En el límite

El imperio de los corrompidos

21 de septiembre de 1981, han pasado dos años desde las primeras elecciones municipales de la democracia. Son las 9 en punto de la mañana y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid acaba de comenzar su reunión semanal. Sin ningún punto conflictivo en el orden del día, nadie puede prever la tormenta que está a punto de desencadenarse.

Alonso Puerta, 37, segundo teniente de alcalde es un político ambicioso, enfrascado en esas intestinas luchas por el poder que caracterizaban al PSOE de la época. Antes de que el alcalde pueda iniciar el primer punto, Puerta se salta atropelladamente el turno para exigir el cese fulminante de los concejales de Hacienda y Saneamiento, ambos de su partido. El silencio y la estupefacción se han adueñado de la sala. El destacado edil prosigue: “están cobrando comisiones por la concesión de la contrata de recogida de basura”. El encendido tono del discurso ha logrado sacar de su simulada ausencia e impostada indiferencia al alcalde, Enrique Tierno Galván, que con su habitual retranca y aire de superioridad, mirando a su subordinado por encima de las gafas interrumpe: “Sosiéguese Puerta, debe usted recapacitar sobre sus palabras. Se diría que ha desayunado tigre”.

La respuesta de Tierno era significativa. No se interesó por las pruebas ni preguntó detalles. Simplemente manifestó su desdén ante la salida de tono de su compañero, supuestamente aireando trapos sucios para perjudicar al sector rival del partido. Todos en la reunión debían saber muy bien que las comisiones ilegales por adjudicación de contratas, o por recalificación del suelo, constituían ya el funcionamiento habitual de los ayuntamientos recientemente constituidos. Y también que estos ingresos se repartirían alícuotamente entre los partidos representados de manera que, salvo peleas o enemistades personales, no habría denuncias desde el interior de las instituciones.

Meses después, Puerta fue expulsado del partido. Los presuntos comisionistas permanecieron en sus cargos y sus mentores llegaron a alcanzar puestos de mucha relevancia en la política autonómica y nacional. El caso nunca fue investigado en profundidad y la prensa dio pronto carpetazo al asunto.

Bajo el signo de una corrupción galopante

El régimen del 78 no había nacido bajo el signo de una estrella errante sino de un pacto tácito entre partidos para repartirse el poder y financiarse vendiendo favores desde la Administración. A pesar de sus aparentes diferencias, izquierda y derecha, constitucionalistas y secesionistas, quedarían unidos por el cobro de sustanciosas comisiones para hacer más llevadero el agotador desempeño de la política. Como señaló en cierta ocasión sobre su país un dirigente africano: “No es que el sistema sea corrupto; es que la corrupción es el sistema” 

Aunque siempre fue un mal endémico de la política española, el régimen de 1978 iba a introducir una nueva dimensión en la corrupción. Atrás quedaría esa corruptela de carácter individual y artesanal, donde la misma persona prevaricaba, cobraba y disfrutaba el cohecho. Una tarea arriesgada pues resultaba relativamente fácil probar la conexión entre el privilegio concedido y el dinero embolsado. Los nuevos tiempos exigían una moderna división del trabajo: el favor otorgado y el cobro de la comisión se realizarían por personas distintas, sin conexión entre ellas. Se trataba de separar en el espacio, e incluso en el tiempo, la prevaricación del cohecho. El dinero llegaría a través de complejos vericuetos hasta las arcas del partido. Esta corrupción organizada, que fue adoptada rápidamente por los partidos del pacto, era mucho más ventajosa: si nadie cantaba, resultaba casi imposible descubrir incluso la mera existencia de los delitos. 

Cuenta Mario Conde en “Los días de gloria” que, en 1987, una vez acordada la venta de la empresa Antibióticos S.A. a un grupo italiano por 450 millones de dólares, sólo le restaba la preceptiva autorización del gobierno español, que se negaba a concederla. Por fin, un contacto en Italia le informa de que bastaría con un pago de dos millones de dólares. El abono de este importe, según Conde por los compradores italianos, resultó muy eficaz: al poco tiempo el gobierno español cambió de opinión y autorizó la venta sin condición alguna.

