En el límite

La ficción como estrategia política

Afirmaba cierto personaje, hace ya algunos años, que “los programas electorales sirven… para no cumplirlos”. Señalaba así esa enorme brecha que separa la España oficial de la España real. Esa insondable distancia entre la ficción creada por los políticos y el día a día de los ciudadanos. Esa sideral lejanía entre los modélicos propósitos expuestos en los proyectos legislativos y la falta de rigor y decoro con que nuestros dirigentes toman sus decisiones.

El proyecto de ley de presupuestos para 2013 no constituye una excepción. Situar el déficit público en el soñado 4,5% requeriría aplicar medidas muy radicales, como la reducción drástica de las administraciones inútiles o redundantes. Pero toda esa burocracia, y extenso entramado de empresas públicas, forma parte de una tupida red de relaciones clientelares e intercambio de favores, piedra angular del régimen político actual. Descartada su desarticulación, o la mera puesta en cuestión del oneroso sistema, entra en juego la ficción: el presupuesto resuelve la cuadratura del círculo introduciendo una previsión de caída del PIB muy inferior a la que razonablemente estiman los organismos internacionales. Atrae así unos imaginados ingresos tributarios para cuadrar las cuentas.

La única novedad del presente enredo consiste en que, por su carácter tan burdo, ni siquiera pretende ya engañar. Se diría el presupuesto de una clase política zombi, que repite como un mantra frases y fórmulas aprendidas, aun a sabiendas de que nadie las va a creer. Como un cordero, consciente de su impotencia, acepta su destino: el rescate y la intervención del país. Cuando ocurra lo inevitable, nuestros dirigentes recitarán otras frases culpando a un díscolo PIB, que no se comportó como debiera, o a Bruselas, de los duros ajustes.

Objetivos loables; medidas deliberadamente ineficaces

La ficción también impregna el documento de reformas que acompaña al presupuesto, en un inútil intento de convencer a nuestros socios y a los mercados. Muy interesante e ilustrativo resulta el plan de “eliminación de barreras administrativas, unidad de mercado y fomento de la competencia”. El texto señala que “el aumento de la regulación en los últimos años en todos los niveles de la administración, la dispersión normativa y la disparidad de criterios de regulación constituyen, además de una fuente de inseguridad jurídica, importantes barreras que limitan la eficiencia y el crecimiento empresarial”. “La eliminación de barreras administrativas, obstáculos y trabas para la realización de actividades económicas tiene un impacto positivo sobre las actuaciones llevadas a cabo por los operadores económicos”. Impecable discurso y muy loable objetivo.

Sin embargo, siguiendo el guión acostumbrado, las medidas esbozadas resultan muy poco eficaces para tan idílicos propósitos pues no atajan las causas profundas del problema. Unas meras cataplasmas para curar una grave enfermedad. El documento propone una mejor coordinación entre los tres niveles de la administración, una mayor concienciación y formación de los empleados públicos y, no podía faltar, la creación de un nuevo organismo de revisión y simplificación normativa.

Olvida, sin embargo, que toda esta inmensa maraña de barreras a la competencia no aparece por casualidad ni se establece por inconsciencia o ignorancia de los perjuicios causados. Por el contrario, es el resultado de un equilibrio de intereses en el marco que proporcionan las instituciones vigentes. Las regulaciones abusivas suelen promulgarse de forma deliberada para limitar la entrada a ciertos sectores productivos, reducir la competencia y crear elevados beneficios a las empresas privilegiadas. Estas rentas se comparten con los políticos, a cambio del favor, en una relación poco confesable.

La extremada complejidad de las normas permite una actuación discrecional y arbitraria de los gobernantes pues siempre es posible señalar algún subterfugio legal que avale su actuación. Se abre así una vía que permite otorgar favores a los amigos, excluyendo a otros. Debido al elevadísimo número de intrincadas regulaciones, con frecuencia contradictorias, siempre será posible señalar alguna norma que no cumplan aquéllos que carecen de contactos y relaciones con el poder.

Por ello, para despejar toda la selva de normas y regulaciones habría que vencer la resistencia de poderosos grupos políticos y económicos. Y acometer una profunda reforma política, que restaure los controles sobre los gobernantes y establezca un verdadero poder legislativo, que discuta a fondo el alcance de las normas antes de aprobarlas y que represente realmente a los electores, en lugar de acatar ciegamente las órdenes de la jefatura de los partidos. Y restructurar radicalmente del Estado de las Autonomías, reasignando las competencias con criterios de eficiencia y racionalidad. Unos cambios completamente descartados en la agenda de nuestra clase política… por ahora. Como ocurrió con la frustrante Ley de Estabilidad Presupuestaria, o con el decepcionante Proyecto de Ley de Transparencia, la mayor parte de las actuales propuestas de reforma parecen más encaminadas a salvar la apariencia que a transformar las instituciones. Dirigidas a cambiar algo para que todo siga igual.

Los políticos prefieren la intervención a la reforma

Lo más paradójico del asunto es que, impulsadas con valentía, decisión y rigor, estas reformas podrían devolvernos a la senda del crecimiento y a una apreciable reducción del déficit. Pero también socavarían profundamente las bases de nuestro sistema político y económico. Ante la disyuntiva, los partidos mayoritarios prefieren inmovilismo e intervención a reforma y crecimiento. El impulso trasformador se agota cuando choca con los intereses de unos políticos renuentes a perder sus privilegios. Quizá se retome por imperativo de los “hombres de negro”.

Algo se está moviendo, sin embargo. Una ventana abierta en la gran red permite divisar con creciente nitidez esa enorme brecha que separa la interesada ficción de la dura realidad, reduciendo constantemente el número de ciudadanos que aceptan la propaganda oficial como verdad absoluta. La crisis y las nuevas tecnologías han impulsado una nueva visión de la política, menos mediatizada por las deformantes lentes de la manipulación. Esperemos que este sano ejercicio crítico con la clase política comience a extenderse por Cataluña a la misma velocidad con que avanza por el resto de España.


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