba a la obra pública, reunió en su despacho a los presidente de las grandes constructoras para exhortarles a no pagar comisiones para obtener concesiones de obras

No paguéis comisiones, porfa

En abril de 1991, el entonces ministro de Obras Públicas, José Borrell, fue protagonista de una curiosa historia que causó cierto revuelo pero ningún escándalo ni, por supuesto, actuación de la fiscalía. El político catalán, preocupado por la corrupción que rodeaba a la obra pública, reunió en su despacho a los presidente de las grandes constructoras para exhortarles a no pagar comisiones para obtener concesiones de obras. Era una delicada forma de reconocer que allí todo quisque sobornaba o era sobornado. La crónica del diario El País lo expresaba con nitidez: "esta corruptela está extendida en todos los niveles de la Administración: estatal, autonómica y municipal. En medios próximos al sector de la construcción se admite como una prácticacorrienteel pago de comisiones, que oscilan del 2% al 4% del valor de las obras, para la obtención de contratas".

Sin embargo, fuera buena o retorcida la intención, la llamada a capítulo de Borrell estaba destinada al fracaso. Un iniciativa así podría funcionar, como aviso a navegantes, en un entorno de corruptela excepcional pero no en un universo donde la corrupción constituye la costumbre asentada, el equilibrio tácito de connivencia entre partidos y empresarios cercanos al poder. Imaginen la estupefacción de cada uno los presentes y sus leves dudas existenciales: "si de verdad quisieran acabar con las comisiones no enviarían cobradores o intermediarios; y, si yo me niego a pagar, lo harán los demás y me quedaré sin contratas".

Naturalmente, la decisión individual "óptima" era continuar con el procedimiento habitual. Tres años y medio después, inasequible al desaliento, Borrell se vio obligado a insistir, esta vez en un acto público. Que si quieres arroz, Catalina:  la insana costumbre se conservó invariable hasta nuestros días experimentando, solamente, incrementos en la tarifa.

Una vez establecida, no hay medidas, leyes, palancas, botones o parches puntuales capaces de contener la corrupción institucionalizada. De nada sirve aumentar las penas, ni crear nuevos órganos de supervisión

Cambiar las expectativas

La corrupción sistémica es una institución informal, un equilibrio muy robusto que se fundamenta en las expectativas de los implicados: cada participante espera que los demás seguirán actuando así. Con independencia de su fuero interno, ninguno de esos empresarios tiene incentivo a cambiar individualmente de estrategia, a actuar honradamente, pues ello implicaría quedar fuera del mercado. Ni pidiéndolo cien veces el ministro. La repetición sucesiva del infame resultado refuerza las expectativas, esa creencia de que es la única vía posible. Pocos se animarán a denunciar: quien lo intenta no sólo pierde los suculentos beneficios, también corre el riesgo de acabar empitonado. Difícilmente se descubrirá o perseguirá a los corruptos, a no ser que se desate una despiadada lucha entre facciones, como la que presenciamos actualmente.

Una vez establecida, no hay medidas, leyes, palancas, botones o parches puntuales capaces de contener la corrupción institucionalizada. De nada sirve aumentar las penas, ni crear nuevos órganos de supervisión pues, en la práctica, nadie vigila al vigilante: cualquier órgano de supuesta fiscalización se compondrá invariablemente de sujetos nombrados a cuotas por los partidos. Pero la corrupción tampoco forma parte de nuestra cultura, de nuestra forma de ser. Puede ser dominada con una profunda reforma política, un cambio drástico en las reglas del juego que transforme radicalmente esas expectativas. Sólo un decidido impulso es capaz de catapultar la esfera institucional al equilibrio opuesto.

La indiferencia pública ante esas noticias muestra abiertamente la alarmante pasividad del ciudadano medio, que tragó durante décadas pesadas ruedas de molino

Que escándalo: aquí se juega

El episodio Borrell muestra que no hay excusa, que nadie puede llamarse a engaño ni alegar ignorancia. Siempre fluyó información suficiente para que cualquier ciudadano con interés, curiosidad y preocupación por su país pudiera atar cabos, llegar a la conclusión de que la corrupción no era un mero defecto del partido rival sino un rasgo consustancial al sistema. No cabe sorprenderse, ni rasgarse las vestiduras por descubrir a última hora, como el capitán Renault de Casablanca, la generalizada podredumbre que nos atenaza. La indiferencia pública ante esas noticias muestra abiertamente la alarmante pasividad del ciudadano medio, que tragó durante décadas pesadas ruedas de molino.

Aunque la evidencia estaba ahí, a la vista de quien quisiera apreciarla, algunos se sintieron más cómodos en el terreno de la corrección política, aferrados a la teatral confrontación izquierda-derecha, cerrando los ojos y callando antes que cuestionar un sistema supuestamente "modélico". Otros se dejaron hipnotizar con el cuento de que la corrupción era el mal menor, el precio que debían pagar para garantizar la financiación de los partidos, para asentar la democracia. Nunca hay que esperar a que se rompa la espiral de silencio, a que el bolsillo se deteriore o a que el futuro corra peligro para ejercer la responsabilidad: repudiar, denunciar y condenar aquello que es manifiestamente intolerable.


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