En el límite

También hay que guardar las formas, Mariano

Reconozco que no había motivo para haberme sorprendido ni indignado. Nunca he ignorado que el funcionamiento de las instituciones políticas en España es meramente formal: se limitan a aplicar las decisiones que han tomado previamente los partidos. Pero no es lo mismo deducir los hechos desde un enfoque académico que contemplarlos en vivo y en directo, crudos y sin disimulo alguno. Por eso no podía dar crédito a mis ojos. Ahí estaba el mismísimo Mariano Rajoy el pasado 12 de diciembre, en un acto a medio camino entre la ceremonia de entrega de los Oscar y el sorteo de la Lotería de Navidad, anunciando quiénes iban a presidir el Congreso y el Senado ¿Era necesario que el jefe de un partido y candidato a presidir el Poder Ejecutivo decidiera personalmente, y antes de que se constituyeran las Cortes, quiénes iban a dirigir el Poder Legislativo? Y lo hiciera de forma abierta, con el beneplácito de de la prensa, en la sede de su partido, con felicitaciones y aplausos de los asistentes y una sonrisa de satisfacción de cada ganador cuando se veía agraciado con el premio. “And the winner is…” ¿Dónde quedaba la soberanía del Legislativo?

El sistema político español ha sido calificado, con bastante acierto, como un régimen de Partitocracia. El Congreso de los Diputados es, sobre el papel, un órgano independiente que encarna la soberanía popular. Sin embargo, dado que el elector no vota directamente a su representante, sino a listas cerradas, el diputado individual no puede tener criterio propio, convirtiéndose en una maquina de votar lo que le ordenan: no ejerce como representante de sus electores sino de la dirección de su partido. Por ello, las decisiones importantes las toman las cúpulas de los partidos y las trasladan al parlamento a través de la disciplina de voto. El Legislativo no lleva a cabo, en la práctica, ninguna de las funciones que teóricamente tiene encomendadas: ni controla al gobierno, ni hace las leyes, ni ejerce la representación de los ciudadanos, limitándose a servir de correa de transmisión. De la teoría a la práctica, blanco y en botella: un día después de la aludida reunión, las dos Cámaras elegían a aquellos que anunció Mariano Rajoy.

Pero el problema es todavía más grave. Dado que gran parte de los órganos de decisión del Estado, que deberían gozar de cierta independencia, se “nombran” por el Parlamento, esta preponderancia de las estructuras partidarias se traslada a otras muchas instituciones. Por ejemplo, a ningún observador perspicaz se le escapa que, en el Tribunal Constitucional, lo que vota cada miembro suele estar determinado por el partido que lo propuso. De este modo, la partitocracia acaba vaciando de contenido una buena parte de los órganos del Estado pues éstos se limitan a adoptar formalmente unas decisiones que ya han sido tomadas en otros ámbitos. Los pronunciamientos de estas instituciones pierden fiabilidad y objetividad, desapareciendo así casi todos los controles que garantizan el cumplimiento de las leyes, fundamento básico del propio Estado de Derecho.

La situación se ha degradado hasta tal punto que, en estos temas, la opinión pública raramente rebasa lo puramente anecdótico y superficial. Resulta poco frecuente analizar la política a la luz de los principios básicos y, por ello, pocos reparan en que ya no se respetan ni las formas. Ya puestos, y por el mismo precio, la animada reunión de Rajoy podía haber durado un poco más, extendiendo los galardones a los futuros miembros del Consejo General del Poder Judicial y a los teledirigidos componentes del Tribunal Constitucional, por citar dos de las instituciones más importantes. Desgraciadamente, tampoco habrían faltado las muestras de entusiasmo y alborozo de los asistentes.

Era de general conocimiento que sería Rajoy quien, de un modo u otro, nombraría a los presidentes de las cámaras legislativas. Pero nada le hubiese impedido guardar las formas, dejando que estos candidatos fueran propuestos por diputados y senadores una vez constituidas las Cortes. Ya sabemos que el Parlamento no decide absolutamente nada pero era innecesario mostrarlo con tanto escarnio.  Definitivamente, la reunión descrita no era merecedora de tantos elogios ni parabienes; más bien de una severa reprobación.

Es fácil concluir que, además de reformas económicas, España necesita una adecuada y urgente reforma política que fomente una representación más directa de los ciudadanos y garantice una efectiva separación de poderes. Es imprescindible impedir que la larga mano de los partidos siga llegando a las más altas instancias de la justicia y asegurar que ciertos organismos clave del Estado gocen de la independencia necesaria para decidir con rigor y objetividad. Sin estas reformas, España quedará condenada a una permanente frustración: levantarse a duras penas con gran esfuerzo y sacrificio para volver a caer, pasado un tiempo, en los mismos errores del pasado. Con mal pie comenzamos esta legislatura.


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