En el límite

Una monarquía con trampa

Tras el curioso alegato de la semana pasada, ni los más acérrimos detractores de Pedro Horrach podrán negarle una sobresaliente capacidad de anticipación. “Hombre precavido vale por dos”, debió pensar el fiscal del caso Urdangarin-Noos. No sólo se adelantaba a la decisión del juez, oponiéndose enérgica y preventivamente a la imputación de la infanta Cristina. También encontraba tiempo para atajar las críticas que su insólito criterio pudiera suscitar. Y lo hacía con cierta altivez y tono desafiante, reduciendo al absurdo la mera censura a su actuación. Si alguno piensa que encubro, que lo denuncie en el juzgado… o calle para siempre. A ver quién es el guapo que recoge el guante.

Un argumento en apariencia contundente pero… esperen. Esa música me suena. He escuchado el mismo razonamiento muchas veces en los últimos años. “Dejen de hablar como cotorras sobre corrupción y de escribir sobre ella. Si conocen algún caso, limítense a denunciarlo en el juzgado”. Suena convincente. Al parecer, sin denuncia formal estaríamos actuando a humo de pajas, acusando sin pruebas o, incluso, encubriendo el delito. Sin embargo, quien tan fuerte envida y tales desafíos profiere, suele jugar con cartas marcadas. Señala con el dedo el papel, las normas formales, a sabiendas de que la realidad no se atiene a ellas. 

La trampa de este argumento fue descubierta hace un par de décadas por el economista norteamericano, y Premio Nobel, Douglass North, a quien llamó la atención un curioso fenómeno. En algunos países, el sistema político o el judicial, no funcionaban realmente como preveían la Constitución y las leyes. Seguían, por el contrario, otro tipo de normas o sistemas de organización no escritos, generalmente sobreentendidos, que sustituían a las leyes. Usando la terminología de North, en algunos lugares, las reglas políticas no se atenían a las instituciones formales(normas legales, procedimientos oficiales, aquéllas que constan en el papel) sino a instituciones informales, un tipo de normas diferentes, no escritas, mucho menos conocidas, basadas en acuerdos entre políticos y asentadas por su uso repetido, más acordes con los intereses de la clase gobernante y aplicadas a través de coacciones y sanciones no oficiales.

España: un sistema político trucado

Aunque pudiera sonar extraño que los gobernantes infrinjan sistemáticamente el espíritu de las leyes, e incluso la letra, ésta es la regla más que la excepción en muchos lugares del mundo. Los gobiernos, al no estar limitados por una instancia coactiva superior, disponen de recursos sobrados para soslayar las leyes, abrazando otras reglas oportunistas. Por ello, si la arquitectura del sistema político carece de adecuados controles, de equilibrios internos y deoportunos contrapesos, las normas formales se convierten en papel mojado, apareciendo otras informales que establecen un nuevo equilibrio perverso. Así, el régimen cobra una naturaleza muy diferente a la que legalmente aparenta. Como esas empresas que llevan una contabilidad falsa, abierta, y otra verdadera, oculta.

En España, el pacto de la Transición estableció deliberadamente unos mecanismos de control muy débiles, permitiendo a los políticos actuar al margen de las normas formales. Los partidos se repartieron el poder con ciertos grupos de presión, iniciándose un proceso de depredación y latrocinio que difuminaba la línea entre lo público de lo privado, siempre en beneficio de esas oligarquías. Y el desaguisado se reprodujo con notable intensidad en el plano autonómico y municipal.

El verdadero funcionamiento de la política en España y las auténticas reglas no se desprenden de una mera lectura de los Boletines Oficiales. Deben deducirse de los comportamientos regularmente observados, de los síntomas que manifiesta el sistema. Sabemos, por ejemplo, que el auténtico poder se encuentra en las direcciones de los partidos. Que el Parlamento no decide, en la práctica, absolutamente nada. Que órganos tales como el Tribunal Constitucional y el CGPJ acatan una informal disciplina de voto externa. O que los tribunales de justicia, que pueden actuar con cierta independencia cuando dilucidan pleitos puramente privados, se encuentran sometidos a enormes presiones e intromisiones cuando juzgan casos donde hay intereses políticos involucrados.

Los ocultos poderes del Rey

También es conocido que, en el auténtico organigrama, el Rey ejerce un poder muy superior al que la Constitución y las leyes le confieren. Frente a ese papel meramente representativo y moderador, contemplado en las normas formales, la Corona ha venido utilizando los servicios secretos para solventar asuntos privados. O imponiendo a más de un gobierno el nombre del ministro de defensa. En el pacto no escrito de la Transición, se habría permitido al Rey conservar parte de su poder anterior y beneficiarse ampliamente de las ventajas del sistema, quizá porque era la única persona con continuidad suficiente como para coordinar y transmitir las normas informales. En los últimos tiempos, esa enorme influencia se deja notar en la desmedida resistencia de muchos órganos del Estado a la imputación de Cristina, aun existiendo aplastantes evidencias en su contra.

Sin embargo, a pesar de la arbitrariedad con la que actúa el poder, la garantía de estabilidad el Régimen exige conservar cierta apariencia, manteniendo unas leyes formales, teóricamente aceptables. Se trata de conservar laficción de un estado de derecho y una democracia plena como decorados de cartón piedra, como vía para salvaguardar la legitimidad a ojos del ciudadano y garantizar el reconocimiento exterior. El retorcimiento de las normas no puede realizarse abiertamente sino de manera solapada, guardando las formas y la imagen en la medida de lo posible.  

La agonía del Régimen del 1978 arrancó cuando los ciudadanos comenzaron tomar conciencia de la verdadera naturaleza del Sistema Político. Cuando la tensión y las contradicciones, en parte debidas a la crisis, sacaron a la luz algunos detalles de su auténtico funcionamiento a pesar de los intentos de la clase política por silenciarlos. Sin embargo, el affaire Cristina de Borbón no es un caso cualquiera sino un asunto muy singular, demasiado llamativo como para poder ocultar o disimular enjuagues y componendas. Cualquier intento de manipulación puede aplastar definitivamente los frágiles decorados de cartón y rasgar los coloristas telones que ocultan sala de máquinas del Régimen, asegurando un escándalo de desconocidas proporciones. Si el Rey se resiste a sacrificar una de sus piezas, es muy probable que acabe perdiendo la corona. Entre tanto, se agradecería al señor fiscal buscar nuevos y más eficaces argumentos. De señuelos, despistes y trampas saduceas estamos ya muy toreados.


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