En el límite

Hacia un nuevo régimen

Los últimos escándalos, destapando lo que ya se sospechaba, han vuelto a fijar el foco de atención en la enfermedad terminal que aqueja al actual sistema político. Se atisba el inevitable colapso de un descompuesto y carcomido régimen de la transición, diseñado como estrecho traje a medida de una clase política bien instalada en el poder.

Sin embargo, en nuestro país no hay revelación capaz, por explosiva que sea, de derribar a gobernante alguno. Al menos a corto plazo. Las características del régimen confieren a los políticos una correosa adherencia a los cargos, una muy resistente fijación al sillón. La malsana ausencia de controles sobre el poder, la falta de democracia interna en los partidos, la inexistencia de una auténtica separación de poderes, la carencia de una representación eficaz o la lentitud e ineficacia de la justicia, son elementos que facilitan a los gobernantes unas palancas cruciales para mantenerse en el poder aún en presencia de escándalos tan graves que borrarían del mapa, cual vendaval, a cualquier dirigente en otras latitudes.

En España no hay dimisiones ni depuración de responsabilidades políticas por descubrimiento de irregularidad alguna. Los políticos desvían rápidamente el asunto al terreno judicial para resistir años en el cargo desde la trinchera de una inapropiada presunción de inocencia. La exasperante lentitud y laxitud de la justicia en estos particulares casos pone el resto. Pero esta falta de renovación y limpieza va minando lentamente la credibilidad del régimen a ojos de unos ciudadanos que perciben muchos privilegios, apaños y componendas y poco respeto al espíritu de las leyes. El régimen toca a su fin, cierto, pero el proceso no es inmediato ni trivial.

Hacia una encrucijada

La crisis económica aceleró el deterioro al estrangular buena parte de las enormes redes clientelares y de intercambio de favores, columna vertebral de nuestra política. La drástica reducción de la tarta multiplicó las tensiones y enfrentamientos entre poderosos grupos privilegiados, antes coaligados. Internet y los medios digitales rompieron la espiral de silencio, permitiendo a los ciudadanos comprobar que existían muchos más ingredientes en la política que la teatral contienda entre los grandes partidos. Y aquello que se comunicaba antes en voz baja comenzó a publicarse abiertamente, estrechando paulatinamente el espacio reservado a los tabúes. Ante la evidencia, la opinión pública tuvo que admitir que “el rey estaba desnudo”.

El curso de los actuales acontecimientos conduce a una decisiva encrucijada, donde el calendario y el desenlace no obedecen a un plan determinista sino que, impulsados por infinidad de decisiones humanas, responden a circunstancias contingentes. España es un país  suficientemente maduro para que el cruce de caminos conduzca a un sistema de libre acceso pero no pueden descartarse escollos, enquistamientos o caminos equivocados. Son frecuentes en la historia transformaciones fallidas, donde una oligarquía privilegiada desplaza a otra, manteniendo el sistema de acceso restringido. En otros casos, las mismas coaliciones en el poder impulsan cambios meramente cosméticos en el mejor espíritu lampedusiano de “cambiar algo para que todo siga igual”.

La salida adecuada, aquélla que brinda mejores oportunidades de futuro, es la que pasa por una reforma constitucional dirigida a restablecer la separación, el equilibrio de poderes y los controles mutuos, a promover una eficaz representación, a implantar adecuados mecanismos de selección de los gobernantes, a impedir la confusión entre lo público y los intereses privados, a eliminar los privilegios garantizando unas instituciones neutrales o a reinstaurar la independencia de la justicia. Trasformaciones que garanticen una actuación pública basada en la igualdad de oportunidades y el trato impersonal. Se trata, en definitiva, de tomar con decisión el camino que conduce a restaurar los principios de la democracia clásica, completamente desaparecidos en España. Sin embargo la encrucijada presenta riesgos, que podrían estancar el proceso o desviarlo de su principal objetivo.   

Un camino no exento de riesgos

El primer riesgo es la posibilidad de que se desvíen las tensiones e insatisfacciones hacia el conflicto partidario, esa teatral enemistad izquierda-derecha agitada interesadamente por los políticos durante muchos años. Un señuelo con el mensaje implícito de que los males están siempre en el otro lado, que debe culparse al rival y exonerar al propio, sin comprender que los defectos se encuentran en el propio sistema. Aunque este artificial conflicto ha perdido ímpetu en los últimos años, no puede descartarse que la visión futbolística de la política vuelva a recrudecerse si los partidos deciden agitar con fuerza el ridículo espantajo.

El segundo proviene de la tentación al inmovilismo, esa negativa a hacer mudanza en tiempos de tribulación. Un razonamiento incorrecto cuando los males fueron causados, precisamente, por la ausencia de reformas en el pasado. Durante treinta años se repitió hasta la náusea, como sortilegio para conjurar cualquier reforma que amenazase el statu quo, una famosa cantinela: “no es el momento de abrir el melón constitucional”. El melón permaneció intacto pero… finalmente podrido. No hay lugar para inmovilismos o enquistamientos: el desgaste, el deterioro progresivo y la extrema degradación política requieren una respuesta audaz y ambiciosa que enderece la situación.

El tercero es la tentación del populismo, esa insensata propaganda que parece prometer la extensión a toda la población de los notables privilegios de la clase política. Esta absurda idea del maná inacabable, del paraíso sin esfuerzo, de la tierra prometida a golpe de decreto ley, que hipnotiza en ocasiones a algunas personas. Sin embargo, el populismo no es más que una argucia para mantener el régimen de acceso restringido. El camino hacia el libre acceso conlleva la supresión de los privilegios, no su teórica e imposible extensión. La libertad y la responsabilidad, no la tutela de los gobernantes, son características de una verdadera democracia.

Descartando que la iniciativa de las reformas pueda provenir de las direcciones de los partidos tradicionales, los cambios podrían impulsarse por otras vías. Existe la posibilidad de que se acreciente la desafección de militantes de base y cuadros intermedios de las formaciones políticas mayoritarias a medida que las tensiones se exacerben y se intensifique la toma de conciencia sobre la verdadera naturaleza y funcionamiento de sus partidos. Una vía compleja pues las organizaciones han sido construidas a partir de un perverso mecanismo de selección. Aun así, quedan personas honradas y capaces entre la militancia que podrían elevar su voz resquebrajando, en cierta medida, los abominables y antaño sólidos cimientos de los partidos tradicionales.

Pero las condiciones resultan más favorables para que nuevos partidos o plataformas, que no participaron el pacto tácito de la transición, enarbolen la bandera de la regeneración presentando a las elecciones un programa de cambio y renovación radical, con buenas perspectivas de arañar importantes porciones de voto ante el profundo desprestigio de los partidos convencionales. En cualquier caso, el elemento crucial es una ciudadanía bien informada de las graves deficiencias del sistema y de la necesidad de unas transformaciones que devuelvan la voz y la capacidad de decisión a quien siempre debió corresponder. La reforma política en profundidad y la regeneración completa de la vida pública constituyen una meta factible, que debe ser objetivo primordial para todo ciudadano consciente e informado. He ahí la nueva frontera de la democracia española.


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