En el límite

El mito del consenso político en España

Desde hace años, el término consenso viene disfrutando de una dimensión especial, casi mágica, en la ambigua y cambiante terminología política española. El consenso constituiría el remedio definitivo, el bálsamo de Fierabras que todo cura y todo remedia. Si bien es cierto que, en muchas ocasiones, un acuerdo negociado entre diversas partes da lugar a una solución eficiente y aceptable, en otras, por el contrario, el intento a ultranza de lograr la aquiescencia de algunos puede llevar a resultados ineficaces o contraproducentes. En este sentido, el próximo gobierno cometería un grave error intentando aplicar las necesarias reformas económicas mediante la búsqueda, a toda costa, de un mal entendido consenso.

La narración oficial suele presentar la transición política en España, y la elaboración de la Constitución, como un proceso modélico en el que las fuerzas políticas realizaron grandes esfuerzos y sacrificios para llegar al consenso. Sin embargo, muchos ven en este afán de contentar a todos los partidos la causa principal de que nuestra Constitución adolezca de evidentes deficiencias: ambigua en algunos aspectos, prolija pero contradictoria en otros y peligrosamente abierta en ciertos temas sobre los que no fue posible llegar a acuerdo.

Otro episodio, bastante pintoresco, de indigestión de consenso llegaría cuando cierto ministro de trabajo del Partido Popular pretendió impulsar la reforma laboral mediante un pacto entre los llamados “agentes sociales”, en el que no intervendría el gobierno. “Llevaré al BOE lo que acuerden libremente los dos sindicatos y la patronal” era su filosofía, algo que convertía el consenso en ley. Como resultado previsible, la reforma quedó pobre e insuficiente. Buena parte de los cinco millones de desempleados tendrían mucho que “agradecer” a esta iniciativa, y a otras similares, que reflejan fielmente este espíritu de consenso mal entendido y peor planteado.

Lo anterior no significa que la estrategia de lograr acuerdos sea siempre perjudicial. Pero es tarea de políticos sensatos determinar en qué casos resulta conveniente procurar el consenso y en cuáles otros lo correcto y eficaz es aplicar la regla de la mayoría. La búsqueda de acuerdos tiende a ser una buena vía cuando a) no existe apremio para llegar a la solución y b) en la negociación se encuentran presentes, o correctamente representadas, todas las partes interesadas o afectadas. Pero no resulta tan conveniente cuando alguna de las dos condiciones anteriores no se cumple.

La vía del consenso retarda la aplicación de las medidas pues requiere una lenta negociación en la que se concede a cada parte, implícitamente, el derecho de veto. Por ello, la estrategia de reformar por acuerdo suele llegar a bloqueos, posee una fuerte tendencia a conservar el statu quo o, cuando el asunto es complejo, a obtener soluciones inconsistentes. Desde luego no es eficaz en momentos que, como el actual, requieren cambios inmediatos y radicales.

En ocasiones, especialmente cuando la negociación rebasa el terreno de lo privado y entra en el de las políticas públicas, es frecuente que no se encuentren representadas directa ni eficazmente todas las partes interesadas o implicadas. En estos casos, los agentes negociadores pueden perseguir sus propios intereses y no los de aquellos colectivos a los que dicen representar. Como consecuencia, se llega muchas veces a acuerdos colusorios, siendo los propios agentes quienes obtienen las ventajas a costa de otros. En la reforma laboral citada anteriormente, ni la patronal representaba a todas las empresas ni los dos sindicatos representaban, en modo alguno, los intereses de todos los trabajadores, mucho menos de los desempleados. Por ello, el resultado consistió en el mantenimiento del statu quo, con beneficio compartido para la patronal y para las cúpulas sindicales, a costa de muchos trabajadores, contribuyentes y desempleados. Siguiendo esta línea argumental, a la hora de acordar algunos términos de la Constitución, los representantes de los partidos se habrían reunido, discutido y consensuado aquello que era mejor… para los propios partidos. Hay casos en los que no resulta sencillo percibir la sutil frontera que separa el acuerdo del enjuague y el consenso de la componenda.

Este espíritu del consenso a ultranza es fomentado hoy día por ciertos políticos pusilánimes, quienes, por temor al conflicto, intentan arbitrar esos remedios que molesten lo menos posible a ciertos grupos concretos, especialmente a aquéllos que pueden ejercer presión en las calles para defender sus particulares intereses. Olvidan que la confrontación constante de ideas, propuestas y políticas, o el gobierno decidido de las mayorías, constituye una de las esencias de la democracia moderna mientras que el abuso del consenso, los apaños y enredos, acaban impidiendo la sana competencia de ideas en el terreno político y conducen al anquilosamiento, a la apatía y al reparto tácito de lo público en esferas de intereses.

No debe concederse a grupo alguno el derecho de veto sobre unas reformas que no pueden esperar. Con el futuro en juego, nadie puede estar por encima del sufragio de los ciudadanos.


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