En el límite

Así son… los fundamentos de la corrupción

No acostumbro adornar mis artículos con historias vividas en primera persona, pero ésta resulta especialmente ilustrativa. Ocurrió hace algunos años, en cierta ciudad africana, donde conocí casualmente a Denis, un peculiar ciudadano británico. Resulta sorprendente el grado de confianza y complicidad que se establece rápidamente entre dos europeos en un entorno extraño. De habernos cruzado en el Viejo Continente, difícilmente habríamos pasado de un correcto saludo. Pero la lejanía del hogar, la soledad, la necesidad de desahogo o, quizá, el cálido y dulce aire del trópico, parecen inducir a contar comprometidas experiencias a un desconocido.

Denis era un emprendedor al que no asustaban los riesgos. Había viajado al África Subsahariana con el proyecto de abrir una fábrica de refrescos, que abastecería las principales ciudades del país. En la larga conversación, narró ilusionado cómo había encontrado la maquinaria apropiada, a un precio razonable, y localizado la naviera que transportaría todos los aparatos hasta el continente africano. Se instalaría en el profundo sur del país, una zona bastante deprimida pero con una aceptable comunicación terrestre. Calculando los costes de producción y distribución, podía ofrecer bebidas gaseosas a mejor precio que la empresa hegemónica en el sector, ligada a una multinacional. Y aparentemente tenía razón: allí los refrescos resultaban bastante caros para el nivel de vida de la gente.

Pero había olvidado un elemento crucial. Las leyes que regulaban la actividad industrial eran extraordinariamente complejas y enrevesadas. Obligaban a obtener un sinfín de permisos y licencias para abrir un negocio. A realizar decenas de larguísimos y lentos trámites burocráticos, que quedaban atascados a cada paso y tendían a prolongarse indefinidamente en el tiempo. Solo avanzaban si, en cada escalón, se pagaban elevados sobornos a los responsables de turno. Caso contrario, los burócratas siempre encontraban algún requisito que el asombrado inglés no cumplía.

Contráteme: soy abogado

Ante la desesperación decidió recurrir directamente al gobierno, siendo recibido finalmente por el ministro de industria. Esperaba ganarse la ayuda del ejecutivo para superar tan imponentes barreras, argumentando que crearía puestos de trabajo en una zona del país donde realmente hacían falta. Pero sólo obtuvo un consejo: contratar otro abogado para gestionar mejor las solicitudes de licencias. Cuando preguntó por algún letrado especializado en ese campo, el señor ministro respondió: “Yo mismo puedo llevar el caso: soy abogado”. 

Hace algunas décadas, los economistas tendían a considerar la corrupción como un mal menor. Una reacción de la sociedad para superar esas trabas a la industria y al comercio que impedían el desarrollo de la economía. Aunque unas autoridades bienintencionadas, pero ignorantes, impusieran unas regulaciones muy restrictivas y perjudiciales, unos oportunos sobornos conseguían una aplicación mucho más laxa de las normas y una agilización de los trámites, permitiendo la apertura de nuevas empresas y la creación de empleo.

La visión cambió radicalmente cuando se comprobó que las complejísimas regulaciones no aparecían de manera tan inocente. Eran los gobernantes corruptos quienes establecían deliberadamente gran parte de las trabas con el fin de crear nuevas oportunidades de enriquecimiento ilícito. Se trataba de restringir la libre competencia imponiendo elevadas barreras, de manera que las pocas empresas que pudieran entrar en el mercado obtuviesen unas elevadas rentas, que repartirían con los políticos a través de los pagos ilegales. Los requisitos, o normas, debían ser lo suficientemente complejos o retorcidos como para permitir a las autoridades decidir arbitrariamente a quienes otorgar el privilegio mientras, en apariencia, cumplían las reglas. Por ello, los países donde más dificultades existen para abrir empresas, suelen ser también los más corruptos. 

La experiencia de Denis, aun siendo llamativa, no tenía nada de extraordinaria. El sistema corrupto impedía a los competidores entrar en el mercado de bebidas, permitiendo a la empresa privilegiada mantener unos elevados precios y unos enormes beneficios, que compartía con los gobernantes. Meses después, el frustrado fabricante de refrescos me comunicó por correo que había renunciado a sus planes y regresaba a su país. Si incluía el montante de todos los sobornos como un coste adicional, era imposible ofrecer un precio inferior al vigente. Ni siquiera igual. 

Aquí no hay quien abra un negocio

Me vino a la memoria aquella anécdota africana cuando, la semana pasada, el informe Doing Business” del Banco Mundial asignó a España el puesto 136 en una lista de países clasificados por el grado de facilidad para instalar una empresa. Hasta 10 complicados y larguísimos trámites burocráticos son necesarios para comenzar a operar aquí un negocio, como muestra algún caso llamativo recogido por la prensa. Algo que se complica extraordinariamente para los empresarios que pretenden operar en todo el territorio nacional debido a la enorme diversidad de las normativas impuestas por las distintas Comunidades Autónomas. Durante los últimos años, cientos de miles de páginas de boletines oficiales han creado una intrincada maraña de regulaciones, casi imposible de conocer en su totalidad, mucho menos de cumplir.

Sería ingenuo pensar que ciertos políticos, especialmente autonómicos, han acometido esta frenética hiperactividad legislativa simplemente para proteger los intereses de los consumidores o de la sociedad en general. Este exceso de trabas y barreras persigue preferentemente otro objetivo: incrementar el poder de las elites políticas locales y favorecer sus ingresos a través de la actividad corrupta. Aunque algunos difundan el mensaje de que “son otros los que nos roban”, el latrocinio suele producirse en la propia región, precisamente por aquellos que, con cinismo e hipocresía, levantan el dedo acusador en un intento de desviar la atención.

Algunos gobiernos prometieron simplificar la normativa para favorecer la creación de nuevas empresas. Pero nunca cumplieron. Por el contrario, el conjunto de obstáculos fue multiplicándose con el tiempo, respondiendo a los intereses de oligarcas y caciques. Toda una señal de la corrupción e inseguridad jurídica que van empujando a la España actual, por el camino de la quiebra moral y la desmoralización, hacia el desastre. Un motivo adicional para llamar, sin dilaciones, a la imprescindible reforma política que conduzca a una completa regeneración.


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