En el límite

Más desregulación; menos corrupción

Sumidos en la desesperante recesión, esta amarga e imprescindible purga fiscal resulta insuficiente para devolvernos la salud. El cuerpo debe eliminar, con presteza, muchas trabas que lastran el funcionamiento de nuestra economía: aquellas ineficiencias que nos permitimos ingerir en el pasado. Agotados otros márgenes, las reformas estructurales pueden ensanchar cuellos de botella y fomentar el crecimiento mientras se obra el milagro de la devaluación interna. Pero estas reformas se muestran políticamente muy complejas: retirar impedimentos y apartar barreras implica restar privilegios a unos grupos de presión especialmente poderosos.

Según el informe, Doing business 2012 del Banco Mundial, España es uno de los países del mundo que pone más obstáculos a la labor de los emprendedores. Ocupamos el puesto 133 en cuanto a facilidad para abrir un negocio: hasta 10 permisos distintos y 28 días de largas gestiones son necesarios para comenzar una actividad. En el otro extremo, Nueva Zelanda permite establecer legalmente una empresa en horas, con una sola gestión a través de internet y un coste mínimo.

Desde lo alto de una colosal pirámide de 100.000 normas…

Esta situación no es ajena al agudo furor legislativo que afectó a nuestras Comunidades Autónomas desde su propio origen. Tres décadas nos contemplan desde lo alto de una colosal pirámide de más de 100.000 enrevesadas leyes, normas y regulaciones autonómicas, con frecuencia incoherentes y contradictorias. Los estudios señalan que el exceso de regulación tiene consecuencias funestas para el sistema productivo ya que el número de empresas depende inversamente de los costes de abrir un negocio. Cada vez que los costes de entrada en el mercado se incrementan un 10%, la densidad de empresas desciende un 1%, con efectos muy negativos para el empleo y la competencia. La omnipresente regulación reduce sustancialmente la productividad, favorece la ineficiencia y frena la innovación. Y, en el caso español, la disparidad de normas regionales dificulta la aparición de empresas grandes, al eliminar ciertas economías de escala.  

¿Qué habría empujado a nuestros sesudos legisladores, de casi todo ámbito y territorio, a establece un régimen regulatorio tan perjudicial para el crecimiento y el empleo? ¿Acaso actuaron con buena fe, pero manifiesta ignorancia, pensando que protegían al consumidor, a la naturaleza, a los más necesitados, que servían a elevados ideales?  Puede ser. Pero resulta poco verosímil la imagen de unos políticos profesionales ingenuos y permeables a tan absurda como nefasta propaganda. Más esclarecedora resulta la pregunta que se formulan los detectives en presencia de un crimen: Cui prodest?

La mayor parte de la regulación económica tiene el objetivo, más o menos deliberado, de restringir la competencia, concediendo privilegios a ciertos productores, que pueden así obtener beneficios extraordinarios a costa de otras empresas y de los consumidores. Las barreras artificiales a la entrada otorgan a las empresas establecidas unas rentas no competitivas que acaban compartiendo con los políticos a través de ciertas contraprestaciones (comisiones, puestos en los consejos de administración, etc.). Las normas o requisitos, fijados legalmente, suelen ser lo suficientemente complejos o enrevesados para permitir un fuerte grado de discrecionalidad a la hora de conceder permisos o licencias, generalmente a los “amigos”, o para fijar condiciones que otras empresas difícilmente puedan cumplir. Se establecen así fuertes estructuras de connivencia entre sectores empresariales y políticos, basadas en el intercambio de favores, donde el statu quo representa un complejo equilibrio de apoyos e intereses, con enorme inercia y resistencia al cambio.  

Excesiva regulación y corrupción: dos caras de la misma moneda

Los estudios económicos señalan que exceso de regulación y corrupción suelen ser dos caras de una misma moneda: la corrupción consiste en el reparto, entre ciertas empresas y los políticos, de las rentas no competitivas creadas por decisión deliberada de estos últimos. Los intentos de desregulación no suelen llegar a buen término pues los gobernantes raramente toman decisiones en perjuicio propio. Los planes de simplificación y eliminación de requisitos han venido siempre acompañados de demasiadas excepciones, permitiendo a las autoridades mantener una enorme capacidad discrecional.  

Por todo ello, son imprescindibles y urgentes aquellas reformas encaminadas a reducir drásticamente la necesidad de licencias y autorizaciones previas, generalizando en todo caso el control a posteriori. Limitar de manera considerable las exigencias de titulaciones profesionales no justificadas. Reducir los costes de gestión, los requisitos mínimos de capital inicial y las necesidades registrales. Flexibilizar los horarios de apertura para conseguir una mayor eficiencia en la prestación de los servicios. Garantizar que la licencia obtenida en una Comunidad Autónoma sirva para operar en todo el territorio nacional. Y establecer la obligatoriedad de análisis de impacto normativo para cada una de las leyes que salgan de los parlamentos, indicando los costes y beneficios que implican para la economía en su conjunto.

Cortar el nudo gordiano de la regulación, y garantizar una verdadera competencia en todos los sectores, requiere una firme exigencia por parte de la ciudadanía a los gobernantes. Y una fuerte presión para someter la voluntad de esa nociva coalición formada por políticos, partidos y ciertos empresarios, que pugna por mantener el vigente sistema de corruptelas y privilegios, a costa del crecimiento y el empleo.

Aquéllos que llaman insistentemente a tomar la calle podrían perseguir, esta vez, un objetivo útil, eficaz y beneficioso para los intereses de los ciudadanos. “Más desregulación; menos corrupción” ¡Qué consigna más interesante!

Twitter: @BlancoJuanM


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