En el límite

Una crisis de legitimidad desproporcionada

La semana pasada sostenía que, en el actual marco político, resultaba poco probable que nuestros dirigentes acometiesen con energía y convicción aquellas reformas económicas imprescindibles para garantizar nuestro futuro en el largo plazo. Hoy argumentaré que, sin una eficaz remodelación de nuestro sistema político, es igualmente difícil que los ciudadanos acepten algunas de estas reformas económicas. El motivo es simple: para realizar cambios profundos que pudieran implicar algunas renuncias para algunos segmentos de la población, es conveniente disponer de una elevada dosis de legitimidad

La cuestión de la legitimidad del poder ha sido objeto de discusión permanente en la historia del pensamiento. Aunque la esencia del Estado pueda consistir en el monopolio de la violencia, el poder no puede basarse permanentemente en el mero uso de la fuerza: debe disfrutar de un cierto grado de aceptación por parte de los ciudadanos. Tal como señalaba Rousseau, “el más poderoso nunca es lo suficientemente fuerte como para prevalecer siempre, a no ser que transforme su fuerza en derecho y la obediencia en deber”. 

La legitimidad, concepto que trasciende el mero apoyo a un partido o gobierno, aparece cuando los ciudadanos consideran que la autoridad se ejerce de manera correcta o justa, de acuerdo con las ideas y valores imperantes. De este modo, la gente cumpliría las reglas o normas, no por interés o temor al castigo, sino por convicción. Por su propia naturaleza, la legitimidad constituye un capital que los gobernantes van acrecentando o perdiendo, en función de sus acciones. Y puede permitir que los ciudadanos acepten decisiones que van en contra de sus intereses inmediatos si éstos consideran que el poder actúa generalmente de manera limpia y justa. 

En la actualidad, los estudios señalan que no basta la elección por sufragio para gozar de  legitimidad suficiente. Para obtenerla, los ciudadanos deben percibir que a) los gobiernos ejercen el poder de acuerdo con las leyes, normas y costumbres vigentes, de manera que sus acciones sean fiables y previsibles, b) los gobernantes ajustan su comportamiento a los valores sociales prevalecientes c) la acción del Estado es eficaz y, por tanto, fomenta el bienestar de la sociedad. A nadie se le escapa que muchos gobernantes intentan conseguir dosis de legitimidad de manera indirecta, cambiando la percepción o los valores vigentes a través de la propaganda o el control de los medios de comunicación pero esta vía tiene, a la larga, una eficacia limitada. 

¿Poseen nuestros políticos la legitimidad suficiente a los ojos de los ciudadanos? Si bien este concepto es difícil de medir, una señal alarmante es que, según los Barómetros del CIS, en los últimos 10 años la confianza conjunta de los ciudadanos en Gobierno y Oposición ha caído en 21 puntos: de 53,8 a 32,4. Careciendo de credibilidad suficiente, las autoridades pueden afrontar graves dificultades al tomar decisiones impopulares, pero necesarias, corriendo el riesgo de resistencia y violencia.

No puede sorprender la pérdida de legitimidad de nuestras instituciones a los ojos de los ciudadanos cuando el ejercicio del poder no ha resultado precisamente constructivo ni ejemplar. Al tiempo que se iban desmontando la mayor parte de los mecanismos de control del poder, hemos podido presenciar demasiadas apaños y componendas con la legalidad, hasta el punto de casi convertir al Tribunal Constitucional en una parodia de sí mismo. Se ha ido creando una maraña de normas y regulaciones, especialmente autonómicas, imposibles de cumplir, que conducían al abuso y a una muy extendida corrupción. Hemos asistido a cambios en las reglas del juego dirigidos a favorecer intereses particulares, olvidando que las concesiones, dádivas, regalos o privilegios a ciertos grupos crean apoyo pero restan legitimidad, pues son una evidente señal de arbitrariedad. Y hemos sufrido un sistema perverso de selección de los políticos por el que puestos clave del Estado han sido ocupados por personas que no reúnen, ni de lejos, las cualificaciones necesarias para llevar a cabo dignamente tan alta responsabilidad. 

Un régimen escaso de credibilidad tiende a producir gobiernos débiles e incapaces de tomar decisiones importantes. Para aplicar las reformas económicas, y sobreponerse a la reacción de los grupos de presión, los políticos deben recuperar legitimidad mediante una reforma política profunda que restaure en España los principios fundamentales de la democracia clásica: separación de poderes, instituciones no partidistas y mecanismos de control del poder. Se trata de garantizar, de una vez y para siempre, que el Estado actuará de manera objetiva e impersonal, en lugar de constituir una red de intereses de grupos o partidos y que las leyes serán estables, sencillas de cumplir y aplicables de forma universal y neutral a cada uno de los individuos, con independencia de su posición social o política.

Sólo una ganancia de legitimidad puede compensar eficaz y pacíficamente los traumas de una reforma económica y llevar a la ciudadanía al convencimiento de que, aunque dolorosas, las decisiones son justas e imprescindibles en el largo plazo. Resulta muy difícil pedir a los demás ciertas renuncias sin abandonar antes los propios privilegios. Y muy complicado solicitar algunos sacrificios (y no digamos ya “sangre, sudor y lágrimas”) sin tener, ni de lejos, la talla de un Winston Churchill.


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