En el límite

¿Un pacto anticorrupción?

Sorprendió, o quizá no tanto, la declaración de la flamante presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, señalando la necesidad de un “pacto contra la corrupción”. Al parecer, Mariano Rajoy también asentiría pues así lo habría manifestado. Se abriría, aparentemente, una atractiva perspectiva. Los líderes pactando para luchar, hombro con hombro, contra ese lamentable fenómeno, esa omnipresente lacra que carcome nuestro sistema político hasta la raíz. Las fuerzas políticas cogiendo el toro por los cuernos para atajar ese mal que desgasta la legitimidad del poder a ojos de los ciudadanos. Suena muy loable pero en la política española pocas cosas son lo que parecen. Aquello que presenta un aspecto amable suele ofrecer un interior algo más sombrío y tenebroso.

En realidad, ningún pacto es necesario para luchar contra la corrupción. Cada dirigente político, cada jefe de partido, podría enfrentarse a ella sin necesidad de pactar con los demás. Nada impediría a la señora Díaz anunciar un compromiso para impulsar órganos de vigilancia independientes en el ámbito de la Administración autonómica, o de su partido. Para crear mecanismos eficaces de control sobre aquellas decisiones que pueden enriquecer a unas empresas, o arruinar a otras. Para suprimir radicalmente toda esa maraña de normas y regulaciones autonómicas, que crean barreras de entrada, permiten la arbitrariedad, generan rentas no competitivas y favorecen su reparto. O para, motu proprio, tomar aquellas medidas que garanticen una completa transparencia en todas las administraciones que dependen de su jurisdicción. Pero no hay que engañarse: la política española no navega con ese rumbo.  

Son los partidos quienes organizan esas complejas redes corruptas que asfixian la vida pública. Esos enrevesados engranajes capaces de separar, en el espacio y en el tiempo, el cohecho de la prevaricación. De ocultar no solo las pruebas de la actividad corrupta sino su mera existencia. Unas tramas que provocan enormes costes económicos, minan la confianza de los ciudadanos, generan pobreza y socavan el crédito de las instituciones. Pero su remedio no requiere acuerdo sino verdadera voluntad. Profunda convicción, no componendas. Así como no es menester pactar con el vecino para superar los vicios propios, cada partido no necesita avenirse con el resto para desmontar sus propias tramas… si éste fuera realmente su propósito.

El pacto sobre corrupción ya existe

En realidad, el acuerdo entre partidos sobre corrupción existe ya. Desde hace mucho tiempo. No está escrito pero se ha cumplido casi siempre, como si de un pacto de sangre se tratase. Y no se trata de una mera anécdota sino de una pieza fundamental del régimen de 1978. Los partidos se financiarían mediante comisiones por adjudicación de contratas o recalificación del suelo, repartiéndose amigablemente el pastel a costa del contribuyente. No se denunciarían los casos ajenos pues sólo un necio mataría la gallina de los huevos de oro. Aunque, en un irresistible impulso, Pascual Maragall lanzase la saeta del “tres por ciento”, regresó rápidamente al pacto cuando retiró públicamente sus palabras.

Por ello, los escándalos de corrupción no provendrían de delaciones de los rivales políticos sino de meras casualidades, carambolas o, en ocasiones, de rencillas, luchas de poder, deslealtades o venganzas dentro del propio partido. Bien lo señaló Winston Churchill al joven diputado que se sentaba por primera vez a su lado: “Se equivoca usted, los de enfrente son sus adversarios; los enemigos están detrás, en su propio grupo”.

Los partidos no destaparían las vergüenzas del rival pero el pacto no cubría aquellos casos que, por uno u otro motivo, ya hubieran saltado al conocimiento público. Ahí los políticos podrían representar una comedia de indignación, abalanzarse cual buitres sobre el rival utilizando los medios de comunicación afines, rasgarse públicamente las vestiduras y acusar al contrario de corrupto mientras proclamaban la propia pureza. Un ejercicio de hipocresía comparable al del famoso jefe de policía de Casablanca en el momento de recibir las ganancias de sus apuestas: “qué vergüenza: acabo de descubrir que aquí se juega”.

Un nuevo pacto, corregido y aumentado

Pero los tiempos han cambiado, y no de manera favorable a la clase política. A pesar de su blindaje legal, favorecido por un sistema de garantías que se aplica de forma extrema en procesos de corrupción, y por el control que ejercen los partidos sobre altos tribunales, la multiplicación de casos que salen a la luz y su análisis por la prensa no dependiente del poder ha conducido a una importante transformación de la opinión pública. El ciudadano ya no contempla la corrupción como una sucesión de casos aislados sino como una enfermedad estructural, permanente, consustancial al sistema. Como un generalizado latrocinio que conduce a la puesta en cuestión de todo el sistema político.

Quizá las palabras de la señora Díaz puedan interpretarse como una propuesta para modificar el pacto existente, para ampliar el acuerdo extendiéndolo a los casos que salen a la luz. Para poner sordina a los numerosos escándalos, de uno y otro lado, rebajando el tono de la crítica, de la denuncia. Para cursar instrucciones a los medios afines, de manera que no sólo silencien los casos propios sino también los del rival. Para barrer, sí, pero para casa, intentando esconder la suciedad bajo la alfombra. Pensando que la mejor manera de eliminar la corrupción es… evitar que se vea. Grave error. En tiempos de Internet, de redes sociales, de nuevas tecnologías, la estrategia de la ocultación actúa como un boomerang: se vuelve contra los que la impulsan y retrata a los que la siguen.


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