Con independencia de que los detalles señalados por Mario Conde sean exactos, este ejemplo ilustra muy bien el funcionamiento de la corrupción organizada. Ningún miembro del gobierno solicita directamente el pago por la autorización, ni se embolsa el dinero. La decisión de permitir la venta, o denegarla, entra dentro de sus atribuciones discrecionales. Y abono se realiza a un contacto en Italia, sin relación demostrable alguna con el ejecutivo español. Ninguna conexión podría encontrarse entre los dos hechos aunque el dinero fluyera con presteza a las arcas de los partidos. Los casos descubiertos serían fruto de la casualidad, la traición o la delación: un trabajador del partido despedido, una amante despechada etc.

Los nuevos “corruptos honrados”

Este nuevo sistema indujo a participar en la corrupción a muchos militantes o dirigentes de partidos que, en condiciones normales, nunca se habrían involucrado. Personas que, al no beneficiarse personalmente, no tienen conciencia de actuar incorrectamente y se justifican pensando que se trata de una buena causa, de una ayuda al partido que defiende sus ideas. Doble equivocación: ni el fin justifica los medios ni la creencia de que el dinero fuera destinado íntegramente a financiar las campañas electorales iba a resultar del todo cierta.

A pesar de todo, el sistema no iba a estar exento de dificultades y contratiempos. Al principio, parece que el tráfico ilícito se realizaba mayoritariamente en efectivo, el conocido tráfico de maletines. Sin embargo, aprovechando que no existían recibos ni facturas, algunos intermediarios habrían detraído cantidades demasiado abultadas. Ello condujo a la adopción de métodos mucho más complejos, como la creación de sociedades fantasma o las transferencias a depósitos en paraísos fiscales o en países con secreto bancario que, aún resultando más peligrosos, reducían considerablemente la pérdida de dinero en cada escalón. Las cuentas podían abrirse a nombre de algún miembro del partido, que sería compensado adecuadamente por el riesgo corrido.

Un hueco para Urdangarin

Por otro lado, las relaciones dentro del entramado corrupto se hicieron cada vez más implícitas y sobreentendidas, apareciendo hábitos y reglas que todos los involucrados debían conocer. Era ya relativamente frecuente pagar por favores futuros, todavía sin concretar, o meramente por obtener una buena relación con el poder, que podría resultar rentable más adelante. Apareció la figura del intermediario, persona que representaba a una de las partes aunque, dado lo opaco del negocio y la ambigüedad de su lenguaje y credenciales, en ocasiones podía no ser tal. Es en este contexto donde puede explicarse el caso de Iñaqui Urdangarin, que se habría mimetizado en un ambiente donde las trampas, las irregularidades y las corruptelas constituían la práctica habitual y aprovechado esos sobreentendidos y equívocos. A pesar de no poder conceder nada a cambio, habría recibido abultadas cantidades de unos pagadores que probablemente creían estar comprando futuros favores del Rey.

El destino final de los ingentes ingresos de la corrupción organizada ha sido el secreto mejor guardado de nuestra democracia. Los políticos se encargaron de difundir el benigno rumor de que iban íntegramente a pagar los abultados gastos electorales de los partidos. Sin embargo, cada día se extiende más el convencimiento de que sólo se dedica a propaganda y publicidad una parte de lo recaudado. El grueso podría ir destinado a pagar sustanciosos sobresueldos y gratificaciones los dirigentes de los partidos y a garantizarse un capital suficiente al abandonar la política.

El panorama de saqueo, pillaje y latrocinio en España resulta desolador pero, esperen, parece que no está todo perdido. Nuestros políticos acaban de dar con la solución definitiva. Mariano Rajoy encargará una auditoría interna, probablemente al tesorero. Esperanza Aguirre propondrá a su amigo, Manuel Pizarro, como fiscal pedáneo en el PP de Madrid, para azote de granujas, rufianes y malandrines. Otros buscan un pacto entre partidos para combatir la corrupción, una torpe e involuntaria manera de admitir la culpabilidad de ciertas formaciones políticas. Quizá el alejamiento de la calle impida a algunos reparar en que al ciudadano le queda ya muy poco pelo por tomar. 


Comentar | Comentarios 0

Tienes que estar registrado para poder escribir comentarios.

Puedes registrarte gratis aquí.

  • Comentarios…

Más comentarios

  • Mejores comentarios…
Volver arriba